México, a decir de especialistas del más alto
nivel, vive ahora mismo una de sus peores crisis en cuestión de derechos
humanos, mostrada al mundo con los casos ya emblemáticos de Ayotzinapa,
Tlatlaya y Tanhuato, donde la brutalidad de las fuerzas estatales es
inocultable. Y ante cada nuevo episodio, sostienen, el gobierno
peñanietista sigue el mismo patrón: comienza con la negación, sigue con
la fabricación de “verdades históricas” y termina –demasiado tarde– con
el reconocimiento, a regañadientes, de sus pifias, inacciones y
omisiones.
El balance lo hacen para Proceso directivos
de Freedom House, Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional
(AI), así como un integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas e Involuntarias (GTDFI) de la ONU, consultados por separado.
Cumplidos ya cuatro años de gobierno de Peña Nieto, los
expertos entrevistados advierten de retrocesos graves y cifras oficiales
alarmantes, ineludibles, en materia de derechos humanos, al mantenerse
intocada la política de combate frontal contra el narcotráfico impulsada
por Felipe Calderón, quien heredó más de 26 mil desaparecidos, cifra
que se ha incrementado durante la actual administración a cerca de 28
mil.
Si Calderón dejó una imagen preocupante por los altos
índices de abusos de las fuerzas armadas y por masacres inimaginables,
como las de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, para los defensores
de los derechos humanos lo que se ve es la multiplicación de esos
horrores.
No sólo eso. La falta de acceso a justicia y verdad en
México lo han colocado a la cabeza de los países americanos con mayores
peticiones de intervención ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), incluso muchas más que durante el sexenio de Calderón,
cuando empezó la guerra contra el narcotráfico.
Según el último informe de la CIDH, con datos de 2015, en
los primeros tres años de gobierno de Peña Nieto se acumularon dos mil
nueve quejas de víctimas ante ese órgano de la OEA, 423 más que las
registradas durante todo el sexenio de Calderón, que fueron mil 586.
A escala nacional, en su último informe de labores la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó de un incremento
de 18% en los expedientes de queja entre 2014 y 2015, al pasar de 8 mil
455 a 9 mil 980, y en casi la tercera parte de las denuncias, 3 mil 24,
se ubicó como responsables de los abusos a miembros de las fuerzas
armadas y de seguridad pública.