Jorge Carrasco Araizaga - Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Detrás del enfrentamiento entre la
comunidad de San Francisco Xochicuautla y el Grupo Higa está uno de los
contratos que el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú refirió ante la
firma panameña Mossack Fonseca para crear el año pasado empresas
offshore con el propósito de movilizar por lo menos 100 millones de
dólares.
El proyecto carretero Aeropuerto de Toluca-Naucalpan aparece como uno
de “los más significativos del Grupo Higa en los últimos años”, según
la documentación obtenida por Proceso como parte de la investigación
internacional #PanamaPapers, coordinada por el Consorcio Internacional
de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés,
https://www.icij.org/) a partir de la filtración de 11 y medio millones
de documentos de Mossack Fonseca al periódico alemán Süddeutsche Zeitung
(http://www.sueddeutsche.de/).
La oposición de los comuneros al proyecto carretero, por las amenazas
que representa al ecosistema de esa zona otomí, no es nueva. Sin
embargo, Hinojosa Cantú la pasó por alto cuando se apresuró, en julio
del año pasado, a crear complejas estructuras a través de sociedades
británicas y fundaciones establecidas en Holanda y Nueva Zelanda para
mover lo que sus asesores financieros describieron como “una pequeña
parte” de su fortuna.
El despacho D’Orleans, Bourbon & Associates Group, que tiene
oficinas en distintas partes del mundo, elaboró el documento en el que
menciona una docena de contratos del Grupo Higa para justificar la
riqueza del constructor de la “Casa Blanca” del presidente Enrique Peña
Nieto y su esposa, Angélica Rivera.
Entre ellos está el proyecto carretero Aeropuerto Toluca-Naucalpan
que ha causado el rechazo de los pobladores de San Francisco
Xochicuautla por las afectaciones al bosque y a los mantos acuíferos de
esa zona. La semana pasada fue necesaria la intervención policial para
que comenzaran los trabajos en la zona. Pero se tuvieron que parar de
manera indefinida ante el rechazo organizado de los comuneros desde el
año pasado.
PEP y UHNWI
La responsable de la obra es la empresa Autovan-Teya, filial del
Grupo Higa, propiedad de Hinojosa Cantú. De acuerdo con el documento, la
Constructora Teya tiene 36 años de existencia y es “una de las empresas
líderes en la construcción civil del país”.
Además de la carretera en discordia, menciona otras 10 obras como
algunos de los proyectos más significativos del Grupo Higa “en los
últimos años”; es decir en los gobiernos de Enrique Peña Nieto en el
Estado de México y en el federal (Proceso 2058). La mayoría de las obras
que refiere son del Estado de México:
La construcción de más de 58 tramos carreteros, el viaducto elevado
Bicentenario, el Aeropuerto Internacional de Toluca y el libramiento
Acambay, la modernización de 31 vialidades primarias y 39 carreteras en
el Estado de México, la modernización de la vialidad de las torres de
Zinacantepec a San Mateo Atenco, la construcción del estadio y gimnasio
de la Universidad Autónoma del Estado de México y el Hospital de
Zumpango.
También menciona la remodelación del hangar presidencial, “a través
de una asignación directa por 945.5 millones de pesos”, el acueducto de
Monterrey, y su interés para construir 17% del nuevo aeropuerto
internacional de la Ciudad de México, “que será el más grande y moderno
del mundo”. Sin precisar, como otras obras menciona la construcción y
rehabilitación de unidades médicas en diferentes municipios.
Para demostrar la solvencia de Hinojosa Cantú, el documento no se
limitó a esas obras y a la constructora Teya. Mencionó que “algunas” de
las empresas que tiene son: Eolo, compañía aeronáutica, situada en el
aeropuerto internacional de Toluca y que da varios servicios
aeroportuarios, entre ellos de aerotaxi. De la flota de Eolo dice tener
un avión Challenger, un avión Hawker, un avión Learjet, un helicóptero
Augusta Koala y un helicóptero Augusta Grand.
La información indica que también es dueño de la empresa Mezcla
Asfáltica de Calidad; Impresión Publicitaria, que tiene entre sus
clientes a Coca-Cola, Domino’s Pizza y el Tec de Monterrey; y Bienes
Raíces H&G, que desarrolla vivienda de lujo y propiedades
vacacionales en el Estado de México, Guerrero, Quintana Roo y Campeche.
Uno de sus clientes fue el secretario de Hacienda y Crédito Público,
Luis Videgaray, con una residencia de descanso que le vendió en
Malinalco, Estado de México, durante la campaña presidencial de Peña
Nieto.
Además, es dueño de Consorcio IGSA Médica del Perú, que cuenta con la
exclusividad por 30 años para el tratamiento de pacientes renales en
ocho departamentos (estados) del país, incluida Lima, la capital. Según
el documento, el negocio tiene un valor de mil 200 millones de soles,
casi 370 millones de dólares al tipo de cambio actual.
Identificado en el documento como ingeniero civil “originario del
Estado de México, graduado del Tecnológico de Monterrey”, Hinojosa Cantú
fue asesorado para transferir el dinero que tenía en seis cuentas
bancarias en las Islas Vírgenes Británicas y la isla Nevis, en el
Caribe, a tres fideicomisos en Nueva Zelanda a nombre de su madre y su
suegra.
En el esquema, esos fideicomisos pasaron a ser los beneficiarios de
fundaciones establecidas en Holanda, cuyo propósito era la “protección
de bienes”, la “planeación de sucesión familiar”, así como
“confidencialidad y privacidad”, publicó proceso.com.mx el pasado
domingo 3, cuando los más de 100 medios que participaron en la
investigación de #PanamaPapers revelaron en forma simultánea sus
hallazgos.
A pesar de ser considerado una PEP (persona políticamente expuesta),
por su estrecha relación con Peña Nieto, Mossack Fonseca le ofreció sus
servicios “no sólo desde el punto de vista de negocio… sino también
desde el punto de vista estratégico”, porque este señor conoce a muchos
UHNWI (individuo de fortuna neta ultra elevada) en México.
Los UHNWI son personas con activos líquidos superiores a los 30
millones de dólares, sin incluir sus bienes personales, residencia
principal ni piezas de colección.
