Pedro Matías y Arturo Rodríguez - Proceso
Una reunión celebrada el pasado 30 de junio en la Secretaría de Gobernación con una comisión de representantes de Nochixtlán acabó prácticamente en nada. Víctimas y deudos del ataque del 19 de junio pedían, entre otras cosas, la derogación de la reforma educativa –que estuvo en el origen de la tragedia– y reparación del daño. Lo único que obtuvieron fue una visita posterior de Roberto Campa Cifrián a la zona del ataque…
Una reunión celebrada el pasado 30 de junio en la Secretaría de Gobernación con una comisión de representantes de Nochixtlán acabó prácticamente en nada. Víctimas y deudos del ataque del 19 de junio pedían, entre otras cosas, la derogación de la reforma educativa –que estuvo en el origen de la tragedia– y reparación del daño. Lo único que obtuvieron fue una visita posterior de Roberto Campa Cifrián a la zona del ataque…
ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, Oax.- Cuando los deudos, víctimas y
representantes de esta comunidad le pidieron al gobierno de México
abrogar la reforma educativa, la respuesta fue “que no se metieran en
eso”. Demandaron justicia y les pidieron paciencia, pero les ofrecieron
programas clientelares y acceso a internet.
Luego exigieron la reparación integral del daño conforme a estándares
internacionales. El gobierno ofreció analizar el tema. Finalmente, el
titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, justificó la
actuación policial diciendo que en Oaxaca había desabasto en las tiendas
Diconsa y se afectaba a miles de personas con los bloqueos del
magisterio.
–¡Eso no es cierto! –explotó Adriana, una mixteca integrante del
grupo de padres de familia que apoya al magisterio–. Esas tiendas no
tienen desabasto y ni siquiera venden cosas nutritivas. ¡No quiera usar
esa mentira en esta mesa!
Ante el señalamiento de la mujer, Osorio Chong se descompuso y
momentos después abandonó el encuentro, sin dar ni una explicación. La
reunión del pasado 30 de junio entre la comisión de Nochixtlán y
funcionarios de Gobernación se había iniciado hacia las 14:30 horas y
para las 16:00 el titular de la secretaría ya se había esfumado.
Habían pasado 11 días de los hechos trágicos de Nochixtlán y en los pueblos de la Mixteca continuaban las ceremonias funerarias.
La reunión comenzó con recelo mutuo. Según los integrantes de la
Comisión de Representantes de Nochixtlán –quienes dieron a Proceso los
pormenores de las reuniones–, la primera molestia fue porque en
Gobernación se les exigió que para dar inicio al encuentro, se
deshicieran de teléfonos celulares o dispositivos electrónicos que
pudieran registrar lo que ahí se tratara.
Para ellos, los funcionarios de Gobernación “fueron parte de los que
autorizaron el desalojo, y ni entonces ni ahora han dado una explicación
para el pueblo por el ataque”, dice a Proceso Vicente Rodríguez, uno de
los representantes.
En las primeras horas el estancamiento en la reunión giró en torno al
primer punto del pliego que llevaban las familias: la abrogación de la
reforma educativa. Según Vicente Rodríguez, la respuesta que les dieron
es que “en la reforma educativa no se metieran pues era asunto de otra
mesa”.
Un funcionario de la dependencia, que participó en los encuentros,
confirmó la negativa a abordar el asunto, pues dijo que los
representantes “tienen dos agendas… la CNTE no deja ir ninguna
oportunidad y esta mesa es para el caso 19 de junio”.
Para los miembros de la mesa era justificable pedir lo mismo que el
magisterio, pues fue esa reforma la que provocó el conflicto que, al ser
reprimido, afectó a la comunidad.
Mientras Osorio y sus colaboradores insistían en llevar programas
sociales a Nochixtlán y otras comunidades, la comisión ciudadana les
hizo saber que estaban ahí por un tema de justicia y que si era su
obligación llevarles programas sociales, el tema no tenía por qué estar a
discusión.
Reticencias y “show”
Reticencias y “show”
En la sala que se dispuso en la sede de la dependencia, y tras la
abrupta salida de Osorio Chong, quedaron sólo los subsecretarios de
Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava; y de Derechos Humanos, Roberto
Campa Cifrián; el coordinador de asesores de Osorio, Guillermo Lerdo de
Tejada Servitje; y el subprocurador de Control Regional, Procedimientos
Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal.
La reunión había sido acordada el 27 de junio, durante un encuentro
previo facilitado –según los representantes de la comunidad– por la
CNTE. No hubo documento ni minuta, pero el compromiso fue que se abriría
una mesa especial sobre el operativo policiaco del 19 de junio que,
oficialmente, cobró la vida de ocho personas y dejó más de un centenar
de heridos.
Por su parte, los integrantes de la comisión ciudadana, así como de
la CNTE y los grupos de padres de familia, estaban en desacuerdo con que
la mesa se centrara en Nochixtlán, pues los ataques de ese 19 de junio
ocurrieron también al menos en Huitzo, Viguera y Hacienda Blanca, además
del operativo en la región del Istmo de Tehuantepec; en esos hechos
hubo lesionados, un muerto y cuantiosos daños materiales.
En cualquier caso, lo que obtuvieron “fueron respuestas a medias, sin
fechas ni definiciones”, afirma Sergio López, también representante de
la comunidad.
Higuera proponía un peritaje, adelantando la atracción que del caso
haría la Procuraduría General de la República. Las familias recriminaron
la falta de miras y el tiempo transcurrido. Además pedían una fiscalía
especial para el caso, con coadyuvancia de la Comisión Nacional de
Mediación (Conamed), la organización Serapaz, y asistencia del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Alrededor de las 16:30 horas hubo un receso; al regresar, sólo
llegaron Campa Cifrián y Lerdo de Tejada. Las horas transcurrieron sin
avance, pues Campa sólo prometía revisar la viabilidad de la asistencia
internacional y rechazaba a la Conamed, pero ofrecía la participación de
su subsecretaría.
Con todos los puntos rechazados, la concurrencia les dio un
ultimátum: atiéndannos “como acordamos. Que regrese Osorio, o al menos
Nava. No vamos a seguir hablando con dos personas sin poder de
decisión”.
Después de un nuevo receso, Campa Cifrián propuso su visita a
Nochixtlán, aunque los asistentes no estaban de acuerdo. El funcionario
los forzó. No avanzarían en el tema de justicia hasta no realizar la
visita y en sus propios términos: quería hablar con víctimas y
garantizarles a los heridos atención médica –no quieren ir a hospitales
por miedo a ser detenidos–, para lo que llevaría brigadas de salud y
otros expertos, con la oferta de cubrir todos los gastos. No aceptaría
prensa.
Sin más promesas que las relacionadas con presupuesto y sin avance en
los temas de justicia, Campa Cifrián acudió el jueves 7 a Nochixtlán
con una caravana de unos 10 vehículos.
Contingentes reunidos afuera de la escuela Abraham Castellanos, donde
se realizaría el encuentro, lo recibieron coreando “¡asesinos,
asesinos!”; las consignas de repudio se mantuvieron hasta unos 10
minutos después de que la delegación oficial había entrado al inmueble.
Seis horas después, en un acto de teatralidad y lucimiento, Campa
salió a la calle e intentó dar una conferencia de prensa que, por las
malas condiciones logísticas y las consignas que se coreaban contra el
gobierno, debió suspenderse y reorganizarse dentro de la escuela.
El anuncio central: que se había aceptado la asistencia del ACNUDH y
de la CIDH en la indagación de los hechos. Nada sobre reparación
integral del daño. Luego Campa se retiró pues debía encontrarse en la
Ciudad de México con los padres de los normalistas desaparecidos de
Ayotzinapa, que precisamente exigían la actuación de la CIDH.
La asamblea comunitaria
“Estamos conformes mas no satisfechos. Esto apenas comienza y
pensamos que la parte más difícil será la operatividad, que lo que se
acordó se haga”, afirma Sergio Cruz García, integrante de la Comisión de
Nochixtlán.
Una vez más no hubo minuta ni firma de lo acordado; y, aunque se
anunció, no se fijó fecha para la siguiente reunión con Osorio Chong; en
tanto, la mesa de trabajo no está integrada, así que no se sabe quiénes
asistirán.
El 19 de junio la población acusó a los hermanos Daniel y Herminio
Cuevas –priistas, alcalde y diputado electo respectivamente– de
facilitar el ingreso del operativo a través de un rancho. La indignación
por lo ocurrido devino disturbio que coronó la jornada con el incendio
del rancho de los Cuevas, el hotel Juquila, el Palacio Municipal y una
estación de la Policía Federal.
Desde ese día, el ayuntamiento se disolvió de hecho y el gobierno
estatal, de Gabino Cué Monteagudo, ha mostrado que es una nulidad. Los
pobladores se organizaron, llamaron a asamblea, eligieron dos
representantes por cada uno de los cuatro barrios, quienes luego fueron
ratificados. Así surgió la Comisión de Representantes de Nochixtlán que
se reunió con Osorio Chong el 30 de junio.
Con la ciudad sumida en el duelo y el caos, el 23 de junio los
habitantes de Nochixtlán se reunieron en asamblea. Acordaron exigir la
desaparición de poderes y las cosas se pusieron por momentos tensas por
la presencia de seis regidores que decidieron asistir. La asamblea les
dijo que, si tenían dignidad, renunciaran y se fueran del pueblo. Desde
entonces viven escondidos o se fueron.
En 30 minutos decidieron elegir dos personas por cada barrio, de
manera que la comisión quedó integrada por Vicente Rodríguez, Sergio
Cruz, Abimelec López, Sergio López, Misael Zanabria, Susana Avendaño,
Itayee Cruz y Neftalí Reyes. El día 24 fueron ratificados en asambleas
de barrio.
Así fue como improvisaron gobierno: hay brigadas de vigilancia en
cada barrio, integradas por ciudadanos que hacen rondines nocturnos y
cuidan las calles. La limpieza de las calles se hace con trabajo
comunitario y las ambulancias llegan de otras comunidades, como apoyo.
Aunque no existen servicios administrativos municipales, hay aspectos
en que las cosas han mejorado: no hay robos desde que los ciudadanos se
hacen cargo de la seguridad.
Otras cosas siguen igual, como el desabasto de agua; desde hace años los habitantes deben conseguirla en pipas.
La mayoría de los integrantes de la comisión son profesionistas de la
localidad, algunos tienen simpatía o han militado en partidos
políticos, pero esta vez son tajantes: “Aquí nadie puede llevar agua a
su molino pues se trata de un grupo que trabaja para el pueblo”, dice
Sergio López.
Y añade: “no estamos usurpando funciones ni decimos que somos
autoridad. Nuestro objetivo es trabajar por que se haga justicia y la
prioridad es que eso se consiga, a pesar de todo, con la mesa de
Gobernación”.
Fuente: Proceso
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