En las proyecciones hechas por el gobierno federal previamente a la
primera licitación de la Ronda Uno –en la que la Comisión Nacional de
Hidrocarburos buscaba colocar un primer paquete de 14 contratos de
exploración en aguas someras–, por cada bloque licitado se esperaba una
inversión media de 1.3 mil millones de dólares, así como la creación de
45 mil puestos de trabajo directos y 123 mil indirectos. La adjudicación
de todos los bloques involucraría poco más de 18 mil millones de
dólares. El fracaso de ésta es sólo uno de los que en cascada resentirá
la economía en lo que resta del sexenio
Márcos Chávez - Contralinea
El cántaro cayó. ¡Pobre Lechera!
¡Qué compasión! Adiós leche, dinero,
huevos, pollos, lechón, vaca y ternero.
¡Oh loca fantasía!
¡Qué palacios fabricas en el viento!
Modera tu alegría,
no sea que saltando de contento,
al contemplar dichosa tu mudanza,
quiebre su cantarillo la esperanza.
No anheles impaciente el bien futuro;
mira que ni el presente está seguro.
Félix María de Samaniego (1745-1801), La lechera
Simbólica y cuantitativamente, el
resultado arrojado por la primera de las cinco licitaciones de la
llamada Ronda Uno de la reprivatización petrolera, dadas las
expectativas depositadas en ella, representa un trago amargo para el peñismo, altamente viscoso, denso, indigesto.
“No tuvo el impulso que estábamos
esperando”, admiten desconcertados Juan Carlos Zepeda, presidente de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y Lourdes Melgar,
subsecretaria de Energía, dos de los operadores de la desestatización
petrolera. Fue “decepcionante”, conviene la empresa Moody’s, acusada de
utilizar el terrorismo económico global. Folclóricamente
dice Rubén Cruz, de la firma KPMG: “Sí hubo baile porque se recibieron
posturas; fue la gente, estuvo concurrida, pero no todos bailaron”.
Escueto, Jan Martínez anota en El País: es un “fracaso”. “Luis Videgaray ha recibido una nueva estocada. Sus grandes cálculos han quedado jibarizados. Los 18 mil millones de dólares de inversiones que se esperaban de los contratos se han quedado en apenas 2 mil 600 millones.”
El desconsuelo de Zepeda, Melgar y otros,
empero, es relativo. A mediados de enero, Videgaray vislumbraba el
“fracaso”, cuando aceptaba que al “menos ocho y hasta 58 bloques
exploratorios, que involucran desde 1 hasta 48 por ciento de los
recursos prospectivos petroleros proyectados para licitarse en la Ronda
Uno podrían dejarse para rondas posteriores por los bajos precios
internacionales del crudo”. Entre ellos consideraba a los recursos
llamados no convencionales o shale. Después, posiblemente se agreguen las subastas de Chicontepec, aguas profundas y extrapesados.
Lo que Videgaray no puede quitarse es la “nueva estocada”. Ni las subsecuentes. Entre ellas las asociadas a la volatilidad cambiaria.
Videgaray ha declarado que el alza del
precio del dólar estadunidense no afectará la deuda externa del país,
pues en su mayoría (el 78 por ciento) está contratada en pesos mexicanos
y el resto en dólares, euros, yenes y libras esterlinas.
No obstante, cualquier modesto estudiante
de economía sabe que la depreciación (10 por ciento en lo que va del
año, hasta el 24 de julio) e inestabilidad cambiaria tiene diversas
implicaciones: a) obliga a los deudores a destinar más pesos por cada
dólar por concepto de intereses y el principal de los pasivos foráneos.
Esa situación explica, en parte, que los intereses pagados de la deuda
externa del sector público aumentaran 32 mil millones de pesos en mayo
de 2014 a 52 mil millones de pesos en el mismo mes de 2015, 20 mil
millones de pesos más, 63 por ciento más en términos reales. Los del
gobierno federal pasaron de 21 mil millones de pesos a 26 mil millones
de pesos, 4.5 mil millones de pesos o 21 por ciento adicionales. En el
contexto de la pérdida drástica de ingresos petrofiscales y el
desinterés de Enrique Peña Nieto y Videgaray por buscar fuentes alternas
de recursos, diferentes al mayor endeudamiento interno y externo
observado, se tendrá que recortar aún más el gasto programable para
cubrir los crecientes intereses señalados; b) amplía el déficit
comercial debido al incremento de las importaciones; c) provoca
presiones inflacionarias. Si Agustín Carstens dice, con tecnócrata alivio,
que no existen alza de precios por la depreciación cambiaria, si es que
los consumidores le creen, ello se debe a la reducción de la capacidad
de consumo; d) un menor consumo tiene su correlato en la debilidad de la
demanda efectiva, de la inversión y el crecimiento económico; e) genera
un ambiente de incertidumbre que afecta a la actividad empresarial; f)
la volatilidad cambiaria es una manifestación de especulación de los
flujos de capital de corto plazo, la cual ha contaminado a los mercados
financieros locales y al sector real de la economía.
A Enrique Peña, Luis Videgaray y Agustín Carstens aún les faltan otras “estocadas”.
Entre ellas, el alza en los réditos manejados por la Reserva Federal
estadunidense, que atizará el torbellino de la esquizofrenia financiera
global.
Pero mientras llega ese momento que eclipsará aún más la estrella polar
gubernamental, las autoridades tendrán que terminar de digerir el
sulfuroso trago petrolero de la Ronda Uno y de las subsecuentes.
Porfirio Díaz y José Yves Limantour reciclados
Para la elite dominante era fundamental
que la primera licitación fuera exitosa. Porque, emblemáticamente, la
medida representaba el penúltimo paso que no se atrevieron, o no
pudieron, dar los gobernantes anteriores, de Miguel de la Madrid a
Felipe Calderón: acabar con el monopolio público sobre los recursos
petroleros; abrir completamente la industria petrolera al capital local y
foráneo, que será el garante de la soberanía energética; impulsar la
máxima explotación de las reservas al margen de las necesidades de
desarrollo nacional. Ese proceso será coronado con la nada sorprendente
próxima desaparición de Petróleos Mexicanos (Pemex), debido a la
corrupción y el saqueo fiscal que le han dejado altamente endeudado y en
la ruina operativa y financiera.
Dicha licitación era considerada como trascendental en la regresión neoliberal de las manecillas del reloj
de la historia. Implicaba retroceder definitivamente en 77 años, antes
de la nacionalización del 18 de marzo de 1938, promovida por Lázaro
Cárdenas, de acuerdo con la ley de expropiación de 1936 y del Artículo
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, y
que recuperaba el petróleo para la nación, el cual estaba en manos de
empresas extranjeras como Royal Dutch Shell, la Standard Oil
Company-Amoco Co y la California Standard Oil Company of Mexico-Chevron
Co, entre otras.
Representaba el retorno al modelo
extractivista de enclave, de sobreexplotación de los recursos naturales
del régimen de Porfirio Díaz, su ministro hacendario José Yves Limantour
y su Ley del Petróleo del sacrosanto 24 de diciembre de 1901, ahora
encarnado por Peña Nieto, Videgaray y la contrarreforma publicada el 21 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, la cual vuelve a dar vía libre al capital privado, nacional y trasnacional, a la explotación de los hidrocarburos.
La coartada empleada para la
desestatización petrolera, para entregarla al pillaje y el saqueo, es
que México está anclado hace 30 años en un ciclo de crecimiento bajo,
por lo que se necesita la entrada masiva de capital para acelerar el paso.
Al cabo, el empresariado mexicano ha
defraudado la confianza de los gobiernos neoliberales. Parasitariamente
se ha comportado como el verdadero crimen organizado. Peor que el Chapo
y demás narcotraficantes. Claudio X González, un ejemplar de ellos,
prefiere dedicarse a un curioso deporte: la promoción de la persecución
de maestros, la destrucción de sus organizaciones y sus conquistas
sociales, de su represión, encarcelamiento y –¿por qué no?– la caza de
algunos de ellos para doblegarlos, debido a su osada por oponerse a la
conversión de la educación en un jugoso negocio.
En la Ronda Cero se permitió que Pemex
conservara el control del 83 por ciento de las llamadas reservas 2P
(aquellas cuya posibilidad de recuperación es alta, pero no lo
suficiente como para ser consideradas probadas –las casi seguras, pues
tienen al menos un 90 por ciento de probabilidad de recuperar el volumen
declarado o un porcentaje superior, es decir, en las que se puede
obtener al menos un 50 por ciento de las suma de probadas y probables–,
equivalentes a unos 20.6 mil millones de barriles de petróleo crudo
equivalente (mmbpce).
En la Ronda Uno, según la Comisión
Nacional de Hidrocarburos, se subastaron 14 bloques en aguas someras del
Golfo de México, integrados por 109 campos para exploración, con un
volumen estimado de 14.6 mmbpce, y 60 campos de extracción, con reservas
2P calculadas en 3.8 mmbpce.
Los contratos son de participación
compartida en la renta con el Estado y permiten una inversión adicional,
por encima del compromiso mínimo establecido para cada área.
Fiscalmente estarán gravados con una tasa de 30 por ciento del impuesto
sobre la renta –la tasa máxima es de 35 por ciento para los de ingresos
anuales de 3 millones de pesos–, una cuota contractual para la fase
exploratoria (1mil 150 pesos por kilómetro cuadrado en los primeros 60
meses y 2 mil 750 pesos en adelante) y un impuesto por la actividad de
exploración y extracción (1mil 500 pesos por kilómetro cuadrado en
exploración y 6 mil pesos por la extracción). El límite máximo del costo
de recuperación es fijado en 60 por ciento de los ingresos en un
periodo, con el objeto de garantizar un flujo temprano de recursos para
el Estado.
Por cada bloque licitado se esperaba una
inversión media de 1.3 mil millones de dólares (mmd), 45 mil puestos de
trabajo directos y 123 mil indirectos. Globalmente, en las cuentas alegres,
la adjudicación de todos los bloques involucraría poco más de 18 mmd.
La Secretaría de Energía había aventurado la cantidad de 12.6 mmd.
La confianza peñista descansaba en
diversos aspectos. Los costos de extracción en aguas someras son menores
a los 20 dólares por barril (db) antes de impuestos –dese enero el
precio medio de la mezcla mexicana de exportación se recupera y se ubicó
en abril en 50 db–, comparado con el de aguas profundas, calculados en
60-70 db. Los bloques citados se encuentran en una zona donde Pemex
había trabajado. Se dispone de infraestructura. Las reservas petroleras
son probadas. El crudo es ligero. Los pozos requeridos no son profundos
(se estiman en menos de 500 metros). El plazo de concesión es 30 años,
con dos potenciales prórrogas de 5 años. Se excluye la participación de
Pemex. En general, esos y otros factores ofrecen un alto grado de éxito
para las empresas –se estima una producción media de 125 mil barriles
diarios–, si bien las ganancias esperadas se reflejarían en el mediano
plazo, hasta el momento de producción real y las ventas.
Es cierto que las empresas preferirían
ser propietarias de los yacimientos o de Pemex, y los contratos no les
otorgan esos derechos y, eventualmente, pueden ser obligadas a devolver
al Estado las áreas concesionadas, en caso de incumplimiento de alguna
de las cláusulas acordadas. No obstante, serán dueñas de los
hidrocarburos extraídos, una vez descontada la parte en especie que
corresponderá al Estado. El tiempo de las concesiones es suficiente para
agotar los yacimientos, sin importar el futuro de la nación que perderá
una parte importante de la renta petrolera, sin la interferencia
pública en los planes, ritmo de extracción o la fijación de precios. Las
cargas fiscales no son excesivas y con la creatividad contable
pueden reducirla. En un país donde las firmas hacen lo que quieren con
las normas de seguridad industrial y protección ambiental –recuérdese el
caso de las mineras– tampoco representa un problema. El porcentaje de
contenido nacional para el sector energético es reducido de 35 a 25 por
ciento para la etapa de desarrollo, para no importunar al cliente, según
Carlos González, de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación, quien se queja amargamente de la medida, pues afectará a
los proveedores locales. Peor aún, añade González, la proporción será
todavía menor, ya que a ese concepto se le podrán descontar los gastos
por aportaciones culturales y tecnológicas y donaciones que haga un
contratista, asignatario, permisionario y proveedor en el territorio
nacional; y las multas por incumplimientos son mínimas. Hace 30 años,
agrega, el mínimo de contenido nacional era de 58 por ciento.
Bajo esa lógica de la irracionalidad
extractivista con que se explotarán los hidrocarburos, se esperaba la
colocación de al menos el 30 por ciento de los bloques (cinco bloques o
más). En un arranque de euforia, incluso se llegó a hablar de un 70 por
ciento (10 bloques), como lo logró Colombia en 2007.
Sin embargo, la necia realidad impidió una estruendosa celebración.
El “día histórico”: el gozo se fue al pozo
La apreciación de Rubén Cruz sobre el baile es defectuosa.
Como dice en español Jan Martínez,
“México abrió la puerta a la historia, pero casi nadie entró”. En ese
sentido, es válido calificar la subasta como un fracaso temporal.
Sí hubo fiesta, pero fue desairada y desangelada. Muchos se interesaron por asistir al bailongo.
Sobre todo después que en diversos países como Rusia, Venezuela,
Bolivia, Ecuador o Argentina, por citar a algunos, los gobiernos
democráticos los han expulsado para recuperar su soberanía energética y
les han impuesto reglas inadmisibles que coartan su libertad para
apropiarse de la renta petrolera, dilapidar las reservas o destruir la
naturaleza a cambio de unos cuantos mendrugos fiscales.
Un convite voluntario a la nostálgica
reprivatización petrolera es inusual en estos tiempos y, por tanto,
seductoramente irresistible.
No obstante, la concurrencia fue escasa, los bailarines menos, y quienes participaron y ganaron en el espectáculo no fueron precisamente los más diestros.
Extrañamente –para los anfitriones y sus publicistas, por supuesto–, muchos llegaron a la entrada del salón de fiesta, se asomaron y desertaron. Uno de ellos fue Pemex.
Quizá porque supusieron que los dados estaban marcados.
Inicialmente, 49 empresas muestran su interés por la venta de cochera, entre ellas algunas de las petroleras del top global:
Shell, Chevron, Exxon, British Petroleum; 41 solicitan acceso a la
información; 25 son preclasificadas para la licitación, 18
individualmente y siete en asociación.
Algún eufórico calificó el 15 de julio como un “día histórico”.
Pero sólo se apersonaron nueve
apostadores al casino de la subasta, solos o agrupados. En total, 14:
Atlantic Rim México; Cobalt Energía de México; E&P Hidrocarburos y
Servicios y Pan American Energy; Eni International, Hunt Overseas Oil
Company; Murphy Worldwide y Petronas Carigali International; ONGC
Videsh; Sierra Oil & Gas S de RL de CV, Talos Energy LLC y Premier
Oil; Statoil E&P México.
Lo “histórico” fue la ausencia de las top, de las supervedettes petroleras.
Al igual que el balance desalentador. De los 14 bloques puestos a subasta, ocho fueron declarados desiertos por la falta de propuestas. En donde sí se presentaron, cuatro son desechadas porque los porcentajes ofrecidos por los participantes son inferiores a los valores mínimos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 40 por ciento y 25 por ciento.
Sólo los bloques 2 y 7 fueron ganados por
el consorcio integrado por Sierra Oil & Gas, Talos Energy y Premier
Oil, que explorarán, explotarán y se apropiarán de parte de la renta de
las aguas someras de Veracruz y Tabasco. El primero mide 194
kilómetros cuadrados, y el otro, 465 kilómetros cuadrados, con una
probabilidad de éxito comercial de 20 por ciento y 14 por ciento,
respectivamente.
Curiosamente, de esas empresas que les
corresponde el mérito de iniciar el neoporfirismo petrolero, la primera
carece de experiencia en materia de exploración y extracción de
hidrocarburos, pues fue creada en 2014 para participar en el banquete
reprivatizador. La pulcra transparencia de las subastas queda
enturbiada por la participación en esa empresa de un hermano de la
esposa de Carlos Salinas de Gortari y socio de Armando Hinojosa Cantú,
del Grupo Higa, el constructor favorito de Enrique Peña Nieto. La
tercera firma tiene negocios en las Islas Malvinas de Argentina y es
acusada de despojo petrolero de esa nación, amparada en el colonialismo
inglés.
En todo caso, las manchas son irrelevantes.
De las empresas que se asomaron, al menos
11 enfrentan denuncias o señalamientos por actos de corrupción o daños
severos al medio ambiente, según la senadora Dolores Padierna: BG Group
México Exploration, ENI International BV, Petronas, Pan American Energy
LLC, Glencore E&P México, Diavaz, Chevron Energía de México,
ExxonMobil Exploración, Maersk Oli, Statoil E&P México y Total. Más
datos en: http://www.yancuic.com/de-24-empresas-que-van-por-la-ronda-uno-11-son-acusadas-por-corrupcion-y-dano-ambiental.
Por cierto, en la firma Diavaz aparece un
individuo que hizo mucho por la destrucción de Pemex y el sector
energético y ahora aparece como comprador de las ruinas: Pedro Aspe,
quien dirige el Fondo Evercore México Capital Partners, y que controla
el 20 por ciento de la propiedad de Diavaz.
Videgaray fue empleado de Aspe en Evercore.
Apenas se logra colocar el 14 por ciento de los bloque sometidos a subasta.
De los poco más de 18 mil millones de
dólares esperados en inversiones, en el bloque 2 se ejercerán 1 mil 722
millones del dólares; en el bloque 7, 985 millones de dólares. En suma,
2.7 mil millones de dólares, según la CNH: el 15 por ciento del total.
La CNH estima que el primero producirá
12.3 mil barriles diarios (mbd) y el otro 11.2 mbd. La extracción media
de ambos será de 11.8 mmb. Con la subasta de todos los bloques se estimó
una extracción de 125 mbd adicionales. Todo quedará en 9 por ciento de
ese cálculo.
Los 11.8 mbd, serán una gota
irrelevante de crudo para la caída observada en la producción. Entre
diciembre de 2003 y mayo de 2015 ésta se desplomó de 3.5 millones de
barriles diarios a 2.2 millones. Es decir, retrocedió en 1.2 millones de
barriles, en 36 por ciento, según datos de Pemex.
Los empleos directos que podrían generarse serían de poco más de 6 mil.
Quizá el único consuelo del desastre sean
los ingresos que el fisco obtendrá por su participación en la utilidad
operativa de los bloques 2 y 7: 55.99 por ciento y 68.99 por ciento. Al
agregarse el pago de regalías y los impuestos a las actividades de
exploración y extracción de hidrocarburos y sobre la renta, la tasa sube
a 74 por ciento y 83 por ciento, en cada caso.
Pero hasta en este caso todo se resume en las ilusorias cuentas alegres.
En su Guía de ingresos fiscales de la licitación 1 de la Ronda Uno,
Fernando Ramones, del Centro de Investigación Económica y
Presupuestaria, estima que en el corto plazo, “en fase de exploración”
de los ganadores, y mientras “se encuentre dentro del límite de los 60
meses, estos pagarán una cantidad anual de 2 millones 677 mil 200 pesos
de cuota de exploración y 3 millones 492 mil de pesos de IAEEH [impuesto
para la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos] por el
bloque 2”. Por el “bloque 7 pagará anualmente 6 millones 417 mil pesos
de cuota de exploración y 8 millones 370 mil pesos de IAEEH”.
Sus cálculos se basan en el hecho en que
los contratistas deberán de pagar una cuota de exploración de 1 mil 150
pesos por kilómetro cuadrado durante los primeros 60 meses, y otra de 2
mil 750 pesos si supera ese lapso de tiempo. Adicionalmente, según la
Ley de ingresos sobre hidrocarburos, señala que en la fase exploratoria
del bloque, los contratistas pagarán mensualmente el IAEEH de 1 mil 500
pesos por kilómetro cuadrado.
En el mediano y largo plazo es incierto
determinar cuánto recibirá el Estado por concepto de la cuota por
exploración, las regalías y el porcentaje de utilidad operativa. Ello,
asimismo, estará subordinado al éxito de las empresas ganadoras de las
subastas, de su producción, de los precios del crudo, entre otros
factores.
Por tanto, la incertidumbre reina en
torno a los ingresos petroleros extraordinarios que recibirá el Estado.
En un escenario donde los acumulados del sector público por ese concepto
hasta mayo se han desplomado en 193 mil millones de pesos, 41 por
ciento en términos reales, comparado con el mismo lapso de 2014; y los
del gobierno federal en 165 mil millones de pesos, en 51 por ciento.
¿Por qué se retiró Pemex de la Ronda?
La sospecha: no se retiró. Lo retiraron
para evitar que eventualmente ganara y complicara la desgraciada subasta
“histórica” reprivatizadora.
Otra explicación es que sus hojas de
balance han sido gravemente afectadas por la crisis petrolera como para
aventurarse en las licitaciones. Hasta mayo, sus ingresos acumulados por
ventas cayeron en 122 mil millones de pesos, comparados con el mismo
lapso de 2014. Sus pérdidas después del pago de impuestos sumaron 110
mil millones de pesos.
Luis Miguel Labardini, de la consultora
Marcos & Asociados, dice: su “patrimonio es negativo en más de 20
mil millones de dólares, cosa que no he visto en ninguna compañía
petrolera, es una compañía que si fuera privada estaría en quiebra”. Con
un flujo de efectivo reducido y una restricción presupuestaria impuesta
por el gobierno federal, el panorama de Pemex es “muy complicado”.
Sin embargo, el desaire de las grandes
petroleras y el fallido intento reprivatizador no se explican por una
defectuosa mecánica de las subastas, o porque las firmas hayan
considerado excesivas las demandas estatales.
“El problema –señala Gerardo Esquivel,
economista de El Colegio de México– está en las condiciones
estructurales del mercado petrolero (un precio muy por debajo del que se
tenía hace 1 año) y en la cautela normal de los potenciales licitantes a
participar en un contexto en el que el gobierno ha perdido credibilidad
en los meses recientes.”
Ello, empero, no impedirá las siguientes
subastas, con reglas más relajadas, en un escenario igualmente adverso,
como sucedió con la Ronda Uno, pues el objetivo es rematar la riqueza y
la renta petrolera.
Marcos Chávez M*
*Economista
[CAPITALES]
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Contralínea 449 / del 10 al 16 de Agosto 2015
