La Jornada - Editorial
Un extenso grupo de
escritores, artistas y periodistas de varios países reveló una misiva
dirigida al presidente Enrique Peña Nieto en la que demanda el rápido y
efectivo esclarecimiento de los asesinatos perpetrados el pasado 31 de
julio en un departamento de la colonia Narvarte de esta capital, cuyas
víctimas fueron el fotorreportero veracruzano Rubén Espinosa, la
estilista Yesenia Quiroz, la modelo Mile Virginia Martín (de
nacionalidad colombiana), la empleada doméstica Alejandra Negrete y la
antropóloga Nadia Vera.
las estadísticas de impunidad en los casos contra periodistas son alarmantes.
Hace énfasis en la necesidad de investigar,
sin contemplaciones, a
los funcionarios estatales y municipales que se puedan haber visto involucradosen ésta y otras agresiones contra informadores, y recuerda que desde la llegada al cargo del actual gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en 2010, en esa entidad
las amenazas, los maltratos y los asesinatos de periodistas han alcanzado cifras sin precedentesy en todos los casos
se ha desechado como línea de investigación judicial el ejercicio profesional de las víctimas. El documento señala como causas de
la extrema vulnerabilidaden la que desempeñan su trabajo los informadores en el México actual a
las organizaciones criminales, los funcionarios de gobierno corruptos y un sistema de impartición de justicia incapaz siquiera de determinar la responsabilidad de los asesinos.
Los reclamos son fundados, no sólo por el alto número de periodistas
asesinados en el país durante el sexenio anterior y en lo que va del
actual, sino también porque la gran mayoría de los crímenes
correspondientes no han sido esclarecidos; al contrario, las autoridades
encargadas de procurar justicia han buscado en forma regular desviar
las investigaciones hacia circunstancias ajenas al trabajo informativo
de las víctimas.
El caso de los cinco asesinados en la colonia Narvarte el
último día del mes pasado es paradigmático a este respecto. Desde un
primer momento la procuraduría capitalina buscó introducir factores poco
verosímiles en la investigación –el supuesto robo como móvil del
crimen, por ejemplo–, restó importancia al hecho de que dos de los
ejecutados habían recibido reiteradas amenazas por su trabajo en
Veracruz; proporcionó datos inexactos a la opinión pública, permitió la
filtración de nombres de las víctimas y hasta de fotos denigrantes de la
escena del crimen y buscó centrar la atención en la ocupación y la
nacionalidad de una de las víctimas –la colombiana Martín–, en lo que la
opinión pública percibió como un intento por vincular el episodio a un
asunto de narcotráfico.
Lo cierto es que la Federación y los gobiernos de Veracruz y el
Distrito Federal fallaron en su obligación de proteger la vida de un
periodista y una activista social que habían declarado de modo reiterado
que se encontraban en riesgo de muerte, y que a más de dos semanas de
ocurrido el crimen múltiple la autoridad capitalina sólo ha logrado
consignar ante tribunales a uno de los sospechosos y ni siquiera ha
podido ofrecer una explicación convincente de lo ocurrido. En suma, los
asesinatos de la calle Luz Saviñón y los extravíos en la pesquisa
subsecuente han puesto en evidencia un nuevo y exasperante quebranto al
estado de derecho en el país y, en, particular, en la ciudad de México,
la cual, como señala la carta comentada,
era considerada uno de los últimos lugares seguros para el ejercicio periodísticoen el territorio nacional.
Por último, el documento referido confirma que, en tanto las
instituciones nacionales sigan siendo incapaces de garantizar la
seguridad de los ciudadanos, periodistas y activistas o no, y mientras
las entidades encargadas de procurar justicia sigan dando muestras de
falta de voluntad política y hasta de sensibilidad, es inevitable que el
crimen de la Narvarte profundice la mala imagen gubernamental de México
en el extranjero, como ha venido ocurriendo en los casi 11 meses
transcurridos desde la agresión contra estudiantes normalistas en
Iguala, que dejó saldo de seis asesinados, dos heridos graves y 43
estudiantes desaparecidos, y cuyo paradero no ha sido dilucidado en
forma verosímil.