Editorial-La Jornada
El incremento en los precios de los medicamentos de patente que se comercializan en México constituye otro aspecto desalentador para las familias de toda la República –en especial las de menores ingresos–, habida cuenta de que, en promedio, poco más de la mitad del dinero que las mismas gastan en salud lo destinan a la compra de fármacos. El sistema sanitario nacional no proporciona una cobertura total en lo referente a este rubro, hecho que contribuye a que más de 70 por ciento de los gastos realizados para la compra de medicinas en el país sea pagado por los usuarios de éstas. A semejante dato se le suma otro que representa un motivo de inquietud adicional: el Issste no está en condiciones de surtir al menos 25 por ciento de las recetas que expide, promedio que apenas desciende un poco en las secretarías de salud estatales (23 por ciento, aproximadamente). En cuanto al IMSS, sólo deja de proveer una proporción estimada en 10 por ciento, pero ello significa, como en los otros casos, que son los pacientes quienes deben hacerse cargo de su adquisición.
Los aumentos –que bordean 20 por ciento en lo que va del año, y en algunos casos llegan a 30– se deben, según el presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm), a la depreciación del peso frente al dólar, dado que gran parte de las sustancias que sirven de materia prima para la elaboración de muchas medicinas se pagan en esa moneda. Si bien la intranquilizadora tendencia al alza se manifiesta más claramente en el caso de los medicamentos cuyas patentes pertenecen a grandes laboratorios trasnacionales, no se puede descartar un efecto de “arrastre” que haga extensivos los aumentos a otros productos farmacéuticos.
El rezago relativo que México presenta en cuanto a investigación para el desarrollo de nuevos medicamentos, determina que la industria local se encuentre en una virtual relación de dependencia respecto a los laboratorios trasnacionales, que mediante el sistema de patentes imperante reciben la mayor parte de los recursos generados por la venta de los productos. Pero la situación en este sentido difícilmente se modificará a corto plazo, porque –de acuerdo con estudios efectuados por los propios laboratorios– para desarrollar plenamante uno específico se requieren unos 600 millones de dólares y una decena de años de trabajo. Aun poniendo en tela de juicio la veracidad de estas cifras, lo cierto es que la operación requiere, en todo caso, de un crecido volumen de recursos. La necesidad de recuperar en un plazo razonable la inversión realizada es, pues, otro argumento que las grandes empresas utilizan para justificar los incrementos en los precios.
Esta manera de ver las cosas transforma a los medicamentos en simples bienes de consumo, en lugar de darles el carácter de elementos fundamentales para el cuidado de la salud, pero es el que hasta ahora ha prevalecido internacionalmente, determinando así una política de patentes hecha a la medida de grandes intereses corporativos. En tanto dicha política no experimente un cambio que facilite la creación, el desarrollo y la elaboración de fármacos (reduciendo, por ejemplo, la fecha de caducidad de las patentes y permitiendo así que distintos laboratorios produzcan eficaces genéricos a mejores precios), el riesgo de que su costo llegue a ser inaccesible para grandes sectores de la población estará incómodamente presente.
