Jesús Cantú - Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa deteriora cada día más la imagen de México en el mundo y
provoca nuevos diferendos del gobierno mexicano con los organismos
internacionales de derechos humanos; primero fue con la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y ahora, con el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas. Y el gobierno se empeña en defender la llamada
“verdad histórica”, a pesar de las múltiples evidencias que periodistas y
consultores presentan para destruirla.
En el primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en septiembre del año pasado, se reveló la presencia de efectivos de la Policía Federal y del Ejército en los distintos escenarios donde ocurrieron enfrentamientos o estuvieron presentes los estudiantes, así como presencia de un quinto autobús que había sido ignorado por las autoridades y la ausencia de señales de que hubiese tenido lugar la incineración de los normalistas en el basurero de Cocula, entre los hechos más relevantes.
En este segundo informe evidenciaron la existencia de una diligencia
de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General
de la República, no incluida en el expediente del caso de la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que podría tener la
intención de sembrar pruebas que se recogieron en los días posteriores
para respaldar la llamada “verdad histórica”, así como la tortura de al
menos 17 de los presuntos involucrados en los hechos delictivos,
incluyendo a los cinco integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos
que reconocieron haber participado en el asesinato e incineración de los
estudiantes.
El director de la AIC, Tomás Zerón de Lucio, defendió su actuación,
pero complicó más su situación al señalar que su recorrido fue
atestiguado por dos representantes del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas, lo cual fue inmediatamente desmentido por dicha instancia.
Además de esta respuesta puntual, el pasado 27 de abril la embajadora
permanente de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, urgió a
México “a tomar seriamente todas las recomendaciones que contiene el
reporte (del GIEI)… y a realizar la investigación exhaustiva e imparcial
que merecen las víctimas y sus familias”.
Enfatizó que “más allá del caso de los 43 estudiantes, el informe
refuerza la crucial importancia de los esfuerzos de México por
fortalecer la rendición de cuentas y la vigencia del estado de derecho
que los Estados Unidos respaldan”. Esta exigencia se suma a las que hace
un par de semanas hicieran los gobiernos de Alemania y Dinamarca al
presidente Enrique Peña Nieto durante su reciente visita a dichos
países.
Carlos Beristáin, uno de los integrantes del GIEI, dijo: “Está claro
en la investigación del gobierno y versión oficial que había la
intención de mantener el caso en el nivel municipal, en términos de
responsabilidad. Pero revelamos la presencia de los agentes estatales y
federales en las escenas del crimen y, todavía más, que su participación
implicaba responsabilidad”.
Como señaló en The New York Times la excorresponsal de ese diario en
México, Ginger Thompson, el GIEI demostró “…que el gobierno mexicano, en
el mejor de los casos, condujo muy mal la investigación y que
posiblemente intentó encubrir a los verdaderos responsables”.
Una de las hipótesis del grupo de expertos, señala Thompson, es que
“los estudiantes sin darse cuenta tomaron un autobús (el llamado quinto
autobús, que no aparece en el expediente) cargado con heroína del
cártel. Para ayudar a los narcotraficantes a recuperar su droga, las
autoridades establecieron retenes para interceptar los autobuses…”.
Esta versión es verosímil para los más prestigiados medios
internacionales, como el NYT que en un editorial publicado el pasado 26
de abril señala: “La conducta del gobierno reforzó la extendida
especulación de que las fuerzas federales participaron en el crimen y,
posteriormente, buscaron encubrir sus huellas”. Y The Economist, que en
su más reciente edición señala: “¿A quién, se preguntan los mexicanos,
está protegiendo el gobierno? Al Ejército y a la Policía Federal,
sospechan muchos…”.
Como señala Thompson: “Él (Peña Nieto) respondió al clamor
generalizado de justicia en torno a la masacre de los estudiantes y
estuvo de acuerdo en invitar a un panel de expertos independientes para
revisar el caso, un movimiento sin precedentes en México. Pero una vez
que resultó claro que el panel no serviría de tapadera, inició una
campaña de desprestigio muy bien calculada y rechazó la solicitud del
panel de extender su estancia en México para concluir su trabajo”.
Lo que el gobierno mexicano no calculó tan cuidadosamente fueron los
hallazgos y denuncias que los integrantes del GIEI tenían para su
segundo informe, que resultó ser el final, y menos todavía el impacto
que el rechazo a su permanencia tendría en los gobiernos de diversas
naciones, los organismos internacionales de derechos humanos y la
opinión pública internacional.
El gobierno mexicano planeó muy bien la estrategia para
desacreditarlos, incluyendo la conferencia de prensa con el experto
internacional sobre el fuego (Proceso 2059) y calculó el mejor momento
para anunciar su negativa a una nueva extensión de su estancia; pero
nuevamente (como ya lo hizo en el caso de la “Casa Blanca” y los
diversos escándalos de corrupción) menospreció el posible impacto
internacional.
La gran diferencia en este caso es que tanto los gobiernos de países
desarrollados como los organismos internacionales no pueden quedarse
callados ante las flagrantes violaciones de los derechos humanos. En los
casos de corrupción y conflictos de interés, era incluso políticamente
incorrecto que otros gobiernos o las instancias internacionales se
pronunciaran al respecto, por ello todo quedo en las coberturas
mediáticas; pero en las violaciones a los derechos humanos, su única
alternativa es pronunciarse y exigirle a México que actúe.
El costo puede ser muy alto para el gobierno y para México y, por
ello, lleva a pensar que el encubrimiento puede inclusive llegar hasta
las más altas esferas gubernamentales, no únicamente a la Policía
Federal y el Ejército.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
