domingo, 1 de enero de 2017

En 2016, más desaparecidos, campaña contra activistas...

1 enero 2017 | Gloria Leticia Díaz | Proceso
Las decenas de miles de desaparecidos en México –casi 30 mil– evidencian que el Estado nacional ha sido absolutamente rebasado. En este contexto, los familiares de las víctimas exigen lo evidente: que el gobierno solicite el apoyo internacional, que siga las recomendaciones que ya existen y que muestran caminos viables a seguir, que se den pasos para abatir la corrupción y que identifique a los 15 mil restos humanos que la sociedad civil ha encontrado. La respuesta oficial se parece mucho al desprecio. Con más de 28 mil desaparecidos y 19 mil homicidios dolosos, 2016 concluye como uno de los años más violentos de la década. Estos datos advierten respecto de la urgencia de apoyo internacional para cambiar las políticas públicas que arrastra el país.

En entrevistas por separado, Édgar Cortez Morales, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), y los hermanos Juan Carlos y Miguel Ángel Trujillo Herrera, integrantes de Familiares en Búsqueda, alertan sobre el estancamiento y, en algunos casos, el agravamiento de la crisis humanitaria que padece México.

El balance es pesimista, dice Édgar Cortez, decano del movimiento de derechos humanos en México, quien comparte a Proceso una lista de temas en esa materia que han sido desestimados por el gobierno de Enrique Peña Nieto y el Congreso federal.

La impunidad lacerante, la corrupción generalizada, la riesgosa permanencia de las Fuerzas Armadas al frente de la seguridad pública, la dilación para legislar contra las desapariciones y la tortura, la campaña contra defensores de derechos humanos (encabezada por Isabel Miranda de Wallace y tolerada por la administración peñanietista) son asuntos que dibujan un panorama desalentador, apunta Cortez.

Y puntualiza: “No veo elementos que vayan a generar un cambio”.

Resalta que en años anteriores el gobierno de Peña Nieto optó por descalificar las observaciones de organismos internacionales, aunque en 2016 optó por escuchar todos los señalamientos pero sin aceptar ninguno.

En octubre pasado, por ejemplo, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, dio a conocer 14 recomendaciones derivadas de su visita oficial a México, realizada un año antes.

La primera plantea la creación de un consejo asesor conformado por expertos en derechos humanos que aconseje “al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción y para revertir la tasa de impunidad imperante”. La respuesta del Estado fue que esta propuesta “podría atenderse mediante el establecimiento de un organismo nacional”… que hasta la fecha no existe.

Cortez advierte que la urgencia de atender las recomendaciones no es un asunto de “darles gusto, sino porque tenemos un problema real y muchas de esas alternativas que dan son razonables, dan pistas de qué caminos tomar, qué acciones podrían ayudar al gobierno. ¡Pero se sigue discutiendo que no hay una crisis, que no tenemos problemas estructurales, que son casos aislados! Los datos están ahí, la violencia sigue, y si continúa esa tendencia vamos a terminar peor que en el gobierno de Felipe Calderón”.

Para detectar esa tendencia basta echar una mirada a los últimos datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), que al cierre de noviembre reportó 18 mil 915 homicidios dolosos en 2016. Esto lo convierte en el año más violento del actual sexenio y en el segundo peor de la década: en 2011 hubo 22 mil 852 asesinatos.

En cuanto a desapariciones, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD) contaba hasta octubre último con 28 mil 938 casos en instancias del fuero común, y 967 en el federal.

Cortez agrega que la impunidad es ya de suyo un asunto preocupante, pero su gravedad se multiplica cuando hay “caminos de solución” planteados por instancias internacionales –como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa– y las autoridades responden con “dilación, negativa, negligencia”.

Recuerda que este año el GIEI entregó un segundo informe del caso, que junto con el primero “es una radiografía de las fallas y deficiencias del sistema de justicia, que no sabe investigar, está burocratizado, sigue recurriendo a la tortura”. La situación de indolencia se agrava, agrega, porque la Procuraduría General de la República (PGR) intenta arrumbar su investigación interna sobre el caso (Proceso 2090, 2091 y 2095).

Por la gravedad del ataque, dice, muchos activistas pensaron que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa detonaría un cambio, pero a dos años del crimen de Estado nada sustancial ha mejorado. “¿Qué más necesita este gobierno? Están los problemas y siguen creciendo. Tiene las recomendaciones, que podrían servirle como una hoja de ruta para construir, y no vemos todavía el punto de quiebre”.

Por el contrario, advierte, el gobierno federal pretende consolidar a las Fuerzas Armadas como cabeza de la seguridad pública, “sin mecanismos de control suficientes”. Tampoco ha propuesto sanciones para las autoridades civiles, empezando por el presidente, los gobernadores y los alcaldes, que “no hicieron nada para crear cuerpos policiacos eficientes” o que toleran que las fuerzas castrenses violen sistemáticamente los derechos humanos.

Desde hace 20 años se viene diciendo que la participación de los militares en la seguridad pública “es un asunto temporal”, pero “hoy las autoridades civiles no tienen con qué responder porque no han hecho su tarea”.

Cortez puntualiza que legislar en favor de la perpetuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior “es la claudicación de las autoridades civiles, lo contrario a un Estado democrático. Se está pervirtiendo un pilar de una sociedad democrática: la seguridad pública debe estar en manos civiles”.

Además, indica, el Congreso de la Unión volvió a fallarles a las víctimas y a las familias, pues también dejó en suspenso la legislación en materia de tortura y desaparición.

“No tenemos legisladores con visión de Estado. Siguen sin creerse que son el contrapeso de otros poderes, y van respondiendo a coyunturas políticas. Ahora mismo están haciendo cálculos de qué les sirve, qué les ayuda o qué les afecta de cara a 2018”, sentencia.

Cortez señala otro fenómeno preocupante: en 2016 se aceleró una campaña contra activistas encabezada por Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, “con el respaldo, complicidad o mínimo la tolerancia” de Peña Nieto; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y quien fuera procuradora general de la República, Arely Gómez, pues todos ellos se presentaron en actos encabezados por la también excandidata del PAN a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Recuerda que Miranda de Wallace ha cuestionado a los defensores “diciendo que no sólo defienden a delincuentes, sino con eso se están haciendo millonarios, que son corruptos, que se están quedando con dinero”. Una aseveración que, advierte Cortez, pone en riesgo a los activistas.

De este modo no sorprende que el último informe del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas dé cuenta de la persistencia de amenazas para ambos gremios. De 2012 a octubre de 2016 se presentaron 447 solicitudes de incorporación al sistema, de las cuales fueron aceptadas 371, que benefician a 507 personas.

Frente a esa campaña, el movimiento de derechos humanos ha solicitado en distintas formas –sin éxito– un encuentro con Osorio Chong y que Peña Nieto haga un reconocimiento público del trabajo de los defensores. Cortez alerta que “ante la indiferencia se multiplica el riesgo, que puede convertirse en violencia directa” contra los activistas.

Por esta razón es urgente “considerar en serio pedir ayuda internacional”.

El de Peña Nieto “es un gobierno que quiere administrar el problema en busca de apuntalar a su candidato y partido para mantenerse en el poder. Es grave, porque pareciera que el asunto no es ‘resolvamos los problemas del país’, sino ‘conservemos el poder y ahí nos la vamos llevando’”.

E insiste: “Creo que las autoridades no podrían por sí solitas resolver la crisis de derechos humanos. Se necesita una cooperación internacional que ayude, que empuje, que acompañe a nuestras instituciones. No creo que en el corto plazo se vaya a lograr, pero el año próximo podríamos ir colocando el tema”.

En busca de los mexicanos perdidos

Quienes también claman por la asistencia internacional son los hermanos Juan Carlos y Miguel Ángel Trujillo Herrera, coordinadores de la Red de Enlaces Nacionales e impulsores de dos brigadas de búsqueda de restos de personas desaparecidas en Veracruz. Sus empeños han permitido la localización de al menos 15 fosas clandestinas y cerca de 15 mil restos humanos.

En preparación de su tercer operativo, ahora en Sinaloa, aseveran que “las brigadas ayudaron a visibilizar la urgencia de localizar a los desaparecidos y a empoderar a las familias. Si las familias no buscan, nadie lo hace”.

Juan Carlos Trujillo subraya que gracias a la acción ciudadana –en particular de la organización El Solecito de Veracruz– ellos han descubierto “más de cien fosas, cuando durante el gobierno de Javier Duarte se habían localizado, y de forma fortuita, sólo siete”.

Una revisión hemerográfica realizada por Proceso revela que gracias a la acción ciudadana se localizaron 131 fosas clandestinas con 269 cuerpos, en tanto que en Coahuila se halló una tumba clandestina en un predio de 160 mil metros cuadrados.

Entre los hallazgos derivados de la acción ciudadana destaca la localización de 12 cuerpos en Huehuetoca, Estado de México.

A ello se suman las presiones de la sociedad civil en Morelos, respaldadas por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que lograron el rescate de 119 cuerpos inhumados irregularmente en Tetelcingo por el gobierno de Graco Ramírez, y la recuperación de más de 30 en Jojutla que estaban en la misma condición.

Gracias a la divulgación de lo ocurrido en Morelos fue posible que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, diera a conocer que en la Ciudad de México –cada año– se depositan en la fosa común 700 cuerpos sin reconocer.

Juan Carlos Trujillo resalta que la determinación de las personas integradas en la Red de Enlaces Nacionales permitió “descubrir todas las inconsistencias, las mentiras y las incapacidades de las autoridades. Nos dimos cuenta que no van a buscar, que no saben y no les interesa”.

Los hermanos Trujillo explican que actualmente hay 16 grupos dedicados a rastrear cadáveres.

Miguel Ángel agrega que también han encontrado información desoladora: “Una persona nos dijo que los policías que resguardaban una fosa que localizamos eran quienes habían llevado a las víctimas halladas en otra. Nos dio nombres y apodos de los agentes que estaban coludidos con los delincuentes. En ese momento comprendimos por qué las autoridades no buscan a los desaparecidos: ellos son el brazo operativo”.

Hermanos de cuatro desaparecidos, Juan Carlos y Miguel Ángel, advierten que la siguiente batalla que tienen que librar las familias es por la identificación de los restos.

Dice Miguel: “El 19 de diciembre tuvimos una reunión con el nuevo gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, en la que también estuvo el subsecretario de Gobernación Roberto Campa y representantes de la Policía Científica de la Policía Federal, y ahí admitieron que no tienen capacidad para identificar los restos y que se van a llevar años en darles identidad a los 15 mil que rescatamos”.

Juan Carlos detalla que ni los estados ni la Federación tienen capacidad para “enfrentar un buen proceso forense o dimensionar sus alcances. Tenemos que buscar otras condiciones para continuar con la identificación; es ahí donde viene la guerra, porque estamos a un paso de dictaminar si le regresará la luz a algunas familias o no. Por eso requerimos el respaldo internacional”.

Ante la incapacidad en México para enfrentar “la emergencia humanitaria”, insiste, se hace necesaria la colaboración de expertos internacionales para buscar en terreno a las víctimas de la desaparición.

“No se trata de descubrir el hilo negro. Lo que estamos padeciendo las familias en México ya lo vivieron en otros países. Las familias han salido a buscar a sus seres queridos y ha sido por la presión que ejercieron que hay buenas prácticas en Colombia, Bosnia, Argentina, pero aquí nos tienen como borreguitos, y no hemos podido hacer búsquedas de manera digna”, agrega.

Miguel Ángel respalda a su hermano. Señala que la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR “ya cerró la cortina y no formó expertos en búsqueda. El experto que tienen es Simón (Carranza), que viene de la sociedad civil y colaboró con Los Otros Desaparecidos de Iguala.

Fuente: Proceso