El gobierno federal alardea de su lucha contra las desapariciones forzadas. Pero los hechos desmienten su retórica: No ha multiplicado los esfuerzos para encontrar a 26 mil personas, sino que ha reducido los equipos especializados. No ha fortalecido la búsqueda: ha sobrecargado a los agentes ministeriales. Y no mejora sus labores de inteligencia ni contrata a más especialistas, sino que toma decisiones mediáticas y descobija a unas víctimas para intentar tapar a otras.
El miércoles 4, a las nueve de la mañana, Lucía de los Ángeles Díaz acudió como cada mes a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), en la calle de López, a informarse de los avances en la indagatoria por la desaparición de su hijo Luis Guillermo Lagunes Díaz, ocurrida el 28 de julio de 2013 en Veracruz.
Representante del colectivo El Solecito de Veracruz, Lucía esperó dos horas a ser atendida junto con otros familiares de diferentes entidades, a quienes también acompañaban abogados de Fundar, Centro de Análisis e Información.
Les llamó la atención que los atendiera en persona Miguel Severino Chávez, encargado de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (antes llamada Unidad). De golpe les informó que tres de los agentes ministeriales que llevaban sus casos fueron comisionados a una nueva unidad de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, encargada de atender el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Esa determinación era producto de los acuerdos establecidos con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Uno de los reasignados era Benjamín Sánchez, quien indagaba la desaparición de Luis Guillermo. “Sin sensibilidad o mínima cortesía me dejaron sin Ministerio Público –cuenta Lucía-. Severino nos dice que fueron órdenes ‘de arriba’, que los mandaron llamar para que se fueran a la fiscalía (sic) de Ayotzinapa, y a mí no me dejaron ni un pedazo de papel para reportarme lo que se avanzó en este mes”.
Indignada, Lucía apunta en entrevista que el encargado de despacho justificó la omisión de avisar con anticipación a las familias afectadas. El funcionario dijo que la orden del subprocurador, Eber Omar Betanzos Torres, fue recibida un par de días antes de la reunión mensual, y que por eso no hubo tiempo de informar con tiempo.
Con esa determinación, apunta, “mínimo salieron afectados unos 80 casos, y además se llevaron a los mejores ministerios públicos. Indirectamente todo se reduce a que Ayotzinapa es prioritario”.
Lucía repite una y otra vez que ella no tiene nada contra los familiares de los normalistas. “Créeme, soy solidaria con Ayotzinapa, he marchado por los estudiantes, los he llorado, pero no es descobijando a unos como van a tapar a otros”.
Es la segunda vez que a Lucía le pasa algo similar en los dos años que lleva buscando a su hijo: Hace un año, tras el descubrimiento de fosas clandestinas en Iguala, el mismo Benjamín Sánchez fue enviado a Guerrero.
“Pasaron tres meses y mi asunto seguía sin ser atendido. Pedí audiencia con la entonces encargada de la Subprocuraduría, Eliana García, y presioné para que me regresaran a mi agente, a quien le tengo confianza y es muy activo, y me dijo: ‘Ese agente ya no sólo lleva su caso, sino 220 más’. Yo le respondí que no hay humano que se aprenda 220 nombres, mucho menos que pueda atender los casos.”
Después de que el miércoles 4 Lucía expresara su inconformidad, el subprocurador Betanzos le mandó decir con Ximena Antillón, de Fundar, que eligiera un agente para que llevara su averiguación. “¿Es como ir a una zapatería? ¿Va a haber pasarela? Y si elijo uno bueno, ¿después me lo van a quitar, cuando surja otro caso mediático? Se trata de la vida de mi hijo y de cientos de personas”.
Como la inconformidad seguía y era generalizada, el propio Eber Betanzos llegó a disculparse y a explicar que el movimiento de personal se debía a la obligación de cumplir con el acuerdo firmado con el GIEI el 19 de octubre en Washington. En ese pacto el Estado mexicano se comprometió a trasladar el caso de los 43 estudiantes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la de Derechos Humanos, y crear una unidad para llevar a cabo las investigaciones.
El viernes 6, los integrantes del GIEI confirmaron que la víspera se había creado la Unidad Especial para Ayotzinapa, y que de entrada “va a tener cuatro funcionarios, pero se han proyectado 33” (Proceso 2036).
De acuerdo con información obtenida por este semanario, Betanzos no detalló al GIEI cuántos serían agentes ministeriales, cuántos policías de investigación y cuántos ocuparían otros puestos.
“Si Betanzos quería crear en los familiares un sentimiento contrario a los padres de los 43, no lo consiguió –apunta Ximena Antillón, presente en la reunión–. Los familiares que acompaña Fundar, de Guerrero, Veracruz, Michoacán y Sinaloa, entendieron que el problema no es Ayotzinapa ni el GIEI: Es la PGR, que no ha dimensionado el problema. ¡Estamos hablando de 26 mil desaparecidos!”
Recuerda que, en mayo de 2013, en una reunión con madres de desaparecidos que se pusieron en huelga de hambre frente a la PGR, el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, se comprometió a crear la Unidad (“que ya sabíamos que se iba a formar”) y que cada agente del Ministerio Público “no llevaría más de 10 casos”.
“Hoy hay 21 agentes del Ministerio Público y sabemos que al menos hay mil averiguaciones previas –apunta la defensora–. Estamos hablando de una unidad o fiscalía que no tiene ni un dron, apenas tiene tres vehículos y carece de tecnología para búsqueda de personas, sin contar con que muchas de las diligencias tiene que solicitarlas a otras dependencias de la PGR, que responden cuando quieren.”
La profundidad del problema
Michael Chamberlain, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, en entrevista por separado asienta: “Los agentes del Ministerio Público nos han confesado que para atender no los 26 mil desaparecidos sino las mil averiguaciones previas, necesitarían al menos 150 agentes y tienen 21, sin olvidar que la Unidad llegó a tener 30, número que se redujo a la llegada de Arely Gómez. Ahí se advierte cuál es la importancia que le da este gobierno al asunto”.
Chamberlain admite que hay funcionarios que “sí trabajan, pero lamentablemente lo llegan a hacer mal. Hay un caso reciente –que podríamos pensar que fue exitoso– de una menor que fue enganchada por Facebook en Querétaro y que fue rescatada dos meses después en Tapachula, Chiapas. Pero resulta que la menor estaba en una casa de seguridad donde había más niños y niñas que estaban siendo víctimas de trata, pero los agentes de la PGR sólo rescataron a la chica por la que había una denuncia, a los demás los dejaron en el abandono”.
Si esos yerros ocurren en la búsqueda, que es la función de la actual Fiscalía, en el rubro de acceso a la justicia la situación empeora, abunda Chamberlain. “Nosotros llevamos 75 casos y sólo conocemos el de un desaparecido en Coahuila en 2011 por el que fueron detenidas dos personas, en Coahuila”.
El defensor resalta que desde que se creó la Unidad, los familiares y las organizaciones han pugnado por un grupo de agentes que se encarguen del contexto en que ocurren las desapariciones, “así, en lugar de que se busque a uno por uno, un agente puede llevar casos en los que hay conexión. Sin embargo, no quieren hacer las conexiones porque entonces se demostraría lo que las organizaciones hemos denunciado durante años: que las desapariciones no sólo son generalizadas sino sistemáticas, en las que muy seguramente hay responsabilidad de agentes del Estado, y quien menos quiere saberlo es la PGR”.
El martes 10, familiares de los desaparecidos organizados en al menos 35 colectivos y aglutinados en el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, hicieron pública su inconformidad por el “retroceso en las investigaciones” que estaban siendo llevadas en la Fiscalía Especializada, agravado por la canalización de agentes ministeriales a la Unidad Especial para Ayotzinapa.
En una carta enviada a la procuradora Arely Gómez, califican de insuficiente la respuesta que el subprocurador dio a sus reclamos, al regresar a la Fiscalía a sólo una de las agentes comisionadas al caso Ayotzinapa.
Los integrantes del movimiento recordaron a Gómez que el “Estado tiene la obligación de generar condiciones para que la búsqueda de los estudiantes desparecidos brinde resultados, al igual que en todos los miles de casos de personas desaparecidas en nuestro país”.
Pero los desatinos continuaron. El miércoles 11 agentes del Ministerio Público Federal asignados a la Fiscalía Especial faltaron a una reunión con familiares de víctimas en Querétaro, donde además estaban citados representantes de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la procuraduría queretana.
“La reunión estaba fijada a las 10 de la mañana –cuenta Brenda Rangel, representante del colectivo Desaparecidos Justicia A.C. y quien busca a su hermano Héctor desde 2009–, pero no acudieron los de la Fiscalía. Llamé por teléfono, y me dijeron que los agentes estaban en Iguala y Tamaulipas, así que empezamos la reunión sin la parte más importante, los agentes que nos darían información de las investigaciones.”
Brenda detalla que su organización representa 23 casos, todos inscritos en la Unidad Especial de Búsqueda y ahora en la Fiscalía “me pidieron que comprendiera su situación, que estaban saturados, pero lo que nos preocupa es que no sabemos dónde están dejando todas las averiguaciones”.
Al igual que Lucía de los Ángeles Díaz, Brenda insiste en que no tienen “nada en contra de las víctimas ni los familiares de Ayotzinapa, simplemente pedimos que se nos dé la atención a todas las víctimas”.
Enlazados en un chat colectivo, Brenda pronto se enteró que a Iguala no llegaron ministerios públicos de la Fiscalía Especializada. Así lo confirmó a los integrantes del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México Mario Vergara, representante de Los Otros Desaparecidos de Iguala, y quien busca a su hermano Tomás desde 2012.
En entrevista, Mario da cuenta del abandono en el que la PGR dejó los casos, incluso los más mediáticos, como los ocurridos en Iguala.
“El domingo 8 subimos al cerro, encontramos un cementerio clandestino, escarbamos y encontramos restos, creemos que hay unas ocho fosas. Llamamos a la PGR y hasta ahora (viernes 13) no han venido ni siquiera a resguardar los huesos, contrario a lo que indica su propio protocolo.
“El martes 10 no llegaron los de la PGR a la reunión semanal que tenemos en nuestra organización, y a la que cada semana solían asistir para darnos avances de las 190 averiguaciones previas de familiares que se atrevieron a denunciar y que lleva un solo agente del Ministerio Público.”
Vergara, quien es beneficiario de medidas cautelares del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (Proceso 2030), asegura que cuando surgió la versión de que los estudiantes de Ayotzinapa podrían haber sido sepultados en Carrizalillo –a una hora de Iguala– todas las fuerzas federales se dirigieron a esa zona, descobijando los demás casos.
Molesto por el trato, dice convencido: “Ahora que encontremos restos vamos a decir: ‘Aquí puede estar un estudiante’ para que regresen a vernos, porque para el gobierno en México sólo hay 43 desaparecidos, y no quiere reconocer la dimensión del problema”.
