31 diciembre 2017 | Jenaro Villamil | Proceso
Durante cinco años el presidente Peña Nieto sostuvo a Gerardo Ruiz Esparza en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin importarle los insistentes señalamientos de favoritismo en la asignación de contratos y su negligencia ante tragedias como la del socavón que se abrió en el Paso Exprés de Cuernavaca. Y aunque la Secretaría de la Función Pública está por dar su dictamen sobre las responsabilidades en este caso, lo más probable es que el secretario salte a una candidatura por el PRI y deje a la SCT hundida en las anomalías que él propició.
En los primeros días del 2018, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dará a conocer el resultado final de las observaciones sobre las irregularidades en el Paso Exprés de Cuernavaca, el más reciente escándalo que involucró al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a raíz del fallecimiento de Juan Mena López, de 56 años, y de su hijo, Juan Mena Romero, de 36 años, atrapados en el socavón de 7 metros que se abrió el 12 de julio pasado.
Cuando se dé a conocer este dictamen final, es muy probable que el inamovible titular de la SCT durante este sexenio haya renunciado para buscar una candidatura a diputado federal, por el PRI, o retorne a la administración del gobierno del Estado de México, a colaborar con Alfredo del Mazo Maza, hijo del ex gobernador que fue el primer jefe político de Ruiz Esparza.
El principal problema del último socavón de Ruiz Esparza, es la ausencia de un plan ejecutivo definitivo para el Paso Exprés concesionado a las empresas Aldesem y Epccor y una serie de sobrecostos que provocaron que esta obra, contratada originalmente por 1 mil 045 millones de pesos por la SCT, terminara costando 2 mil 300 millones de pesos -más del doble-, según la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) y 1 mil 978 millones de pesos, de acuerdo a los contratos auditados por la SFP.
El 12 de septiembre pasado, la SFP adelantó que había detectado alrededor de 22 irregularidades que apuntaban a responsabilidades de los funcionarios medios de la Dirección General de Desarrollo Carretero, a la Dirección General de Carreteras y, sobre todo, de la Dirección General del Centro de la SCT en Morelos. Ninguna involucraba directamente al propio Ruiz Esparza.
El cúmulo de irregularidades detectadas por la SFP incluían fallas en los procedimientos de licitación de adjudicación de 4 de los 13 contratos que contempló la obra, un sobrecosto de 71.78 por ciento (647 millones de pesos más), incumplimiento en el programa, falta de planeación y programación de la obra, deficiente supervisión y coordinación de la obra, así como omisiones frente a las recomendaciones técnicas realizadas por distintas instancias de la propia SCT durante la ejecución de los trabajos en el kilómetro 93 + 857 del Paso Exprés.
Como documentó Proceso, los peritos Humberto Marengo, Héctor Manuel Valverde y Mario Rodríguez Rodríguez exhibieron la negligencia de la SCT porque en el mismo kilómetro donde se abrió el socavón el 12 de julio ocurrió un incidente similar el 14 de octubre de 2016, sin que se tomaran las medidas adecuadas.
El incidente fue reportado por la propia Policía Federal como un “socavón” y se localizó exactamente en el kilómetro 93 + 857. “Circulen con precaución. Socavón en el referido kilómetro, a la altura del plantel educativo Conalep en Cuernavaca”, alertó la propia PF en su cuenta de Twitter.
Los peritos destacaron que “durante el mes de octubre de 2016 se presentó un deslizamiento del talud de la carretera cuando estaba en su proceso constructivo, el cual se deslizó parcialmente ante la presencia de fuertes lluvias. Existe la posibilidad que al restablecer el terraplén se haya dislocado la tubería por la maquinaria utilizada para la reposición del mismo, sin embargo, no hay evidencia que pudiera sustentar lo anterior. En nuestra opinión, debe hacerse también un peritaje específico para aclarar esto”.
La SCT ignoró este dictamen de los peritos y Ruiz Esparza no mencionó el caso del socavón anterior de octubre de 2016 en su informe de 19 cuartillas, enviado al Senado de la República, en vísperas de su comparecencia el 22 de agosto.
En aquella ocasión, por tercera vez en el sexenio, senadores del PT y de Morena le demandaron a Ruiz Esparza su renuncia, y por tercera vez el antiguo colaborador del peñismo desde el Estado de México se negó a dejar el cargo, a pesar del antecedente de la irregular licitación del tren rápido México-Querétaro, que benefició a Grupo HIGA, y del escándalo sobre los presuntos sobornos y sobrecostos de las obras de OHL, ambos detonados a finales de 2014 y a principios de 2016, respectivamente.
Por tercera vez, Ruiz Esparza descartó la posibilidad de renunciar porque no se trata de un “sacrificio político”. “Lo más importante aquí no es que haya un responsable político. Es que haya un culpable si hubo omisiones, si hubo errores, que sean los culpables los que le hagan frente a este tema y no dejar esto resuelto con un sacrificio político”, advirtió el funcionario.
En el colmo de la excusa, para eximirse de cualquier responsabilidad, el titular de la SCT dijo en esa ocasión: “la secretaría no hace obras, se contrata a empresas”.
En noviembre pasado, la misma SFP informó que la SCT sólo había solventado 12 de las 22 irregularidades señaladas precisamente en la contratación de la obra del Paso Exprés que le costó más de 2 mil millones de pesos al erario federal.
El Cúmulo de Irregularidades
Entre esas irregularidades documentadas por la SFP se basa en el análisis de los cuatro contratos por un total de 1 mil 978 millones de pesos que realizó la SCT para la “ampliación del libramiento de Cuernavaca (Paso Exprés) por 1 mil 548 millones de pesos; para la coordinación del proyecto de ampliación por un total de 54 millones 146 mil pesos; para la supervisión de “obras realizadas por terceros” por un total de 47 millones 295 mil pesos; y para la “verificación de calidad de los trabajos relativos” al Paso Exprés por 8 millones 948 mil pesos.
La primera gran irregularidad es que hubo una “inadecuada planeación y programación de la obra” que derivó en que “el proyecto ejecutivo firmado por Banobras y ORVA Ingeniería S.A. de C.V., en enero de 2015, fue posterior al procedimiento de licitación, realizado del 16 de octubre al 24 de noviembre de 2014”.
“Se concluye que el procedimiento de licitación se llevó a cabo sin contar con el proyecto ejecutivo autorizado, con el que se generó un presupuesto, presentado por la Dirección General de Carreteras, que resultó deficiente, al existir variaciones que derivaron en la elaboración de tres convenios que representan un incremento al monto por 647 millones 199 mil pesos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), equivalente al 71.78 por ciento en monto, y al plazo de 177 días, equivalente al 24.25 por ciento, respeto del contrato original”, apuntó la SFP.
La segunda irregularidad es que el consorcio formado por Construcciones Aldesem y Eppcor “concluyó los trabajos tres meses previos a la fecha convenida, por un importe de 230 millones 629 mil pesos”.
Otra grave irregularidad fue la ejecución de trabajos sin comprobación documental cuyo monto total ascienden a 197 millones 737 mil pesos, así como 194 cantidades de trabajo y conceptos de trabajo no previstos en el “catálogo original del contrato” que fueron estimados sin estar autorizados en dicho convenio y cuyo total ascendió a 449 millones 470 mil pesos.
Hubo un “convenio modificatorio improcedente” en la realización de la obra que “representó un incremento en monto del 62.9 por ciento”.
El Centro SCT-Morelos realizó “pagos en exceso por precios unitarios extraordinarios mal integrados de 116 millones 807 mil pesos”. La SFP recomendó que se reintegren los intereses generados de los pagos en exceso y elaboren una nueva matriz de cada precio unitario para pagar los trabajos efectivamente ejecutados.
