La causa de la crisis de inseguridad en el estado son la impunidad y la corrupción. EL 95 por ciento de quienes cometen delitos permanecen sin castigo. Ha crecido el índice delictivo en 22 áreas que van desde asaltos, robos (casa y vehículos), fraudes, secuestros, homicidios, violaciones, lesiones, extorsiones, entre otros y quienes son detenidos, consignados y sentenciados son una cantidad mínima.
El incremento de penas en nada ayuda a prevenir el delito cuando quien lo comete no recibe el castigo. Lo fundamental es abatir la impunidad no aumentar las penas. La nula atención para combatir los delitos del fuero común indica la crisis del sistema de procuración de justicia y de seguridad ciudadana.
Las “ejecuciones” y los “levantones”: hasta mediados del mes de diciembre se contabilizaron 330 ejecuciones extrajudiciales en lo que ya es el año más violento en décadas en Morelos.
El término “levantón” encubre el delito de desaparición forzada porque este implica responsabilidad del Estado por acción u omisión.
La criminalización de la protesta social: la descalificación del derecho a protestar y la cerrazón a resolver graves conflictos sociales, sindicales, ambientales y políticos ha sido la tónica del gobierno que sólo ha agudizado conflictos como el de la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del centro por los ataques al SME, el de la zona del Texcal, el del agua entre Hueyapan y Tetela, para mencionar algunos.
La falta de capacitación de jueces y personal que administran justicia: con el nuevo sistema de impartición de justicia, juicios orales, vemos la cara más clara de la impunidad porque los fiscales no están suficientemente preparados para sustentar sus acusaciones, sujetar a proceso y tener una sentencia que lleve al delincuente a tener un castigo, así hemos sido testigos de la forma en que violadores, homicidas, quedan en libertad por “falta de pruebas”.
El silencio cómplice de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos: ante la violación a los derechos humanos de las y los habitantes de Morelos, la postura asumida por este organismo deja mucho que desear. Ante las violaciones al derecho humano a la paz de todas y todos los que viven en Morelos, de nueva cuenta el silencio es la respuesta.
La falta de atención a las denuncias hechas por delitos cometidos por policías y/o militares: los casos denunciados se pretenden llevar a la justicia militar, en la que se es juez y parte y en la que nunca los civiles alcanzan justicia, por el contrario, lo que obtienen es persecución, hostigamiento, acusaciones de todo tipo.
Los cateos ilegales: la policía federal y los militares han hecho de los cateos una práctica común, sin que medie una orden, mucho menos una denuncia formal, bajo el argumento de “una llamada anónima”, se introducen a los domicilios, roban, abusan de las personas que ahí encuentran, los detienen y presentan, golpeados, a los medios de comunicación. La denuncia de los afectados nunca tiene éxito, la impunidad los protege, el estado, también.
Las detenciones ilegales: cuando el nuevo sistema de justicia en Morelos, tiene como eje la presunción de inocencia, las detenciones ilegales siguen siendo regulares, primero te detengo, después busco por qué te detuve.
La militarización del estado: la vida de las y los habitantes de Morelos ha tomado una nueva cara, se ha vestido de olivo.
La vida cotidiana de las personas en Morelos, se ha militarizado, ahora es común ver a los militares en todos lados, haciendo labores policiacas o vigilando edificios públicos, cateando domicilio o presentando a presuntos delincuentes, arribando en operativos impresionantes y disparando a diestra y siniestra sin que le importe la población civil, recordemos los hechos de los limoneros y de altitud.
Ataques a la libertad de expresión y amenazas a periodistas y defensores y defensoras: En un ambiente crispado por la violencia e inseguridad, quienes sufren en primer lugar son quienes transmiten la realidad, quienes ejercen el periodismo. Amenazas telefónicas y electrónicas, intimidaciones en retenes, hostigamiento y represión laboral, han ido en aumento, lo que hace más difícil ejercer una ya de por si peligrosa profesión.
Y en segundo lugar la libertad de expresión, y lo ponemos en ese orden por que en primer término el derecho la seguridad de las y los periodistas es básico, aunque también la libertad de expresión debe ser protegido.
La defensa de los derechos humanos está consagrada en la declaración aprobada por la ONU en consonancia con esta Declaración Universal, sin embargo, diversas autoridades bloquean, limitan, obstaculizan la labor de defensa de los derechos humanos y se han presentado casos graves de intimidación y hostigamiento a quienes tienen como ocupación la defensa de estos derechos.
Pese a este sombrío panorama en el año 2010 que termina, mujeres y hombres, defensoras y defensores de los derechos humanos, seguimos comprometidos en hacer de la justicia y el respeto a la dignidad de todas y de todos los seres humanos una realidad en Morelos.
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