La delincuencia organizada tiene repartidos todos los municipios de Guerrero o se los disputa, pero se fortalece aún más con extorsiones a los presidentes municipales y a los constructores que realizan obras del gobierno. Los más afectados, como siempre, son los pobladores. Por eso cobran dimensiones alarmantes las denuncias de dirigentes del PRD sobre los presuntos acuerdos del gobernador priista Héctor Astudillo con el crimen organizado para intercambiar apoyos electorales por impunidad.
MÉXICO, DF (Apro).- Convulsionado por el hallazgo de decenas de fosas clandestinas y la desaparición de los estudiantes normalistas, el estado de Guerrero enfrenta un "reacomodo" del crimen organizado a partir de que el priísta Héctor Astudillo llegó a la gubernatura el pasado 6 de junio.
Además, los nueve grupos criminales que se disputan el territorio siguen exigiendo a los alcaldes entrantes un "derecho de piso" de 15% de los fondos que les entrega la Federación; de lo contrario comienzan las amenazas, el cierre de los establecimientos que tengan y, finalmente, sus vidas penden de un hilo.
Es el caso del presidente municipal perredista de Pungarabato, Ambrosio Soto, quien le arrebató el municipio al PRI en junio pasado. Apenas asumió el cargo, Los Caballeros Templarios —que según un documento oficial no dominan esa zona— le exigieron 3 millones de pesos. Soto se negó a pagar.
Después de casi dos meses recibió la amenaza: o entregaba el dinero o "clausuraban" dos de sus comercios. El mensaje de texto fue el siguiente:
Buenaz nochez sr komo ezta? Oiga d favor ze le pidió d favor qce arrime a platikar, noc aarrimo, ez en buen plan i usted no kiere, me komenta mi apa q para mañana lunes kiere loz 3 millonez akordadoz, ia ez mucho tiempo, d lo kontrario si paza un día zera lo doble.
Soto volvió a negarse. El pasado lunes 23 Los Caballeros Templarios cerraron las dos refaccionarias del alcalde.
En entrevista con Proceso, Soto recuerda que cuando Carlos Navarrete era presidente nacional del PRD, le sugirió denunciar el caso ante Renato Sales, comisionado nacional de Seguridad. Así lo hizo y el funcionario se comprometió a tomar medidas preventivas, pero nada ocurrió. Ante la inacción de la autoridad federal, Soto puso "a disposición de la dirigencia nacional" del PRD la presidencia municipal, aunque sigue despachando en Ciudad Altamirano, en Pungarabato.
Agustín Basave y Beatriz Mojica, presidente y secretaria general del PRD, solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República medidas cautelares para el alcalde, además de hacer responsables a las autoridades federales de la vida de Soto y su familia.
Para este año la federación destinó a los 81 municipios de Guerrero poco más de 4 mil millones de pesos a través del Ramo 33. Si los extorsionadores demandan una cuota de 15%, esto implica que el gobierno federal "subsidia" al crimen organizado con 600 millones de pesos.
Esto, además de la cuota de 50 mil a 100 mil pesos que los delincuentes exigen a los pequeños comerciantes y al 20% que se les exige a los constructores por las obras estatales y federales que realizan en los municipios, como admiten algunos empresarios que pagan la extorsión con tal de seguir trabajando.
TEMPLARIOS, LA FAMILIA, GUERREROS…
Los peores enfrentamientos ocurren en dos de las seis regiones del estado: Centro y Tierra Caliente.
En el segundo, Guerreros Unidos entraron a disputar a La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios los territorios que dominaban.
En un mapeo elaborado por autoridades del estado y del cual Proceso tiene copia, se considera que, en Tierra Caliente, los municipios de Zirándaro y Coyuca de Catalán están controlados por Los Caballeros Templarios; Pungarabato, Tlalchapa, Tlapehuala y Arcelia por La Familia Michoacana, mientras que Cutzamala se la disputan Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana; y Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Teloloapan se los pelean La Familia Michoacana y Guerreros Unidos.
Constructores radicados en el estado y que han ganado licitaciones de obras estatales y federales, relatan que después de una semana que las bandas criminales detuvieron los trabajos, tuvieron que pagar 150 mil pesos en Tlalchapa. "Ahí fue La Familia", señala uno de los entrevistados.
Este semanario documentó el 26 de octubre de 2014 que la empresa Coconal denunció ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el secuestro de trabajadores, detención de obras y cobro de "derecho de piso" por el crimen organizado.
El alcalde de Pungarabato asegura que también sus ocho colegas de Tierra Caliente enfrentan la exigencia de pagar 15% de las participaciones federales del Ramo 33.
Explica que a su ayuntamiento le corresponden 21 millones de pesos de esa partida por año. El 15% es de 3 millones 150 mil pesos, pero por esta ocasión le exigieron sólo 3 millones.
Soto señala que la cuota de 15% de los fondos federales se pide "desde hace seis u ocho años; se están acabando la región y la gente no ha dimensionado este problema".
Relata que en Tierra Caliente se cometen secuestros, extorsiones, cierre de negocios y desplazamiento de ciudadanos. Revela que su municipio tenía más de 50 mil habitantes y ahora son 46 mil: "En lugar de crecer, decrece".
Preocupado, dice que si a él le han exigido esa cuota, a los comerciantes les piden de 50 mil a 100 mil pesos. "Amenazan, balacean el negocio o lo cierran. Por eso mucha gente se ha ido o ha cerrado sus negocios por sí misma".
Pese a que continúa ejerciendo la autoridad, Soto dice: "No puedo seguir así, no hay condiciones. ¿Pero qué hago? No voy a hacer tratos con ellos. ¿Si agarro dinero y el gobierno federal nos ve? Me va a pasar lo que al presidente de Cocula "(que fue detenido cuando estaba con miembros de Guerreros Unidos).
Si se suma el 15% que exige a las presidencias municipales, el 10% a los constructores de obra local e igual porcentaje a la obra estatal, el crimen organizado se lleva en Guerrero 35% del presupuesto.
‘JOSÉ’, ‘EL QUILLE’ Y ASTUDILLO
Las amenazas le llegaron a Soto de parte de quien se hace llamar "José", "El J", "José Pineda" o "Rodolfo Maldonado Bustos".
De acuerdo con el reporte de la Sedena fechado el 22 de octubre de 2012, "José Pineda González y/o Rodolfo Maldonado Bustos (a) Don José, es lugarteniente de Gregorio Abeja Linares alias ‘El Güero Abeja’, jefe regional de Tierra Caliente en Guerrero por parte de Los Caballeros Templarios". Ambos lograron huir de un operativo realizado el 16 de octubre.
Reportes elaborados por el gobierno del estado, fechados en octubre de 2015, ubican a "Gregorio Abeja Linares con el alias de ‘El Güero’ y como uno de los líderes de todo el grupo criminal luego de que Enrique Plancarte fue abatido, Servando Gómez detenido y José Samer abatido".
El mismo documento ubica a Euclides Camacho Goicochea, ‘El Quille’, como encargado de la Costa Grande de Guerrero, en el municipio de Atoyac de Álvarez. Otros lo ubican como "el operador financiero" de Los Caballeros Templarios.
"El Quille" es hermano del político ex perredista y hoy simpatizante del PRI Elí Camacho Goicochea, que de 2009 a 2012 fue presidente municipal de Coyuca de Catalán, y el 9 de octubre de 2012 aceptó que se vio obligado a realizar "acuerdos" con el crimen organizado, según reveló el corresponsal de Proceso en el estado, Ezequiel Flores.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
