16 julio 2017 | Mathieu Tourliere | Proceso
Dos personas murieron a raíz del súbito hundimiento de la carpeta asfáltica en el Paso Exprés Cuernavaca, ocurrido el miércoles 12. De inmediato el enojo popular apuntó a los gobiernos morelense y federal, pero la responsabilidad no acabaría en ellos. También las empresas que construyeron la vía –Aldesa y Epccor– son responsables de esas dos vidas perdidas. Y ambos consorcios tienen un impresionante historial de corrupción que viene desde el siglo pasado. El hundimiento de una sección del Paso Exprés Cuernavaca el pasado miércoles 12, con saldo de dos muertos, puso al descubierto una vez más el entramado de relaciones entre la clase política y el reducido grupo de poderosos contratistas gubernamentales con beneficios transexenales.
Favoritismo en contratos de obra y otras prebendas de larga data, así como observaciones por corrupción que, cuando han llegado a documentarse por instancias oficiales, logran evadirse, son características de Epccor, S. A. de C. V., la versión más reciente del conglomerado de la familia Gutiérrez Cortina, cuyo empoderamiento e impunidad se remontan al salinismo.
Dicha empresa y Aldesa -trasnacional de capital español que en años recientes se vio implicada en el escándalo de donativos ilegales al Partido Popular en su país de origen- fueron las beneficiarías del contrato para construir el Paso Exprés que, como la mayoría de las obras inauguradas por Peña Nieto en lo que va de 2017, recibió varias observaciones por corrupción.
Este semanario documentó (Proceso 2112) el pasado abril que de las obras inauguradas por Peña Nieto en el primer trimestre del año, sólo quedaron exentas de señalamientos de corrupción aquellas que no revisó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El reportaje destacaba el Paso Exprés, inaugurado por Peña Nieto el pasado 5 de abril, como una de las más escandalosas por el cúmulo de irregularidades.
Y es que entre la adjudicación del contrato, en noviembre de 2014, y la entrega de la autopista en abril pasado, ocurrieron numerosas irregularidades en la construcción, las cuales causaron alrededor de 250 accidentes, provocaron la muerte de al menos 21 personas y dispararon el costo del proyecto: de mil 45 millones de pesos acordados, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) terminó pagando 2 mil 213 millones de pesos (mdp).
Además, en la revisión de la cuenta pública 2015, la ASF detectó que la SCT autorizó pagos por 441 mdp, respecto a los cuales detectó 270.5 mdp que debían recuperarse y 31.8 mdp erogados sin la comprobación correspondiente. En total: 302.3 mdp, equivalentes a casi la cuarta parte de los recursos asignados al Paso Exprés en 2015.
El irregular monto de 270.5 mdp reflejó, según la ASF, sobrepagos a Aldesa y Epccor, modificaciones irregulares de precios, así como pago de mano de obra, materiales y equipos injustificados.
No fue todo. Según testimonios recogidos en la zona aledaña al hundimiento, desde hacía semanas se había puesto en alerta a la delegación estatal de la SCT y a otras instancias gubernamentales por desperfectos que hacían temer un derrumbe. Fueron desoídos y, el jueves 13, al plantearle a Peña Nieto lo anterior, sólo dijo que no adelantaría juicios y suspendería a los responsables de supervisar e inspeccionar el desarrollo de la obra en lo que transcurrían las investigaciones.
Para entonces, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza y los contratistas ya habían ofrecido su propio juicio, su "verdad histórica".
Aldesa y Epccor se deslindaron del mortal socavón. En un comunicado, el consorcio aseveró que el incidente fue producto de las "intensas lluvias" que acumularon basura y agua en una alcantarilla, lo que colapso el sistema de drenaje y provocó la grieta. Insistió en que no fueron responsables del incidente, pues tanto la alcantarilla como el drenaje se encuentran "a más de 15 metros por debajo de la autopista". Exactamente la misma posición externada por Ruiz Esparza en el lugar de los hechos y aun antes de que se consiguiera el rescate de los dos cuerpos.
Largo historial
Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari la familia Gutiérrez Cortina, propietaria de Epccor, se ha visto envuelta en escándalos de favoritismo, corrupción e impunidad.
Originaria de Aguascalientes, relacionada con la elite salmista, durante aquel sexenio consiguió concesiones de carreteras y hasta incursionó en el rescate y culminación del World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, un episodio que terminó en pleito con los dueños originales. Luego, ante la crisis de 1995, consiguieron ser rescatados por el Fobaproa.
Junto con Tribasa, la empresa de David Peñaloza, los Gutiérrez Cortina, con su empresa Gutsa, consiguieron la concesión para construir 1a. autopista León-Lagos de Moreno (en asociación con Ingenieros Civiles Asociados) y la Autopista del Sol (con Tribasa).
Ampliamente documentadas por Proceso en los noventa, las denuncias de las familias Suárez y De Paula (constructoras originales de lo que fue el Hotel de México, ahora WTC) contra Gutsa, incluyeron el señalamiento a salinistas hoy involucrados en el contratismo y al frente de trasnacionales.
Por ejemplo, entre las presiones para que los dueños originales del WTC vendieran su inversión, destacaban las amenazas de Guillermo Ortiz, hasta hace poco alto ejecutivo de Banorte, dirigida hoy por la familia Hank y convertida en la principal prestamista gubernamental del país. También las de Carlos Ruiz Sacristán, hoy directivo de Sempra Energy y miembro del consejo de administración de la polémica española OHL México. Inclusive Francisco de Paula llegó a señalar un parentesco político entre el exsecretario de Hacienda Pedro Aspe y los Gutiérrez Cortina (Proceso 1133).
El jerarca, Juan Diego Gutiérrez Cortina, es suegro de Jaime del Conde Ureta, político aguascalentense relacionado con grupos ultraconservadores. Fue diputado federal panista de 2003 a 2006 y, posteriormente, suplente de Santiago Creel en el Senado.
Fue justo en los albores del sexenio foxista cuando Gutiérrez Cortina, con su empresa Gutsa, enfrentó uno de los muchos escándalos que han marcado su trayectoria, cuando se detectaron múltiples anomalías en la construcción y funcionamiento de la llamada megabiblioteca José Vasconcelos, que fue cerrada temporalmente antes de que transcurriera un año de su apertura, "debido a que la cimentación del edificio presentaba una complicación" (Proceso 1585).
Como ocurrió con el Paso Exprés, el costo de la megabiblioteca se elevó de mil millones de pesos que se tenían programados a 2 mil 200. A ese episodio siguió la construcción de la terminal para vuelos internacionales (T2) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
La revisión de la cuenta pública 2005 por la ASF encontró que la construcción de los edificios de la T2 registraba omisiones y actos irregulares (Proceso 1589).
A lo anterior siguió la primera inhabilitación dictada por la Secretaría de la Función Pública contra Gutsa, por irregularidades y pagos indebidos en obras de la Autopista del Sol y, finalmente, devino escándalo la construcción de la Estela de Luz, una torre proyectada por el gobierno de Felipe Calderón para conmemorar el Bicentenario de la Independencia.
Conocida entre los capitalinos como La Suavicrema, la obra se le asignó a Gutsa por cerca de 400 mdp, pero no se entregó a tiempo y el costo se duplicó. La sanción fue que la empresa quedara inhabilitada hasta 2015.
Gutiérrez Cortina no se arredró y unos meses después constituyó Epccor, la empresa con la que pronto regresó al contratismo gubernamental al amparo del gobierno de Enrique Peña Nieto. El acta constitutiva, publicada por Newsweek Aguascalientes, permite observar que ahora, junto con él, son accionistas sus hijos Juan Diego, José Miguel e Ignacio Gutiérrez Sainz.
Ese medio aguascalentense, dirigido por Manuel Appendini, ha dado un seguimiento puntual a otra de las obras obtenidas por Epccor: la edificación del Nuevo Hospital Hidalgo, en la ciudad de Aguascalientes, que ya también evidencia irregularidades.
Lo mismo ocurre con las principales obras obtenidas por Epccor, de acuerdo con los informes de la ASF; por ejemplo, el puente atirantado La Concordia en Chiapas presenta un desfalco por 43 mdp.
En la última década Gutiérrez Cortina y sus hijos incorporaron distintas empresas con los mismos apoderados, entre ellos, Alvaro Alcántara Silva.
Constituyeron Concesiones Integrales el 5 de diciembre de 2013. Apenas 72 horas después, Rafael Moreno Valle, entonces gobernador de Puebla, entregó a esta empresa el manejo del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla por 30 años, mediante una maniobra que muchos calificaron de ilegal.
En julio de 2014 la Procuraduría Federal del Consumidor clausuró las oficinas de la empresa ante las repetidas quejas que recibió, motivadas por los incrementos excesivos de las tarifas del agua, y en 2016, esta dependencia recibió 103 quejas contra la misma empresa -la cifra más alta de ese año-, por cobros indebidos y negligencia en el servicio.
Con tufo mexiquense
La española Aldesa, representada en México por Agustín Tejedor Ureta, ingresó en el mercado mexicano en 2007, en el sexenio de Felipe Calderón, con una concesión para construir y cobrar peajes en la carretera Arriaga-San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.
Un año más tarde obtuvo un magno contrato por 3 mil 453 millones de pesos para la construcción de la carretera Durango-Mazatlán, aunque el costo resultó mucho mayor: en su página de internet, la empresa sostiene que el presupuesto de la obra se elevó a 6 mil millones de pesos.
Al amparo de contratos de obra pública y privada, los negocios de la empresa crecieron de manera sostenida en el país, y en su reporte trimestral global de noviembre pasado, Aldesa se presentó como una de las 10 constructoras más importantes de España y de México.
En este documento presumió que, durante los primeros nueve meses de 2016, sus resultados de operación crecieron 24.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior: de 246 millones de euros en 2015, pasó a 306 millones el año siguiente, una suma que supera los 6 mil millones de pesos. Es más: de acuerdo con este informe, el mercado mexicano se convirtió en su principal fuente de negocios, incluso sobre España.
En 10 años de presencia en México la empresa obtuvo por lo menos 32 contratos del Gobierno Federal - principalmente de la SCT, de Caminos y Puentes y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)- por un monto total que rebasa los 14 mil millones de pesos. Además posee acciones en una veintena de empresas que operan en 23 estados, según consultas a las bases de datos públicas Compranet y el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).
Participó, entre otras, en numerosas obras de carreteras -excavó túneles para la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada al Grupo Higa, empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú-, construyó terminales aeroportuarias -en Los Cabos, Guadalajara y Cancún- y obtuvo contratos para proyectos energéticos en Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas.
Su relación con las administraciones de Enrique Peña Nieto empezó en 2009, cuando el entonces gobernador mexiquense le concedió la construcción de la sede del Tecnológico Esmeralda Bicentenario, en Atizapán, por un costo superior a los 250 millones de pesos. La Universidad Autónoma del Estado de México ocupa ahora el edificio.
En julio de 2015, la empresa - mediante su filial Proacon- se asoció con Promotora y Desarrolladora de México, de Olegario Vázquez Aldir, y juntas ganaron la licitación para realizar la primera etapa de la ampliación de la polémica Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, que unirá las estaciones de Mixcoac con Observatorio.
El contrato, por mil 679 millones de pesos, establecía que los trabajos debían arrancar ocho días después de la firma -realizada el mismo mes de julio y terminar el 31 de diciembre de 2016. Sin embargo, pasaron nueve meses antes de que las máquinas empezaran a excavar y en enero pasado faltaba todavía 85% de las obras de la primera etapa, indicó Édgar Tungüi, secretario capitalino de Obras y Servicios.
Otro megaproyecto del sexenio otorgado a Aldesa fue la construcción de la primera etapa del Tínel Emisor Poniente II, en el Estado de México.
El 3 de enero de 2014, la Comisión Nacional del Agua dio el contrato a la constructora española, en consorcio con Regiomontana de Construcción y Servicios -de Humberto Armenta González-, por mil 795 millones de pesos. Las obras debieron terminar en marzo pasado, pero en junio les faltaba todavía 10%.
Aldesa obtuvo un contrato de obra pública de mil 242 millones de pesos en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Junto con el grupo mexiquense Jaguares Ingenieros -dirigido por Moisés Zecua Muñoz-, la empresa española construirá la torre de control del megaproyecto más destacado del sexenio de Peña Nieto.
En el NAICM, Epccor se asoció con Sacyr, otro gigante de la construcción español, para ganar el contrato de instalación de la losa de cimentación del Centro de Transporte Terrestre. No sólo comparten proyectos objetivos, sino también prácticas y fallas.
El pasado 25 de diciembre, dos trabes de acero, una de 68 y otra de 69 toneladas, cayeron sobre el Distribuidor Vial Alfredo del Mazo, escasos dos días después de haber sido instaladas. Un motociclista murió aplastado. La obra estaba a cargo de Jaguares Ingenieros y la SCT anunció enseguida que investigaría los hechos, como lo hizo con el Paso Exprés.
El auge de estas dos empresas en el sexenio es notable. Sólo por lo que corresponde a sus contratos con la SCT se pudo establecer que, en lo que va del sexenio de Peña Nieto, Epccor consiguió cinco, que suman mil 490 mdp, mientras que Aldesa posee 13 por un monto de 2 mil 900 mdp.
A partir de una revisión a la información pública, fue posible saber que estas empresas tienen contratos con Pemex, la CFE y varias dependencias y entidades federales, pero no fue posible determinar los montos de sus contratos ni el objeto, pues no aparecen en la información que debe publicarse en el POT ni en la plataforma Compranet.
Fuente: Proceso
