31 marzo 2018 | Martín Esparza Flores | Contralínea
Derivada del Pacto por México, el acuerdo partidista que al inicio del sexenio marcó el derrotero de las reformas estructurales, la reforma política aprobada en 2014 ha representado una absoluta violación a los derechos civiles y políticos fundamentales, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, al dejar en manos de once consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) la decisión de negar o aprobar el derecho de los ciudadanos a contener por la presidencia y otros cargos de elección popular.
Al cambiar su denominación de IFE por INE, como parte de la reforma política, la composición del organismo siguió quedando en poder de una amafiada partidocracia que tiene en sus manos la aprobación de los consejeros en la Cámara de Diputados.
Como siempre, los ciudadanos vieron reducida su injerencia para operar las casillas y contar los votos el día de la elección, pero impedidos para ser votados como marca la Constitución por las trampas y artimañas montadas por una clase política que, en contrasentido con el avance de la democracia, introdujo en la reforma la legalizada reelección de diputados, senadores y alcaldes hasta por doce años.
La autonomía que presume el organismo ha servido para crear un Estado de excepción y privilegios de esta “casta divina” que sangra millonarios recursos al presupuesto, en aras de una imperfecta y cuestionable democracia. Para este año los diputados le aprobaron a sus “socios” electorales 24 mil 215 millones de pesos, de los cuales 6 mil 700 serán entregados como prerrogativas a los partidos políticos, los otros 17 mil 515 serán destinados a sus gastos operativos y al pago de los sueldos de cada consejero estimados en unos 236 mil pesos mensuales.
El pasado año y tras los exacerbados ánimos sociales por el gasolinazo, los consejeros dieron marcha atrás a su proyecto de construir un lujoso edificio de 17 pisos valuado en mil 500 millones de pesos; obra a la que la Auditoría Superior de la Federación detectó en su proyecto irregularidades tales como una indebida adjudicación directa y costos irregulares.
Un costo altísimo por negar a un ciudadano su participación por no alcanzar las firmas establecidas en sus trampeados requisitos; es indudable que los mexicanos deben preguntarse si vale la pena sostener una estructura electoral a un precio tan elevado que ni siquiera garantiza imparcialidad y transparencia en los comicios. Al cerrar la puerta a candidaturas como la de Marichuy Patricio, vocera del Congreso Nacional Indígena, los consejeros del INE cerraron la puerta a la legítima expresión política de un sector marginado por décadas, como los pueblos originarios y de los que su consejero presidente, Lorenzo Córdova, hizo mofa en mayo de 2015, en la persona del representante indígena, Hipólito Arriaga Pote
Un INE costoso y al servicio de los partidos en el poder, cuyos integrantes no son avalados por la ciudadanía, debe desaparecer porque se ha convertido en el principal obstáculo para el avance de una verdadera democracia en el país donde se respeten los derechos civiles y políticos de todos. Los mexicanos deben exigir que se derogue una Reforma Política que en el nuevo milenio alienta la reelección por la que se alzó en armas el pueblo en 1910. Ese sistema antidemocrático que eternizó en el poder al dictador Porfirio Díaz y ahora pretende afianzar a una clase política enquistada en el poder desde hace décadas.
