Edgar Gonzalex Ruiz - Contralinea
Carlos Fernández-Vega / México SA
cambio profundoen México.
Es el mayor recorte de personal entre 99 tipos de servicios privados, reporta el Inegiservicios profesionales, científicos y técnicos, revelan cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
eficiente fábrica de pobresen México. De hecho, la indebida utilización del salario mínimo como ancla inflacionaria ha degradado los niveles de ingreso y bienestar de la gran mayoría de los trabajadores.
Resultados de un estudio realizado por el instituto, dice César Martínez Baranda
Una semana agitada vivió el Valle de San Quintín, al sur de Ensenada, en el norte de Baja California. Un paro de jornaleros agrícolas derivó el martes 17 en bloqueos carreteros y saqueos. Las autoridades respondieron la madrugada del miércoles 18 con detenciones masivas y –en algunos casos– arbitrarias. Y la situación llegó a un punto muerto, con una mesa de diálogo que no ha dado resultados. Los trabajadores exigen respeto a sus derechos laborales, seguridad social, prestaciones de ley y fin del acoso sexual por parte de mayordomos y patrones. Proceso publica la cobertura noticiosa realizada por el semanario Zeta de Tijuana.
Por su trabajo, el Valle de San Quintín es una de las zonas económicas más dinámicas
Si le apuestan a la masacre también habrá muertes de su lado
también habrá muertos por el lado del gobierno. Una caravana de familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, arribó a Pachuca la medianoche del viernes. El sábado encabezaron marchas y reuniones informativas en Tula de Allende y Tulancingo.
Los operativos de Washington para introducir armas a México, con el propósito de desmantelar a las organizaciones encargadas de traficarlas, eran del conocimiento y tenían la colaboración de la administración calderonista. No obstante, los fusiles siempre acababan en manos de la delincuencia organizada mexicana, sin afectar sus redes de trasiego. Una investigación en Estados Unidos apunta a la complicidad de varios altos funcionarios del sexenio pasado en esa actividad ilícita –dos de ellos ahora son ministros de la Corte: Eduardo Medina Mora y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena–, de modo que no es posible creer que Felipe Calderón desconociera los hechos.
En lo que va del actual sexenio, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó 174 denuncias ante la PGR tras detectar operaciones en el sector financiero con recursos de procedencia ilícita, por más de 91 mil millones de pesos, descubre la respuesta de la Secretaría de Hacienda a una solicitud de información presentada por Contralínea. En ese mismo lapso, se logró el aseguramiento de 1 mil 800 millones de pesos que habían sido lavados en el sistema, revela en entrevista el director de la Unidad de Implementación de Controles de Lavado de Dinero de la SHCP, Alberto Elías Beltrán.
Contratista y amigo de Enrique Peña Nieto, Gabino Fraga ofrece asesorías legales a empresas para venderle proyectos al gobierno federal; lo malo es que también es delegado fiduciario de Banobras. Esto hace pensar que no hizo por desconocimiento las presuntas maniobras irregulares que se investigan en España; además, es inevitable recordar que su empresa, el Grupo de Abogacía Profesional, se involucró en el presunto financiamiento ilegal de la campaña presidencial priista en 2012, el monexgate.
Pan, trabajo, techo y dignidad, las reivindicaciones
Madrid.- A pesar de la lluvia y del intenso frío, decenas de miles de personas se manifestaron este sábado en Madrid bajo la convocatoria de las Marchas de la Dignidad, que reúne a unas 300 organizaciones y sindicatos que representan a los sectores más golpeados por la crisis económica.
Con el acostumbrado sello de la impunidad, la reforma constitucional a las telecomunicaciones, publicada el 11 de junio de 2013, terminó por ignorar en el Congreso de la Unión las observaciones hechas en 2012 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde el órgano supervisor denunció que la licitación de los más de 20 mil kilómetros de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a favor del consorcio formado por Televisa, Megacable y Telefónica, en el gobierno de Felipe Calderón, representó una pérdida de 4 mil 448 millones de pesos a las arcas públicas, pues tales empresas sólo pagaron 883 millones de pesos por una red que hubiera generado seis veces más recursos si hubiera quedado en propiedad de la ahora empresa productiva del Estado.
