CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Noticia desoladora: la Comisión Nacional
de los Salarios Mínimos (Conasami) desoyó el llamado tanto de los
empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) como de los sindicalistas de la Confederación de Trabajadores
de México (CTM), que exigían un alza decorosa al salario mínimo, y en
vez de eso aceptó las presiones del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE). Así, apenas subió el salario mínimo siete pesos, con lo cual
quedará en 80.04 pesos durante 2017.
La Coparmex había propuesto subirlo a 89.3 pesos diarios, lo que el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval) define como la línea mínima de ingreso que permite adquirir la
canasta alimentaria básica. Después de esa declaración de la Coparmex,
la CTM salió a plantear que había que subir a 100 pesos el salario
mínimo.
Es indignante que cuando existe una propuesta sensata que sin duda beneficiaría al país, fundamentada en los cálculos prudentes del Coneval y la Conasami, los integrantes del CCE se nieguen a suscribirla. También es evidente la resistencia que ha mostrado el gobierno federal a impulsar un aumento importante y necesario sólo porque inicialmente lo propuso la oposición.
Hay que recordar que hace dos años fue Miguel Ángel Mancera quien
planteó la necesidad de subir el salario mínimo. Apoyó su propuesta en
sólidos estudios –uno principalísimo fue el que realizó Rosalbina
Garavito–, que mostraban la patética situación de nuestro país. Creo
recordar que en el análisis de Garavito aparecía el salario mínimo de
México como el más bajo en América Latina, por debajo del de Haití.
Desde el gobierno de la Ciudad de México, junto con académicos de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), El Colegio de México
(Colmex) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
se desplegaron críticas y propuestas como la de dejar de usar al
salario mínimo como la referencia para muchas cuestiones, por ejemplo
las multas.
La instancia oficial encargada de fijar el salario mínimo, la
Conasami, se negó durante dos años a desindexarlo como indicador. Fue
hasta enero de este año que se aceptó establecer la Unidad de Medida y
Actualización (UMA) como un paso necesario para una posterior alza del
mínimo.
El precario salario mínimo es una “configuración problemática” que
limita el acceso de las mujeres y los hombres a una situación de
igualdad sustantiva. Según Robert Castel, las “configuraciones
problemáticas” obstaculizan una ciudadanía igualitaria y dificultan un
desarrollo económico y social más justo, pues condicionan el modelo
económico y sostienen un desarrollo social que produce sufrimientos de
todo tipo. La propuesta de subir los salarios mínimos es apenas una
palanca indispensable para empezar a abatir la desigualdad endémica en
que estamos inmersos.
Las políticas laborales y de empleo deben evolucionar hacia la
consecución de un salario decente para un trabajo decente. La
Organización Internacional del Trabajo, en su 87° Conferencia
Internacional sobre el Trabajo (1999) estableció el concepto de “trabajo
decente”. Éste implica cuatro elementos: empleo, protección social,
derechos de los trabajadores y diálogo social. La exigencia de trabajo
decente es válida tanto para los empleados en la economía formal como en
la informal, así como para los independientes y los que laboran en
domicilios (incluyendo a las trabajadoras del hogar).
Lograr trabajo decente con salarios decentes es, en sí mismo, una
cuestión de justicia social. Aunque no es fácil apreciar de qué manera y
en qué medida los arreglos sociales asimétricos son opresivos sin
examinar cómo se llevan a cabo en las vidas cotidianas de las personas,
ciertos aspectos de la opresión y la desigualdad se deducen fácilmente
de un análisis sobre las estructuras sociales; en especial pueden
discernirse a través de un indicador como el salario mínimo.
El sufrimiento humano está conectado con la forma en que las
desigualdades socioeconómicas son materializadas en el cuerpo, y la
pobreza tiene que ver no sólo con el sufrimiento individual sino que
también produce sufrimiento social. Los míseros salarios mínimos
conllevan experiencias sistémicamente relacionadas con las relaciones
sociales desiguales y provocan un sufrimiento social (generalizado
aunque no expresado).
Comprender las raíces del sufrimiento social tiene implicaciones
significativas no sólo porque nos alerta sobre la existencia de
violencias que no se reflejan en la agenda política. Además, el
sufrimiento muestra los efectos despolitizadores de la dominación. La
marginación social no es solamente una violación explicita del principio
de igualdad, sino que les quita a las personas los medios para demandar
la inclusión. Experiencias crónicas de marginalidad y pobreza producen
un profundo sentimiento de que aquello que se vive es inevitable.
Interiorizar la dominación puede afectar profundamente la capacidad de
las personas para actuar como agentes eficaces en defensa de sus
intereses, y aun cuando comprendan su situación, su voluntad de
participar en acciones ciudadanas de protesta está lejos de darse. Eso
explica la ausencia de movilización popular por el salario.
En nuestro país, donde se viven unas condiciones laborales
brutalmente precarias, es una vergüenza la resistencia empresarial y del
gobierno federal a dar un paso hacia una menor desigualdad social.