7 octubre 2017 | Martín Esparza Flores | Siempre!
Cooptados por su mundo de privilegios y desprovistos del menor sentido de la justicia social, los ministros de la Suprema Corte volvieron a emitir una más de sus resoluciones en contra de los derechos humanos y laborales de los miles de maestros de todo el país al revocar el amparo emitido a su favor por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, que anulaba la separación del cargo por tres ausencias involuntarias, una de las tantas medidas restrictivas englobadas en la Ley General del Servicio Profesional Docente, engendro de la Reforma Educativa.
Siguiendo la misma ruta del atropello jurídico de que fue objeto el SME el 31 de enero de 2013, cuando los representantes del que debería ser el más alto e íntegro órgano de justicia del país, también revocaron la sentencia otorgada a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo, el 13 de septiembre de 2012, en que se mantenía vigente el Contrato Colectivo de los 16,599 trabajadores en resistencia y se reconocía la existencia de un patrón sustituto en la figura de la CFE, ahora son los mentores los afectados en las decisiones por consigna de los ministros.
El periplo de la lucha emprendida por el magisterio del país en la defensa de sus derechos y conquistas laborales empezó contra la autoritaria evaluación que nunca tomó en cuenta las condiciones de marginación y bajos salarios que enfrentan los miles de maestros en las zonas rurales y los rincones más apartados del país, a los que se les exigió escribir informes, estudiar para exámenes cuando el tiempo apenas y les alcanza para colaborar en el sostenimiento de las magras infraestructuras educativas, diseñar estrategias para abatir el rezago hablando con los padres de familia y diseñar y aplicar exámenes finales, sacrificando incluso el tiempo con sus hijos.
Por eso, la reciente decisión de los ministros tiene un tufo fascista pues bajo la excusa de no permitir el ausentismo laboral y en cumplimiento de la llamada “normalidad mínima” se busca amedrentar la lucha de los profesores por la defensa de sus derechos; por ejemplo, el Acuerdo 717 ha resultado a todas luces anticonstitucional pues en el marco de la reforma establece que “todas las escuelas y todos los docentes deben brindar el servicio todos los días del ciclo escolar” con lo cual queda anulado el derecho a huelga y a la libre manifestación de sus ideas, a través de las movilizaciones. Nada de esto fue considerado en el alto tribunal.
El país entero debe preguntarse si no habrá llegado el momento de analizar la manera antidemocrática en que los ministros son designados a propuesta de los presidentes en turno y avalados por el Senado, sin ninguna independencia para normar sus criterios jurídicos, razón por la cual no les ha importado dejar en la indefensión legal a miles de maestros que a causa de los sismos y huracanes perdieron su patrimonio y ahora hasta su empleo.
Con una Suprema Corte de esta naturaleza la justicia nunca llegará a los trabajadores y a los que menos tienen. A México le urge un alto tribunal que defienda los intereses de un pueblo reprimido y explotado y no los de una clase política a la que sus integrantes deben el cargo. Ya mucho daño han causado en su complicidad con el poder estos ministros que viven rodeados de privilegios en un país muy distinto al que habitan las mayorías.
