Iniciativa para darle rango constitucional
23 abril 2016 | Martín Esparza Flores | Siempre!
Electricidad, derecho humano I
Con el respaldo de más de 427 mil firmas y el compromiso de varios diputados federales de la LXIII Legislatura para iniciar un foro de discusión y análisis, la iniciativa de ley que busca elevar a rango constitucional la electricidad como un derecho humano fue entregada en el recinto de San Lázaro por integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). En el documento se plasman los reclamos de buena parte de los 32 millones de usuarios de la energía eléctrica en el país que desde el sexenio de Felipe Calderón y con el gradual retiro del subsidio a las tarifas eléctricas domésticas, enfrentan cobros excesivos, la prestación de un mal servicio y la imposición de los medidores de prepago. Todo ello ha derivado además en la criminalización de los ciudadanos que han alzado la voz cansados de los atropellos de la CFE, por lo que se exige el cese inmediato a las intimidaciones.
Tras el cierre de Luz y Fuerza y el despido injustificado de los 44 mil electricistas del SME, la Comisión Federal se hizo cargo del suministro eléctrico en la zona centro del país, originando el cobro de sus "recibos locos" un verdadero problema social que subsiste hasta la fecha, imponiendo a las familias de escasos recursos la disyuntiva de tener que endeudarse para pagar la luz, o dejar de atender otras prioridades, como su propia alimentación.
Las modificaciones al artículo primero constitucional hicieron obligatorio, por parte de las autoridades, el respeto a los derechos humanos de los mexicanos y a lo establecido al respecto en los tratados internacionales firmados por nuestro país.
El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales de la ONU establece: "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona, a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho..."
Es por esta razón que, en la esfera de los derechos humanos, es inadmisible considerar la prestación del servicio eléctrico como una mercancía, pues, por el contrario, implica la responsabilidad del Estado de garantizarla a todas las personas.
En este entorno, el saldar los gastos personales o familiares no debe comprometer la satisfacción de otras necesidades básicas. De manera más clara como lo dicta la ONU, para cubrir los gastos de energía eléctrica no debe sacrificarse el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, como ilógicamente sucede en México. Es así que la iniciativa radicada en la Cámara de Diputados busca añadir al artículo 4 de la Constitución, el párrafo: "Toda persona tiene derecho a la energía eléctrica. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso y suministro de energía eléctrica".
Fuente: Revista Siempre!
