
José Antonio Román / Periódico La Jornada / Martes 18 de agosto de 2015, p. 5
Luego de lamentar que el gobierno mexicano les
impidiera realizar entrevistas directas a los militares que serían
testigos esenciales en la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI) informó de la pérdida y eventual destrucción de videos que
pudieron servir en la investigación.
Además, el grupo señaló que ropa encontrada en algunos autobuses en los que viajaban los jóvenes cuando ocurrieron los hechos –26 y 27 de septiembre pasado– no fue integrada en la indagatoria realizada por la Procuraduría General de la República (PGR). Las muestras tomadas a esas prendas serán enviadas al laboratorio de Innsbruck, Austria, para su análisis genético. Estos hechos, tanto la pérdida de los videos como las evidencias de ropa, fueron calificados de ‘‘hechos graves y preocupantes’’.
En la presentación del informe de su quinto mes de labores, y a dos semanas de que concluya su mandato inicial de seis meses, se anunció que hay diálogo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano y representantes de las víctimas a fin de ampliar el plazo para completar su trabajo.
Aunque el grupo mostró su disponibilidad, se aclaró la necesidad de algunas adecuaciones al nuevo periodo que estarían en el país. Además, falta la respuesta del gobierno mexicano a esta petición, que podría darse esta misma semana.
El informe final, que reuniría su labor de seis meses de asistencia técnica en la búsqueda con vida de los estudiantes, la investigación penal, atención a víctimas y elaboración de propuestas de políticas públicas para el tema de desaparición forzada, se presentará el domingo 6 de septiembre; se espera que el documento contenga las recomendaciones del caso al Estado mexicano.
En conferencia realizada en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, los expertos Claudia Paz, Alejandro Valencia, Francisco Cox y Carlos Beristain –sólo faltó Ángela Buitrago– informaron haber solicitado a especialistas independientes diversos peritajes sobre aspectos claves del proceso, tales como algunos de tipo forense sobre autopsias y lesiones en detenidos. En el primer caso, para las necropsias practicadas a los estudiantes Daniel Solís, Julio César Ramírez y Julio César Mondragón Fontes –este último fue asesinado y desollado–, se encontró que no fueron evaluadas lesiones que aparecen en el informe original.
Otros peritajes son de telefonía, de la dinámica del fuego en
el contexto del basurero, y sobre escenas del crimen, cuyos resultados
serán dados a conocer en el informe final de este periodo.
Sobre la negativa oficial para entrevistarse con los 26 militares del
27 batallón de infantería que estuvieron el día de los hechos, el GIEI
informó no entender por qué sí ha podido entrevistar a víctimas,
policías, inculpados, testigos y otros agentes del Estado, sin haber
sido remitidos a la vía penal, como condicionó el Estado mexicano.
Francisco Cox señaló que tras el condicionamiento gubernamental de
sólo formular las preguntas por escrito y no estar siquiera presentes en
la diligencia, el grupo de expertos decidió no entregar el
cuestionario, pues ‘‘eso significa que no tenemos control de cómo se
responde, de qué se responde, ni la posibilidad de que se precisen
puntos que vayan saliendo durante la declaración’’, dijo.
El argumento esgrimido por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, es que una acción de este tipo ‘‘pondría en riesgo la
legalidad de la investigación’’. El grupo lamentó el sentido de la
respuesta y que ésta haya tardado cinco meses en darse.
Respecto de las videograbaciones perdidas, el reporte señala que en
su momento se informó a la PGR de la existencia de una videograbación de
la escena durante la intervención policial que dio lugar a la
desaparición de los normalistas en el escenario de la salida de Iguala,
cerca del Palacio de Justicia.
‘‘Según testimonios proporcionados al grupo de expertos, dichos
videos fueron enviados a la presidencia del tribunal. Sin embargo,
parece que tales registros videográficos fueron destruidos. Si esto se
confirma se habrían perdido para la investigación de los hechos. Esta
cuestión debe ser investigada de inmediato por la PGR’’, dice el
informe.
El domingo pasado, el GIEI realizó una reunión de preparación de los
familiares para la diligencia de identificación de la ropa encontrada,
debido al fuerte impacto sicológico que ello supone. La ropa estuvo
resguardada por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, pero no
fue integrada a las investigaciones.
Fuente: La Jornada - Politica
Fuente: La Jornada - Politica