CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unión Nacional de Trabajadores
(UNT) exigió a los legisladores “una actitud responsable” en la eventual
aprobación de la reforma de justicia laboral donde se adicionó la
fracción XVIII que, puntualizó, atenta contra el derecho de contratación
colectiva de los trabajadores.
Advirtió que si se concreta esa medida, convocará a la
movilización y usará todos los recursos políticos necesarios para
defender el derecho a la huelga, a la autonomía, independencia y
democracia sindical, así como a la contratación colectiva auténtica.
“Demandamos de los legisladores una actitud responsable y congruente con las necesidades de un país en el que es impostergable la dignificación del trabajo por medio de empleos de calidad y salarios bien remunerados. Para ello se requiere fortalecer la contratación colectiva auténtica, así como el derecho de los trabajadores de organizarse de manera autónoma utilizando el voto directo y secreto en todas las decisiones sindicales relevantes”, señala en un desplegado difundido en redes sociales.
Firmado por los presidentes colegiados Francisco Hernández
Juárez, dirigente del sindicato de telefonistas; Agustín Fuentes, del
sindicato de la UNAM, y Mario Alberto González Aguilera, dirigente de la
Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), el texto destaca que
los gremios agrupados en la UNT no consentirán un nuevo acto de
simulación “para que se perpetúe el corporativismo sindical, como los
contratos de protección que tanto daño han hecho a los trabajadores”.
Por ello, la UNT se pronunció contra la adhesión de la
fracción XVIII de la reforma de justicia laboral cotidiana que se aprobó
de último momento en las comisiones del Senado y que se presume será
discutida este martes ante el pleno.
“En el proyecto de dictamen, la adición de la fracción
décima octava en materia de huelga es un nuevo candado que imposibilita
en la práctica el ejercicio de derecho de huelga para efecto de la firma
del Contrato Colectivo de Trabajo.
“Con esta modificación se obligaría a los trabajadores a
solicitar a los patrones, antes del emplazamiento a huelga, una
constancia de trabajo en la empresa o lugar de trabajo, lo que daría
lugar a la elaboración de listas negras en perjuicio de todos aquellos
trabajadores involucrados en este proceso”, detalla el escrito que
circula en redes sociales.
Y destaca que si la modificación se aprueba, se elevaría a
rango constitucional “un precepto que obstaculizaría la lucha de los
trabajadores para contar con una representación sindical legítima y un
contrato colectivo auténtico, ya que la acreditación de una mayoría
previa al emplazamiento favorecería todo tipo de actos de represión en
contra de los trabajadores”.
No obstante, admite que la reforma enviada por el Ejecutivo
federal, a diferencia de la aprobada en 2012 como preferencial, a
petición del entonces presidente Felipe Calderón –que legalizó el outsourcing
y abarató el despido de los trabajadores, contribuyendo a precarizar
los empleos–, contiene aspectos positivos, como quitar las Juntas de
Conciliación y Arbitraje para sustituirlas por un organismo más
autónomo.
“En caso de que se apruebe la propuesta habrá jueces de lo
laboral, así como la introducción de modalidades de voto directo y
secreto para procesar las principales determinaciones de los sindicatos,
además de la creación de un organismo público federal encargado de los
registros de sindicatos y de contratos colectivos”, indica.
No sólo eso, también se crearía un organismo público federal
encargado de los registros de los sindicatos y contratos colectivos,
añade. Y la supresión de las Juntas de Conciliación y Arbitraje podría
ser el punto de partida de un proceso de transformación más profundo que
en etapas posteriores incluiría, entre otras medidas, la eliminación
del apartado B del Artículo 123 constitucional, así como el
establecimiento de diversos preceptos que favorecerían la libertad de
afiliación sindical, eliminando la injerencia del gobierno y los
patrones en los asuntos internos de las organizaciones de los
trabajadores”.