CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Al menos desde Gustavo Díaz Ordaz
(1964-1970), alrededor del cuarto informe de gobierno se inicia el
debilitamiento del poder presidencial y ocurren eventos y decisiones
negativos para el país. En algunos sexenios la crisis se evidencia
antes, pero en los últimos ocho los estragos se manifestaron en la parte
final del mandato y dejaron profunda huella en la vida nacional.
Todavía está fresca en la memoria la matanza del 2 de octubre de
1968, justo un mes después del cuarto informe de Díaz Ordaz y
prácticamente en vísperas de la inauguración de los Juegos Olímpicos.
Las secuelas de la represión estudiantil se hicieron patentes con el surgimiento de la guerrillera Liga Comunista 23 de Septiembre, cuyas acciones empezaron a sacudir a la comunidad alrededor de la mitad del sexenio de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976); las primeras acciones violentas que conmovieron a la sociedad mexicana fueron, entre otras, los asesinatos de los empresarios Eugenio Garza Sada, el 17 de septiembre de 1973, y de Fernando Aranguren, así como el secuestro del cónsul inglés en Jalisco en octubre del mismo año.
Esos acontecimientos afectaron la relación del gobierno con los
empresarios (particularmente los regiomontanos) y las diferencias se
hicieron más evidentes tras las reformas constitucionales que dieron
paso a la Ley General de Asentamientos Humanos, en febrero de 1976,
cuando el presidente los calificó como “los encapuchados de Chipinque”, y
en las invasiones de tierras y posterior expropiación en los valles de
los ríos Yaqui y Mayo.
Antes Echeverría orquestó el golpe contra la dirección del periódico
Excélsior y concluyó su gobierno con el país sumido en una crisis
económica manifiesta en la devaluación de casi 80% del peso en
septiembre de 1976, tras 22 años de paridad estable.
José López Portillo (1976-1982) intentó sanar las heridas con la
iniciativa privada y estabilizar la economía nacional con un pacto
denominado Alianza para la Producción, que aunado a la riqueza petrolera
y los altos precios de los hidrocarburos permitió reimpulsar el
crecimiento y mantener bajo control la inflación durante los primeros
años.
Sin embargo, el desplome del precio del petróleo en la segunda mitad
de 1981 fue el inicio de una nueva crisis que se manifestó, entre otras
cosas, en la beligerancia del sindicalismo universitario; la intentona
de emitir la legislación secundaria sobre el derecho a la información;
la embestida contra el periodismo crítico, que se reflejó el 7 de junio
de 1982, cuando López Portillo sentenció: “No pago para que me peguen”;
la devaluación de febrero de 1982 –tras haber afirmado meses antes:
“Defenderé el peso como un perro”–, y la nacionalización bancaria el 1
de septiembre de 1982.
Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) empezó el sexenio con la
firma de pactos con empresarios y obreros para estabilizar la economía.
Pero el efecto de las crisis recurrentes y las reformas electorales
empezaron a reflejarse en las urnas y el PRI comenzó a perder las
alcaldías de varias capitales estatales e incluso gubernaturas –fue el
caso de Chihuahua en julio de 1986–, con lo cual el gobierno recurrió a
lo que llamó el “fraude patriótico”.
Una nueva caída de los precios del petróleo desató otra crisis en las
finanzas públicas que finalmente se reflejó en la economía nacional y
se plasmó en el desplome del índice de precios de la Bolsa Mexicana de
Valores, que en poco más de un mes perdió 75% de su valor y proyectó el
precio del dólar hasta 2 mil 700 pesos.
El surgimiento de la Corriente Democrática en el PRI –la cual provocó
una ruptura en este partido– preparó el escenario para las fraudulentas
elecciones presidenciales del 6 de julio de 1988.
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), quien asumió la Presidencia
fuertemente cuestionado por la legalidad de su elección, se abocó
nuevamente a tratar de estabilizar la economía, lo que logró mediante el
reforzamiento del modelo neoliberal, que insertó a México en el mundo
globalizado. Sin embargo, el nuevo modelo económico impactó en los
ámbitos político y social, y emergió la violencia… El 24 de mayo de 1993
el país se cimbró con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas
Ocampo en Guadalajara.
El 1 de enero de 1994 el país amaneció con la noticia del alzamiento
zapatista en Chiapas; el 23 de marzo asesinaron al candidato priista
Luis Donaldo Colosio, en Tijuana, y el 28 de septiembre a quien se
perfilaba como coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara
de Diputados, José Francisco Ruiz Massieu.
Aunque el sucesor de Colosio, Ernesto Zedillo (1994-2000), vivió sus
peores momentos en los primeros meses de su gobierno tras el llamado
“error de diciembre” , luego de su cuarto informe, ya con una Cámara de
Diputados sin mayoría absoluta del PRI, también hubo acontecimientos y
acciones que impactaron negativamente, como fue la aprobación del
Fobaproa, que entre otras cosas permitió eludir las acciones legales
para castigar el desvío de recursos de empresas privadas y paraestatales
hacia su campaña presidencial. En el terreno político le estalló la
crisis por las cuotas en la UNAM.
Ni siquiera la alternancia de partido en el gobierno modificó esta
constante, pues Vicente Fox Quesada (2000-2006) inició el proceso de
desafuero de Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de Gobierno del
Distrito Federal, en mayo de 2004 (se concretó casi un año después, el 7
de abril de 2005) y ya en plena campaña electoral de 2006 promulgó la
llamada Ley Televisa para consolidar y ampliar los privilegios de los
concesionarios.
En el caso de Felipe Calderón (2006-2012) las cifras más elocuentes
son las relacionadas con los índices delictivos. Según el Sistema
Nacional de Seguridad Pública, los años con mayor número de delitos
reportados fueron 2010 y 2011 (cuarto y quinto de su gobierno), cuando
superaron el millón 800 mil denuncias, y los llamados de alto impacto
superaron la mitad del total de los reportados a partir de 2010. Los
homicidios del crimen organizado pasaron de 9 mil 614 en 2009 a 22 mil
485 en 2012.
Algunos de los eventos más impactantes entonces fueron el de las
narcofosas de San Fernando, Tamaulipas, encontradas el 6 de abril de
2011, y el incendio del Casino Royale, en Monterrey, el 25 de agosto de
ese año.
La próxima semana el presidente Enrique Peña Nieto rendirá su cuarto
informe y lo hará en peores condiciones que sus antecesores. Sin
pretender ser exhaustivo, es evidente que el país vive una crisis de
derechos humanos, como hizo evidente la CNDH –la semana pasada dio a
conocer que 22 de los 42 fallecidos en Tanhuato el 22 de mayo de 2015
fueron ejecutados extrajudicialmente por policías federales–; él, su
familia y miembros de su equipo de gobierno protagonizan casi
permanentemente escándalos de corrupción, conflictos de interés o faltas
éticas como el plagio de múltiples párrafos de su tesis de
licenciatura, y las reformas estructurales no alcanzan los resultados
prometidos.
Además, diversos grupos de poder litigan sus demandas en las calles o
en los medios de comunicación masiva; el magisterio, particularmente
los miembros de la CNTE, se opone a la reforma educativa; la jerarquía
eclesiástica rechaza la iniciativa de ley para permitir los matrimonios
igualitarios; la iniciativa privada cuestiona las reformas a la Ley 3de3
y lo que ellos llaman su debilidad para enfrentar las protestas
sociales. Es un gobierno cercado e incapaz de atender las demandas
ciudadanas, hacer valer los derechos humanos e instaurar el estado de
derecho.
Y todo esto cuando apenas va a empezar el fatídico tramo final del gobierno peñanietista.