La “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, presentada el pasado enero por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, y que concluye que los 43 normalistas fueron incinerados en un basurero de Cocula, se armó al vapor y basándose en párrafos de literatura científica sacados de contexto. Está llena de datos falsos, salpicada de omisiones y suposiciones. Y cuando los testimonios y los estudios serios empiezan a demoler las increíbles hipótesis de la PGR, o cuando algunos indicios apuntan hacia el ámbito militar, se recurre a las amenazas y al hostigamiento de testigos.
MÉXICO, DF (Apro).- El Gobierno Federal hizo cuadrar los hechos que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó como la "verdad histórica" del caso Ayotzinapa y borró evidencias que incriminaban a instancias federales en la desaparición de los 43 normalistas.
Se usaron maniobras como amenazar a testigos clave para que se retractaran de lo dicho inicialmente a Proceso, falseamiento de bitácoras oficiales y manipulación de estudios científicos contenidos en los peritajes.
Datos recabados para esta investigación dan cuenta de que distintas dependencias estatales y federales también entregaron a periodistas información oficial falseada o mutilada, cuando no pudieron evadir las leyes de transparencia. Además hubo un intento del Ejército por quedarse con el video que implica a personal del 27 Batallón de Infantería en los hechos de Iguala.
Estos datos son independientes al Informe Ayotzinapa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que entre otras cosas encontró: uso generalizado de tortura a los presuntos perpetradores (cuyas versiones de los hechos no concuerdan); borrado de los expedientes de uno de los autobuses atacados esa noche y destrucción de un video con imágenes de ese camión; así también las diligencias no hechas o realizadas hasta que el grupo lo sugirió: toma de declaraciones de importantes testigos, peritajes a los autobuses o estudio de las ropas halladas en esos vehículos, entre otras.
Dos testigos a quienes la PGR silenció fueron los empleados del servicio de limpia del municipio de Cocula, Rosi Millán y Wenceslao Rifas, tripulantes del camión recolector que lleva la basura al tiradero municipal donde supuestamente incineraron a los normalistas. Su testimonio apareció en la página de internet de Proceso el 29 de octubre del año pasado; afirmaron que aproximadamente el día 23 —una semana antes de que la PGR anunciara que los 43 podrían haber sido cremados ahí—, militares les impidieron el paso argumentando razones de seguridad.
Ambos aseguraron que siguieron usando el tiradero desde el día de la supuesta quema de los 43 y durante casi un mes, y nunca se percataron de que en ese lugar hubiera habido algún hecho extraordinario. Parte de su trabajo consistía en vigilar de lejos el basurero para detectar cualquier humo.
NO HUBO FUEGO
Millán insistía en que la noche del 26 de septiembre no hubo fuego; llovía y él no vio humareda alguna.
Sin embargo, en la conferencia de enero de este año, en la cual la PGR presentó su "verdad histórica" sobre el destino de los normalistas, el entonces procurador Jesús Murillo Karam mencionó un testimonio de los recolectores de basura opuesto a esa primera versión: en ésta, los dos empleados municipales habrían dicho que narcotraficantes les impidieron el paso y que por miedo habían dejado de usar el basurero.
Esta reportera visitó varias veces Cocula para reconfirmar esa nueva versión. Una vez la casa de los Millán estaba cerrada; una segunda vez, la familia entera mintió y negó que Rosí estuviera ahí. Su madre y hermanos se notaban asustados. Él estaba escondido. Cuando se decidió a salir, temblaba. Antes de negarse a dar la entrevista dijo: "No voy a hablar, porque luego me acusan de mentiroso".
Su miedo tiene explicación: el 2 de noviembre, cuatro días después de la publicación de su testimonio, personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) trasladó al Distrito Federal a los dos empleados municipales y los sometió a dos días de interrogatorios sin darles comida.
Les preguntaron los hechos, les mostraron un ejemplar de la revista Proceso y los amenazaron. Una persona cercana a ellos revela que en la SEIDO les dijeron que "si no recordaban" y "si no dejaban de decir mentiras" iban a terminar presos en Nayarit con los funcionarios y delincuentes de Guerreros Unidos.
Entonces declararon lo contrario. Este dato fue confirmado por dos fuentes.
A ambos les hicieron firmar papeles cuyo contenido desconocían. Wences —ayudante de Rosí— no sabe leer. Cuando fue entrevistado por un grupo de reporteros este año, seguía sosteniendo que en el basurero no hubo incineración. De los militares nada dijo.
Ese no fue el único operativo para silenciar testigos o borrar evidencias.
TAMBIÉN LA SEDENA
Tras darse a conocer el Informe Ayotzinapa, donde se mencionan los documentos que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) les entregó a los expertos del GIEI, queda al descubierto que la dependencia respondió a las solicitudes de información pública con informes mutilados o datos falsos.
En su edición 2003 de este semanario se publicaron las bitácoras del Ejército sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala. Desde ahí se evidenciaban varios errores: uno de ellos fue el borrado de los croquis de la escena del crimen de un quinto camión tomado por los normalistas y que —confirmó la investigación del GIEI— fue borrado de todas las diligencias ministeriales de la PGR y pudo haber sido la causa del feroz ataque contra los estudiantesm pues podría haber estado cargado de heroína.
También el reporte sobre el normalista Julio César Mondragón, encontrado por el Ejército muerto y torturado, tenía datos falsos, como el lugar de su hallazgo.
Los reportes del personal de Inteligencia Militar que testificó cómo los normalistas eran atacados tampoco fueron entregados.
Desde que se recibió esa información se metió un recurso de inconformidad ante la Sedena por la información falseada e incompleta que había entregado y porque no aparecían otros elementos que se sabía que existían, como las fotografías tomadas por los militares a los estudiantes que encontraron escondidos en el Hospital Cristina la noche del 26 de septiembre.
En octubre, en entrevista realizada por esta reportera, el médico Ricardo Herrera, director de dicho hospital, informó que días antes personal del Ejército se había presentado a pedirle los videos de las cámaras de seguridad de su clínica. Según su testimonio, su cámara estaba descompuesta y no grabó nada.
En la entrevista publicada el 11 de octubre en este semanario (Proceso 1980) él defendió la actuación de los militares y el buen trato que le dieron a los estudiantes.
El Informe Ayotzinapa del GIEI revela que antes de rendir su declaración judicial, ese médico había sido invitado a la sede del 27 Batallón por el general Alejandro Saavedra, entonces comandante de la 35 Zona Militar, de Chilpancingo, y responsable del cuartel de Iguala. No se sabe de qué hablaron.
Las bitácoras del C-4 (Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo) obtenidas y publicadas por Anabel Hernández y Steve Fisher (Proceso 2027) también muestran que la información fue mutilada y dista de la que ese mismo órgano entregó a los expertos del GIEI.
CIENCIA A CONVENIENCIA
Personal de la PGR también manipuló los peritajes realizados en el basurero de Cocula para que cuadraran con la versión presentada por Murillo Karam.
Ya antes el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), coadyuvante del caso por parte de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, había señalado que no había evidencia que ligara al basurero de Cocula con el pedazo de hueso recuperado del río San Juan, con el que se identificó al normalista Alexander Mora Venancio y cuyo hallazgo sustentaba la versión de Murillo sobre la incineración de los 43.
Los expertos argentinos, inconformes con la versión oficial, informaron que no tenían certeza de dónde fue obtenido el hueso de Alexander, por la falta de la cadena de custodia que certificara su origen y las manos por las cuales había pasado. También denunciaron que la PGR había compilado evidencias sin avisarles.
No es el único caso de manipulación. El peritaje al basurero contiene ejemplos similares.
Aunque la PGR informó que la detención el 16 de octubre del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, aportó pistas para concluir que los estudiantes habían sido asesinados en el basurero e incinerados, uno de sus oficios (el número 82867) menciona que desde el día 14 ya se había solicitado personal para que acudiera a inspeccionar el basurero. Dos semanas antes de que Murillo Karam lo anunciara a los medios.
En los peritajes a los que este semanario tuvo acceso se lee cómo se fue engarzando "la verdad histórica". De cada hallazgo, fuera un hueso, una lata de aluminio quemada, un casquillo percutido, una roca fragmentada, se sacó como conclusión que el asesinato y la incineración de los estudiantes sí podían haber ocurrido, aunque no parece haber elementos científicos que concatenaran esos hallazgos.
En los peritajes se mencionaba que las osamentas encontradas, los casquillos, las llantas podrían haber correspondido a otros eventos. Eso no se mencionó en la versión de la PGR.
El basurero —según quedó asentado en un acta ministerial— fue protegido por personal militar y policías ministeriales federales.
Aunque se solicitó al Instituto de Biología de la UNAM el estudio de las plantas existentes en el basurero, con el que colaboró para sustentar la versión de la PGR, éste respondió que era confidencial. Con maniobras como éstas se fue armando la "verdad histórica".
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
