El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha sido central en la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos: mediante un riguroso trabajo científico desmintió la apresurada “verdad histórica” del gobierno… y eso lo condenó. Mediante una campaña de desprestigio, presiones, madruguetes y mentiras las autoridades lograron que los expertos abandonaran las investigaciones. Pero las críticas planteadas por el GIEI siguen vigentes: no hay pruebas de que los estudiantes hayan sido incinerados en Cocula, la acción de la PGR huele a consigna, no hay certeza de que los restos identificados provengan del basurero y se menosprecian otras versiones que parecen más sólidas.
CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- A una semana de que concluya la asistencia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la investigación del caso Ayotzinapa —y ante la serie de obstáculos gubernamentales que enfrentó— no hay evidencias concluyentes acerca del paradero de los 43 normalistas desaparecidos.
"Es el gobierno de (Enrique) Peña Nieto el que está poniendo las trabas y así no se llega a la verdad; por eso no ha atendido las recomendaciones que hizo el grupo de expertos", acusa Emiliano Navarrete, padre del normalista desaparecido José Ángel Navarrete.
En entrevista —y en vísperas de conocer de voz de los integrantes del GIEI sus conclusiones, que serán públicas el domingo 24— Navarrete dice que durante las reuniones que sostuvieron los expertos, familiares y sus representantes con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, era evidente que "las búsquedas que se hicieron de nuestros hijos ocurrieron por el trabajo de los expertos, los de la PGR no hacían casi nada".
El GIEI nació el 12 de noviembre de 2014 como parte de las medidas cautelares (MC/409/14) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la desaparición forzada de los 43 normalistas en septiembre de ese año. Inició formalmente su labor en marzo de 2015, con atribuciones para elaborar planes de búsqueda de los estudiantes, analizar el expediente para determinar responsabilidades penales, presentar un plan de atención integral a las víctimas y familiares, y formular recomendaciones generales para atender el problema de la desaparición de personas en México.
Durante sus primeros seis meses de gestión, el GIEI derrumbó la "verdad histórica" proclamada por el ex procurador Jesús Murillo Karam, que sostenía que los 43 estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por miembros del cártel Guerreros Unidos.
La "verdad histórica" fue descartada mediante peritaje realizado por un experto en dinámica de fuego, José Torero, conclusión en la que coincidió, meses más tarde, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
RESULTADOS ‘DEFINITIVOS’
Ante el golpe a la versión oficial, en octubre de 2015 y en la sede de la CIDH en Washington, el gobierno de Peña Nieto prácticamente condicionó la segunda fase de colaboración del GIEI a la realización de un nuevo peritaje, para determinar "si un incendio o fuego controlado ocurrió en el vertedero de Cocula, Guerrero, suficiente para generar la incineración de cuerpos humanos el 26 y 27 de septiembre de 2014".
El 31 de marzo pasado, violando todos los protocolos establecidos entre el GIEI y la PGR y contra las recomendaciones de los expertos, el subprocurador de Derechos Humanos, Éber Betanzos, y el especialista en fuego Ricardo Damián Torres ofrecieron una conferencia de prensa de cuatro minutos, sin admitir preguntas, en la que dieron por definitivos los resultados preliminares del peritaje.
La decisión crispó la relación —de por sí tensa— entre la PGR y el GIEI: los expertos intentaban avanzar en el esclarecimiento del caso mientras sorteaban paralelamente una campaña de desprestigio visibilizada por la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, y el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Penal, José Antonio Ortega, quien de hecho interpuso una denuncia penal ante la PGR contra el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, desechada a los 15 días de haber sido admitida.
Bajo ese escenario, el viernes 15, el presidente de la CIDH, el estadounidense James Cavallaro, responsable de la Relatoría para México, admitió que "no hay condiciones" para alargar la presencia del GIEI, por lo que el organismo regional diseñará un nuevo mecanismo de supervisión de las recomendaciones que los expertos independientes hagan.
En la primera etapa de su mandato, de marzo a septiembre del año pasado, el GIEI propuso 20 recomendaciones para corregir la investigación, determinar responsabilidades y diseñar planes de búsqueda.
En espera de que se conozca el nuevo mecanismo de supervisión de la CIDH, Emiliano Navarrete insiste en la falta de voluntad política para resolver el caso Ayotzinapa.
EL EJE CRITICADO
Ciertamente, a lo largo de estos 17 meses, la discusión sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas se focalizó en el basurero de Cocula. Sin embargo, hasta ahora no está demostrado que ése haya sido el destino final de los estudiantes, no sólo porque los peritajes del GIEI y del EAAF lo han descartado, sino por la forma en que aparece por primera vez en el expediente.
De acuerdo con la averiguación previa, la primera mención no surge de declaraciones de los inculpados (Patricio Reyes Landa, "El Pato"; Jonathan Osorio, "El Jona", y Agustín García Reyes, "El Chereje", señalados por Jesús Murillo Karam en la conferencia de prensa del 7 de noviembre de 2014, cuando proclamó la "verdad histórica"), sino de una llamada anónima recibida el 26 de octubre, un mes después de la desaparición de los jóvenes.
La forma en que la Seido dio trámite a esta denuncia anónima es de llamar la atención, pues en el expediente están integradas decenas de llamadas anónimas y fotografías de narcomantas que no fueron investigadas.
La inconsistencia de la versión oficial y la insistencia en sostenerla pese a las pruebas científicas en contra llamaron poderosamente la atención de los integrantes del GIEI, contó la ex fiscal colombiana Ángela Buitrago en un acto organizado por el Colegio de México (Colmex) el jueves 21.
En la sesión de preguntas y respuestas al término de su conferencia "Ayotzinapa y el GIEI. Balance y lecciones", la colombiana resaltó que la versión del basurero de Cocula se sostiene en "cinco declaraciones contradictorias" con "grandes incongruencias", mientras que antes que éstas se tomaron declaraciones a otros siete inculpados que señalan como destino final de algunos de los estudiantes del cerro de Pueblo Viejo, en las inmediaciones de la colonia Guadalupe (Iguala).
Para los padres de los desaparecidos, como don Emiliano Navarrete, el tiempo no importa. Está convencido de que la verdad se conocerá a fuerza de no cejar en su lucha.
Fuente: Proceso publicado en la edición 2060, en circulación
Fuente: Proceso publicado en la edición 2060, en circulación
