7 julio 2018 | Martín Esparza Flores | Siempre!
Los resultados electorales del primero de julio son el espejo donde se mira el fracaso de la política neoliberal implantada por la tecnocracia hace más de tres décadas que devastó por igual la economía y el nivel de vida de millones de hogares mexicanos, como también el derecho de las comunidades indígenas y campesinas a defender sus territorios y riquezas naturales, criminalizando por todo el territorio nacional la protesta social de sindicatos independientes y organizaciones civiles.
Los atropellos acumulados por la inexistencia de un justo e imparcial Estado de derecho se reflejaron de manera contundente en las urnas; una sociedad agraviada salió como nunca en la historia contemporánea a expresar con su voto su desaprobación a un modelo político y económico que solo ha dejado pobreza y marginación a su paso. Datos de organismos como el Coneval hablan de que uno de cada dos mexicanos es pobre.
Las cifras resultantes de la ejemplar jornada cívica donde al decadente régimen no le alcanzaron ni funcionaron sus mapacherías electorales de antaño, hablan de un abrumador apoyo popular y establecen una importante coyuntura para que los movimientos sociales levanten la mano y planteen que sus demandas sean atendidas por el próximo gobierno.
Los diversos sectores de la sociedad votaron por la esperanza de que se ponga fin a problemas de inseguridad, gasolinazos, alzas indiscriminadas a las tarifas eléctricas y gas doméstico, al desempleo, precariedad laboral y bajos salarios, que afectan lo mismo a habitantes de la ciudad que de las zonas rurales.
En entidades de tradición panista o priísta como Baja California, la lucha social por la defensa del agua y de los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, por ejemplo, marcó un parteaguas en la historia política de aquella entidad: los partidos tradicionales no ganaron una sola de las diputaciones federales en disputa.
Pero ese voto masivo fue también en la justa exigencia a que se aclare al país asuntos pendientes como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los conflictos indígenas derivados de los megaproyectos mineros y energéticos de diversas empresas privadas, tantos nacionales como extranjeras; las protestas reprimidas de los maestros democráticos que se han opuesto a la reforma educativa, la lucha de los mineros exigiendo respeto a sus derechos laborales y el incumplimiento de acuerdos con gremios agredidos y despojados de sus fuentes de empleo por el desmantelamiento de la industria eléctrica, como el caso del SME.
El pueblo terminó cobrando la factura a los gobiernos neoliberales que le dieron la espalda y ahora las clases trabajadora, indígena y campesina esperan la tan anhelada justicia que les fue negada por la tecnocracia para favorecer a un reducido grupo de empresarios y trasnacionales. Se votó masivamente por un cambio y tras los festejos es hora de sentarse a la mesa para redireccionar el modelo económico y las políticas públicas a favor de las mayorías. Es lo justo.
