1 octubre 2017 | José Gil Olmos | Proceso
El gobierno capitalino contaba con instrumentos con los que pudo prevenirse gran parte de los daños causados por el sismo del pasado 19 de septiembre y que fueron elaborados por la administración de Alejandro Encinas: el Servicio Geológico Metropolitano, el Atlas de Riesgo por delegación y un Protocolo de Actuación con las funciones de cada autoridad en caso de sismo. Además, en 2012 se evaluaron las violaciones a las normas de construcción en edificios de las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. El diagnóstico resultó alarmante: no se utilizaban materiales de la calidad requerida y las empresas constructoras consiguieron imponer leyes y hasta funcionarios a su conveniencia.
CIUDAD DE MEXICO (Apro).- De abajo de los 500 edificios nuevos y viejos, derribados o dañados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, comenzó a emerger la irresponsabilidad y la corrupción de autoridades de la Ciudad de México, de las delegaciones y de algunas empresas constructoras e inmobiliarias, que forman parte de una cadena de ilegalidades denunciadas desde hace años pero que nunca fueron tomadas en cuenta… hasta hoy.
Las violaciones al Reglamento de Construcción y fallas estructurales en al menos 150 edificios de las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza fueron detectadas desde 2012 por un grupo de expertos de la UNAM, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y la empresa Holcing Apasco.
En una evaluación a la que este semanario tuvo acceso, se advierte que 75% de las construcciones revisadas fueron dirigidas por personal inexperto. Los especialistas que participaron en el diagnóstico destacaron la ausencia de un registro confiable y completo de análisis y diseño sísmico de los edificios, y desde entonces, hace cinco años, pidieron al Gobierno de la Ciudad de México elaborar dicho registro.
En esa evaluación, titulada "Evaluación de estructuras de concreto en la Ciudad de México”, cuyo responsable fue el doctor Eduardo Reinoso, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y que coordinaron los doctores Miguel A. Jaimes y Marco A. Torres, ya se advertía que el desarrollador inmobiliario era "el gran ganador” en la construcción de los inmuebles, pues evadía su responsabilidad y se la achacaba al Director Responsable de Obra (DRO) o al Corresponsable en Seguridad Estructural (CSE).
Años antes, en 2006, el jefe de Gobierno Alejandro Encinas también hizo una serie de recomendaciones que entregó a la administración de Marcelo Ebrard para atender una situación de emergencia por un sismo de grandes magnitudes.
Encinas elaboró un programa de contingencia con tres instrumentos importantes: el Servicio Geológico Metropolitano, el Atlas de Riesgo por cada delegación, identificando colonias y calles de mayor peligro por el tipo de construcciones que tenían, y un Protocolo de Actuación diseñado junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, en el cual se especificaban las actuaciones de cada funcionario y cada dependencia en caso de un terremoto.
"Todo eso ya no existe y ahora hay que rehacerlo, porque en este sismo del 19 de septiembre no vimos que existiera un plan de contingencia; tampoco líneas de mando como parte de un protocolo de actuación. El Reglamento de Construcción no se respetó, y lo más grave para la ciudadanía es que se mantiene en reserva el Atlas de Riesgo que elaboramos y que se ordenó fuera público, de acuerdo con un decreto publicado en la Gaceta Oficial”, señala en entrevista el exjefe de gobierno.
SUCIEDAD INMOBILIARIA
El paisaje del centro y el sur de la Ciudad de México parece una zona bombardeada. Hay calles cerradas y hacia donde se voltee, los escombros se amontonan en las esquinas. Las tiras amarrillas y anaranjadas marcan al menos 500 edificios en alto riesgo, según información del gobierno capitalino, pero hay otros 11 mil reportados por la ciudadanía que provocan miedo porque aún carecen de peritajes completos y tienen fracturas en paredes e incluso columnas.
Diez días después del sismo, la procuraduría de la Ciudad de México tiene abiertas 85 carpetas de investigación sobre constructoras e inmobiliarias denunciadas por distintas irregularidades en la construcción de los edificios afectados, principalmente en las delegaciones Cuauhtémoc, Tlalpan y Benito Juárez.
Aunque el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, no ha querido dar los nombres de las empresas inmobiliarias que son investigadas, en indagaciones periodísticas ya han salido los nombres de algunas como Baita, Canada Building Systems México, Dijon, Inmobiliaria Porta Tlalpan, Marco Ixaguirre, Vertical Homes y Rouz.
Esta última construyó el edificio de Emperadores II, en la calle del mismo nombre en la colonia Portales, delegación Benito Juárez, gobernada durante varios años por el PAN. La recepción tiene una fractura tan abierta que se ve al otro lado. Uno de los muros en el sótano luce una grieta tan profunda que puede explorarse con los dedos y los departamentos tienen fisuras diagonales en los principales muros.
El edificio con 18 departamentos fue construido hace cinco años por la empresa Rouz, que ha sido investigada por sus vínculos con Jorge Romero, exdelegado del PAN en la Benito Juárez y hoy diputado de la Asamblea Legislativa. Cada departamento costó 1.5 millones de pesos. Según algunos vecinos, el abogado de la constructora les dijo que no se hará responsable de los daños en la construcción.
Sin embargo, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Rogelio Cerda, aseguró que, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley Federal en la materia, las constructoras tienen la obligación de realizar las reparaciones de los inmuebles afectados y cuya construcción haya concluido en los últimos cinco años.
La industria inmobiliaria de México es una de las más prósperas en América Latina. Datos de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) —que agrupa a 76 de las empresas más importantes del ramo— indican que la inversión del sector este año es de 32 mil millones de dólares con impacto en 48 áreas inmobiliarias y la generación de 200 mil empleos. Son los principales constructores en la Ciudad de México, pues han edificado más de 14 millones de metros cuadrados de vivienda.
La ingeniera civil Aurora Picazo Ramírez, quien fue directora general de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación Venustiano Carranza de 2012 a 2016, señala que la responsabilidad en los errores de la construcción no sólo recae en el Gobierno de la Ciudad de México, que ha sido permeable a la corrupción, sino también en las inmobiliarias que han presionado para que las leyes cambien a su conveniencia, o corrompen autoridades para que sus proyectos sean aprobados sin cumplir el Reglamento de Construcción.
Además, son corresponsables porque controlan a los DRO, facultados para avalar que una obra está bien hecha y segura.
Puntualiza Picazo: "La ADI está integrada por los desarrolladores más fuertes, son los que concentran la mayor inversión inmobiliaria y los que desarrollaron en Benito Juárez a este nivel de enloquecimiento y falta de servicios. Ese es un gran problema: no se pueden hacer leyes al gusto del sector empresarial. El gobierno debe cumplir con su obligación de regular la actividad empresarial”.
LAS ADVERTENCIAS
En febrero de 2012 el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y Holcing Apasco elaboraron un estudio de estructuras de concreto de viviendas construidas a partir de 2004 en las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Realizaron mil visitas a estructuras, una inspección de banqueta de 150 edificios de manera aleatoria y seleccionaron 20 para una revisión técnica.
Los resultados se entregaron a las autoridades capitalinas para que tomaran las medidas pertinentes, pues 75% de las edificaciones presentaban irregularidades o ilegalidades. Además, la información técnica sobre la edificación "prácticamente en ningún caso es útil y completa para verificar el análisis y diseño del edificio”.
El estudio apunta que en general son profesionistas que no tienen seguro de responsabilidad civil y en su mayoría son de bajo perfil, con bajos sueldos y "muchos no podrán hacer frente a su responsabilidad en caso de daños por sismo por incapacidad jurídica y económica”.
Por ello se advierte que "el desarrollador es el gran ganador al no llevar, aparentemente, ninguna responsabilidad”.
