10 diciembre 2017 | Jenaro Villamil | Proceso
Ignorando a organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; haciendo a un lado los reclamos de toda suerte de agrupaciones civiles, instancias gubernamentales y reputados juristas nacionales y extranjeros; despreciando a legisladores de la oposición, así como a ciudadanos recientemente galardonados con la Medalla Belisario Domínguez y el Premio Nacional de Derechos Humanos, el Senado se apresta a dar un “Guadalupanazo” con la aprobación de la repudiada Ley de Seguridad Interior. Las presiones para que esto ocurra antes del viernes 15 se dejaron sentir la semana pasada desde Los Pinos, la Sedena y la Semar.
CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- La semana pasada se intensificó en el Senado el cabildeo de los gobernadores del PRI y el PAN, así como la presión directa desde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Los Pinos para que la Ley de Seguridad Interior —aprobada el 30 de noviembre en San Lázaro— sea dictaminada sin cambios y votada a favor por el pleno de los senadores antes del viernes 15.
"Nos van dar el guadalupanazo, como con la reforma energética”, advirtió la senadora Dolores Padierna en alusión al 12 de diciembre de 2013, cuando sus pares aprobaron los cambios constitucionales para permitir la inversión extranjera en la producción y extracción de petróleo.
Pese a la oposición generalizada a esta ley, las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda, convocaron para el martes 12, a las nueve de la mañana, a una sesión para dictaminar.
De última hora, el viernes 8 por la tarde, el presidente Enrique Peña Nieto hizo "un llamado al propio Senado” para que "amplíe los espacios de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil (para) poder escuchar todas las voces”.
Momentos antes, al recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos y delante de Peña Nieto, el activista Miguel Álvarez Gándara fue muy duro con la ley porque, dijo, "representa una reafirmación de la estrategia de seguridad que no funciona”. Y sentenció, en medio del aplauso generalizado: "Esta ley no debe prosperar.”
La misma bióloga e investigadora Julia Carabias, al recibir la Medalla Belisario Domínguez el miércoles 6 en la casona de Xicoténcatl en sesión solemne, urgió a los senadores a realizar un diálogo "profundo e incluyente” con todos los sectores sociales. Peña Nieto se quedó callado ante este exhorto de quien fuera secretaria de Estado durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
La oposición a la ley ha sido prácticamente generalizada, salvo gobernadores, alcaldes o columnistas cercanos al gobierno que la apoyan, ignorando los rasgos anticonstitucionales ampliamente expuestos en todos los documentos de especialistas en derecho.
AUTOGOLPE MILITAR
El colectivo "Seguridad sin Guerra”, formado por 270 organizaciones civiles, se presentó el martes 5 en el Senado para argumentar en contra de esta ley ante la Junta de Coordinación Política. La analista Denise Dresser acusó a "un manojo” de senadores del PRI, Verde y "los llamados rebeldes del PAN” de preparar "el equivalente a un autogolpe militar”. Ese mismo día, a las afueras del recinto del Senado, cientos de activistas y seguidores de Gerardo Fernández Noroña bloquearon los accesos al edificio de Insurgentes y avenida Reforma para protestar contra la ley.
El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, se enfrentó en sesión pública del Senado al general Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, y demandó que no se apruebe la iniciativa.
"Entendemos que hoy por hoy la situación de seguridad es tan compleja que no se puede retirar a las Fuerzas Armadas de inmediato, pero no se puede aceptar la lógica poco racional de que el paradigma militar iniciado sin apoyo en la ley necesita legalizarse precisamente por su falta de éxito”, reprochó Jarab.
El general Ramos Flores le contestó, como si fuera vocero de los senadores, que "la ley categóricamente dice que las Fuerzas Armadas podrían ser empleadas como último recurso”. Y cuestionó: "¿De dónde resulta ahora la expresión de que la ley está previendo que se queden para siempre las Fuerzas Armadas?”
También han sido desestimadas las observaciones de la Coparmex, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de colectivos de abogados y especialistas en derecho, y hasta de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
El jueves 7, el panista Roberto Gil Zuarth prácticamente humilló al comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña, quien acudió a la Junta de Coordinación Política del Senado para argumentar en contra del artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior que clasifica como "de seguridad nacional” la información que se genere con motivo de la aplicación de la ley y la reserva hasta por 20 años.
Gil Zuarth negó que la Ley de Seguridad Interior desplace al régimen jurídico de transparencia porque lo aprobado en la Cámara de Diputados "no es un islote ajeno, aislado, desprendido del sistema jurídico mexicano” y tampoco desplaza la aplicación de otras normas.
Débil, intimidado por Gil Zuarth y también por el general Ramos Flores presente en la reunión, Acuña aceptó que la posición del Inai se subsanaría si "en el exordio o en la exposición de motivos sería francamente conveniente, aunque fuera tautológico”, se dijera que no afectaba el principio de máxima publicidad.
"Yo creo que con eso se atendería, y mucho, la preocupación que a nosotros nos hace venir hoy aquí”, remató el comisionado presidente del Inai, para sorpresa de los reporteros presentes.
Su afirmación provocó que un grupo de senadores opositores a la ley le demandaran al instituto aclarar su posición y expresaron su "extrañeza” ante la "aquiescencia” de Acuña. El comunicado fue firmado por los senadores panistas Laura Rojas, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, así como por Alejandro Encinas, independiente, y por Zoé Robledo, del bloque PT-Morena.
Al cabildeo y a la presión pública también se incorporó el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, quien rechazó que esta ley se traduzca en una militarización del país. El ex priísta y ahora mandatario por la coalición PAN-PRD defendió el nuevo ordenamiento ante los secretarios de Defensa, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Soberón. Yunes ha presionado a senadores panistas de Veracruz y otras entidades para que apoyen la ley.
El propio Gil Zuarth viajó a Tamaulipas para sostener una reunión con el gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a fin de convencerlo de que respalde también esta nueva ley, aun cuando la presencia de soldados y marinos en funciones policiacas no ha logrado frenar el incremento de la violencia en esta entidad.
Durante la reunión que sostuvieron los representantes del colectivo "Seguridad Sin Guerra” con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo; con la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz; con el coordinador del PRD, Luis Sánchez, y con el senador Ernesto Gándara Camou, también del PRI, no se definió ningún mecanismo de diálogo o consulta.
Herrera Anzaldo, del PRI, les comentó a los representantes ciudadanos que también van a escuchar a gobernadores, presidentes municipales y otras autoridades que "están a favor” de la Ley de Seguridad Interior.
JURISTAS EN CONTRA
El último pronunciamiento, firmado el viernes 8 por más de 40 doctores y doctoras en derecho de la UNAM, El Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Anáhuac y la Facultad latinoamericana de Ciencias Sociales, es un duro reproche al dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, pues, dicen, viola los artículos 1, 8, 21, 29, 73 y 129 constitucionales.
