Jesús Cantú - Proceso
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La característica distintiva de la
Procuraduría General de la República en este sexenio es la elaboración
de investigaciones que inculpen y exculpen de acuerdo con su
conveniencia. Esa justamente ha sido la tónica en todas las ejecuciones
extrajudiciales disfrazadas de enfrentamientos en casi todos los casos
–Tlatlaya, Tanhuato y Apatzingán, entre los más relevantes–, y son los
medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil los que
han aportado elementos incontrovertibles que los obligan a revisar su
“verdad jurídica”.
El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa tuvo características peculiares, distintas a los otros tres casos citados, porque lo primero que se conoció fue la agresión contra el autobús en el que viajaba el equipo de futbol Los Avispones; luego, la denuncia de la desaparición de los estudiantes, que se pretendió desacreditar de inmediato porque aparecieron algunos de los presuntamente desaparecidos; y finalmente construyeron la versión que les permitiera liberar de cualquier responsabilidad a la Policía Federal y al Ejército, así como decretar la culpabilidad del alcalde de Iguala y su señora, lo mismo que de las policías municipales de Iguala y Cocula.
Para sustentar dicha versión tuvieron que inventar (como hoy queda ya
demostrado en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes –GIEI– de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos)
que el Ejército y la Policía Federal fueron totalmente ajenos a los
hechos, que ni siquiera supieron de los mismos en el momento en que
estaban ocurriendo; y, desde luego, lo más inverosímil, que los cuerpos
de los 43 normalistas habían sido cremados en una pira en el basurero de
Cocula.
Dicha especie era el fundamento para que el presidente Enrique Peña
Nieto anunciara sus 10 medidas contra la inseguridad, en las que incluyó
la desaparición de las policías municipales y el establecimiento del
mando único estatal; pero también para salvaguardar la imagen de las
Fuerzas Armadas y la Policía Federal y evitar que la desaparición
afectara al presidente, al gobierno federal y al mismo PRI que, cobijado
por la “verdad histórica”, logró recuperar el gobierno de Guerrero.
En este caso, el escándalo nacional e internacional era tal que el
gobierno tuvo que convocar al GIEI, pensando que la PGR había elaborado
una versión sustentable e integrado un expediente presentable; pero el
GIEI echó por tierra la versión y despedazó la averiguación previa. Dos
de los tres principales señalamientos ya habían sido ventilados en los
medios de comunicación masiva con elementos muy sólidos: el conocimiento
en tiempo real de los acontecimientos por parte del Ejército y la
Policía Federal (Proceso 1978, 1989, 1990, 1992, 2015 y 2027); la
imposibilidad de que los cuerpos hubiesen sido incinerados en el
basurero (Proceso 1985 y 1990); y la existencia de un quinto autobús,
que eventualmente transportaba droga y que los estudiantes secuestraron
sin saberlo, hecho que despertó la reacción de la delincuencia
organizada –el único aspecto que no había sido analizado profundamente.
En el caso Tlatlaya la PGR tuvo que modificar su versión inicial y
aceptar que los presuntos delincuentes sí fueron ejecutados; pero
todavía hoy se empeñan en exculpar a los mandos superiores, a pesar del
devastador informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en
relación con que la instrucción de ejecutar a los presuntos
delincuentes viene de la cúspide de la cadena de mando, es decir, desde
el mismo secretario de la Defensa Nacional. Si hoy una comisión de
expertos revisara dicho expediente y pudiera emprender pesquisas como
las efectuadas por la GIEI en el caso Ayotzinapa, seguramente también
destrozaría dicho expediente. En el caso de las matanzas de Apatzingán y
Tanhuato, Michoacán, el asunto es todavía peor, pues ni siquiera han
aceptado que no fueron enfrentamientos, sino ejecución extrajudicial de
víctimas desarmadas.
La gran diferencia en estos cuatro casos es que únicamente en el de
Ayotzinapa, por la presión pública nacional e internacional, el gobierno
tuvo que abrirse a un escrutinio externo, y éste confirmó lo que ya
había sido denunciado por expertos y los medios nacionales; pero en los
cuatro, la supuesta verdad jurídica de la PGR es insostenible.
En estos momentos las únicas consecuencias de dicho informe son sobre
la opinión pública, y obligaron de inmediato a Peña Nieto a ordenar
atender el informe; sin embargo, las autoridades responsables de las
investigaciones de inmediato respaldaron su versión. Primero fue Felipe
de Jesús Muñoz, titular de la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de la Delincuencia Organizada, quien el mismo lunes por la
mañana afirmó en una entrevista en Radio Fórmula que los cuerpos sí
fueron cremados en el basurero; y, posteriormente, el miércoles 9 de
septiembre, altos mandos de la Comisión Nacional de Seguridad
consultados por Reforma señalaron que “la Policía Federal no tiene
acreditada la intercepción por parte de elementos de dicha corporación”
del quinto autobús, según publicó el diario en su edición del jueves 10
de septiembre.
Así que todo indica que, a pesar de la existencia de un informe
pormenorizado de un grupo de expertos internacionales, la PGR y las
distintas corporaciones de seguridad involucradas sostendrán su versión
por inverosímil que resulte.
No obstante, las consecuencias internacionales para el Estado
mexicano serán funestas, tanto por el impacto en la opinión pública y
sus efectos devastadores en el ámbito económico –lo han venido
expresando con toda claridad diversos analistas– como en las cortes
internacionales, pues es un hecho que si no hay una modificación radical
de la “verdad oficial” el asunto terminará en los tribunales
internacionales (Corte Interamericana de Derechos Humanos y Corte
Internacional de Justicia de La Haya), los que sí tomarán muy en cuenta
el informe del GIEI.
El informe de este grupo de expertos internacionales no tendrá hoy en
México el impacto que tuvo en Guatemala la actuación de la Comisión
Internacional contra la Impunidad, porque sus atribuciones son muy
diferentes (en el país centroamericano la Comisión puede querellarse
directamente ante las instancias del Poder Judicial, y aquí el GIEI
simplemente emite una opinión sin ninguna consecuencia jurídica
inmediata); pero en el mediano y largo plazos las repercusiones para
México pueden ser muy graves, por el empecinamiento y el cinismo del
presidente y su gabinete de integrar investigaciones amañadas pese a las
contundentes evidencias que las desmienten.
Este análisis se publicó en la edición 2028 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
Fuente: Proceso
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