La propuesta presupuestal para 2016 sólo busca reducir el “tamaño
del Estado” por medio del recorte del gasto público, el despido de
empleados estatales y la ampliación de la participación empresarial en
la oferta y subrogación de bienes y servicios públicos –como la
educación y la salud públicas–, según las directrices del Banco Mundial.
Los cambios propuestos nada tienen que ver con la eliminación de la
corrupción de la elite política y privada, ni con transparentar el
ejercicio del presupuesto. La población será sometida a una profunda
austeridad mientras que los funcionarios no tocarán sus ingresos, los
grandes empresarios seguirán sin pagar impuestos y la deuda externa se
seguirá pagando puntualmente. Todo recaerá sobre los de siempre: los que
no tienen otros recursos más que protestar
Marcos Chávez - Contralinea
Es claro que la austeridad no funciona,
si por ‘no funcionar’ entendemos que a través de ella no se consigue ni
la reducción de la deuda ni el fomento del crecimiento económico
Lo que [el] compromiso con la austeridad
vino a señalar fue el inicio de un menor crecimiento, debido a que el
descenso del gasto público iba a incidir en una economía ya previamente
debilitada
Mark Blyth, Austeridad. Historia de una idea peligrosa
Los números del fisco resultan más importantes que la vida de las personas
Jürgen Habermas
Las expectativas puestas en el llamado
presupuesto base cero son ambiciosas. Floritura de un simple recorte,
sin mayor trascendencia más que el simple recorte del gasto público.
Según Enrique Peña Nieto, la iniciativa
de presupuesto base cero para 2016 que enviará al Congreso de la Unión
en septiembre, y que es elaborada por Luis Videgaray, es algo más que un
simple reajuste en las acciones y los programas de gobierno. Representa
la “reingeniería” del gasto público. La revisión minuciosa de todos los
proyectos de cada una de las dependencias estatales, con el objeto de
evitar su duplicidad, bajo la divisa de mejorar la eficiencia del gasto
público, “de hacer más con menos” y destinar mayores recursos a planes
que proporcionen bienestar a la sociedad. Para reafirmar la fortaleza
financiera y macroeconómica y actuar responsablemente ante la
volatilidad internacional.
El 25 de marzo, durante el Foro
internacional sobre presupuesto base cero, organizada por la Cámara de
Diputados, Fernando Galindo, subsecretario de Egresos de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, dijo que el reto “es reducir el gasto
público […] revisar cuál deber ser el tamaño óptimo del gobierno, acorde
a [la] nueva realidad presupuestal de un gobierno austero, que se aprieta el cinturón”.
Pero como ha ocurrido con los procesos anteriores de ajuste fiscal del lado del gasto, el enésimo “apriete”
también será asimétrico. A unos les corresponderá la anorexia
presupuestaria y a otros la glotonería de los egresos y obras públicas.
Las nuevas “estructuras administrativas
del gobierno”, según Galindo, requerirán “las mínimas plazas
indispensables para operar de manera eficiente”. También tendrá que
despejarse una de las “presiones ineludibles en el gobierno federal: el
pago de las pensiones”.
Otra “presión ineludible” es “el costo
financiero de la deuda”. Pero ésta es un imperativo categórico
insalvable, que requiere un tratamiento distinto del machismo pagador,
ya que “sería una irresponsabilidad del gobierno de la República no
cumplir con las obligaciones contractuales que tiene en esta materia”.
Extraño el perfil de la llamada
“democracia” electoral fantasmagórica. Unos eligen y otros mandan. Los
electores son sacrificados y los usureros son los mandantes de los
elegidos.
Se puede “degollar a las palomas”, como
diría Violeta Parra. Al cabo, las estructuras corporativas, y la
violencia cuando es necesario, aún pueden controlarlas. Pero la tiranía
del “mercado” es otra cosa. Es espeluznante y atemoriza a más de un
gobierno dispuesto a doblarse ante la nerviosa fiera, de delicada piel y
esquizofrénico comportamiento, ya que le pueden hundir el piso. Si se
le quisiera someter también al ayuno forzado como a la población,
“tendríamos episodios de poca credibilidad en el gobierno. Y ya todos
sabemos las consecuencias de que el gobierno pierda la credibilidad en
materia de finanzas públicas”, como trata de asustarnos Galindo con tan
terrible castigo.
El
mismo Galindo agrega que con los nuevos “programas y proyectos de
inversión”, basados “en la mayor rentabilidad social y económica”, se
abrirá una nueva veta de jugosos negocios. Para otros, por supuesto.
Porque creativamente, los peñistas buscarán que sean “financiados por el
sector privado”.
En la definición los nuevos veneros de
negocios privados con bienes, servicios y dinero público, los peñistas
cuentan con asesores versados en la materia: el “Banco Mundial está
haciendo una revisión profunda [del] gasto en cinco rubros
fundamentales: en salud, en educación, en programas y proyectos de
inversión y los recursos que se destinan a las entidades federativas”.
En el mismo foro, Carlos Tello, efímero
titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto y del banco
central –donde instrumentó la nacionalización bancaria y el control
cambiario– lopezportillista, dijo: “Esto me recuerda mucho cuando se
empezaron a eliminar empresas públicas, fideicomisos, y otros programas
porque no daban los resultados que de ellos se esperaban”.
Tello se refiere a las políticas de
ajuste fiscal y estructural neoliberal iniciadas a partir del 1983 e
impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial
(BM), las cuales desmantelan al Estado y privatizan empresas públicas y
sectores estratégicos. Llevan al abandono de las funciones rectoras del
Estado en el desarrollo, contracíclicas y sociales. A su retiro de la
economía en favor del “libre mercado” y la concentración de la energía
de sus músculos en el papel de policía de la acumulación privada de capital.
Dijo Tello: “El presupuesto base cero
entraña revisar todo, sin excepción, con permiso [del] Banco Mundial”.
“Que se revise, no con el fin de reducir el gasto público”. Pero “aquí
hay un sesgo, hacia [su] reducción [que] no comparto, [porque] va a
profundizar aún más la difícil situación en que vivimos. Si yo dejo de
gastar, ustedes dejarán de recibir ingreso y van a dejar de gastar”. “El
presupuesto base cero cuestiona de raíz todo; los sueldos” u “otras
cosas”. “Si se va a revisar el presupuesto empecemos con el servicio de
la deuda que representa un porcentaje alto del gasto bruto. Vamos a
suponer que la respuesta es sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Podemos
reprogramarla, en qué condiciones? México lo ha hecho en otras
circunstancias, otros países lo hacen; Grecia está dando su lucha. Todo
es revisable”.
En esa oportunidad, Arturo Huerta,
economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló: “No
hay ninguna justificación para la austeridad fiscal. La economía en su
conjunto tiene que estar equilibrada, pero para que el sector privado
vea incrementada su dinámica acumulación en un contexto de déficit de
comercio exterior, el gobierno tiene que trabajar con gasto deficitario
[que] no es inflacionario, todo depende de a dónde se canaliza el gasto
público. ¿Cuál es el tamaño óptimo del gobierno? El suficiente para
generar empleo para todos aquellos que buscan un empleo bien remunerado;
el suficiente tamaño del gobierno para encarar la desigualdad del
ingreso y la riqueza que existe en este país. El tamaño suficiente para
ser un país soberano que tenga el manejo soberano de la política
económica”.
El retorno del doctor Frankenstein y sus hachazos preventivos
Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray no
son el griego Yanis Varufakis, quien dijo: “Prefiero cortarme el brazo” y
renunciar, antes de firmar el recorte del gasto público, los impuestos
regresivos o privatizar más empresas estatales como exigía el FMI, la
Comisión Europea y el Banco Central Europeo, porque “la austeridad no
funciona. Pedíamos que esa austeridad no recayera en los pobres, sino en
los ricos y, claro, no les gustó. Para poder pagar nuestras deudas
debemos arreglar primero la economía, y la manera de hacerlo es poniendo
fin a la austeridad”, porque “la austeridad reduce los ingresos [es]
inefectiva [y] perjudicial”.
Peña Nieto y Videgaray prefirieron
recurrir al BM como si fuera “el oráculo de Delfos en la antigua
Grecia”, aunque éste “adecuaba sus consejos a la naturaleza del problema
sometido a su consideración”, mientras que aquél “tiene por costumbre
recetar siempre la misma solución, con independencia de la cuestión
planteada”, como dijera el economista español Koldo Unceta. El BM, como
el FMI, “siempre se muestra dispuesto a repartir las mismas cantinelas,
consejos y exhortos sobre lo que se debe hacer”. A impulsar “las recetas
de siempre”, bajo la amenaza de que si no se aplican no se recibirán
fondos externos”: recortar el gasto público, privatizar la economía,
rechazar la “intervención pública a favor de la estabilidad de los
procesos económicos y sociales, de una mayor justicia social”,
considerados “como un error” y “un ataque a los fundamentos de la
economía”. “Los paganos –agrega Unceta– no han sido nunca los gobiernos o empresarios corruptos que se han llevado dinero a espuertas
mientras la gente sencilla ve cómo sus empleos desaparecen, los
servicios públicos se deterioran, y la privación aumentaba a su
alrededor. El pato lo han pagado –y lo están pagando– los de siempre, aquellos que no tienen más recursos para oponerse que la mera protesta”.
El documento Estructura programática a emplear en el proyecto de presupuesto de egresos 2016,
de 270 páginas, enviado el 30 de junio por Videgaray a los diputados,
no toca la deuda pública ni propone un tamaño del gobierno como
sugirieron Tello y Huerta. Se limita al gasto programable y la
estructura del Estado, sin incluir a la Secretaría de la Defensa
Nacional, la Procuraduría General de la República y los poderes
Legislativo y Judicial, porque seguramente estaban muy ocupados y no
entregaron sus propuestas de automutilación.
El imperativo ineludible del servicio de
la deuda pública adquiere relevancia. Sobre todo si la Reserva Federal
estadunidense decide finalmente elevar las tasas de interés desde varios
meses esperada y que ha generado un clima de incertidumbre en los
mercados financieros internacionales.
A principios de julio, su presidenta,
Janet Yellen, anticipó que “con base en mi perspectiva, espero que será
apropiado en algún momento más adelante este año, elevar la tasa de
fondos federales y por lo tanto normalizar la política monetaria”, dijo
en su mensaje. Ello dependerá del crecimiento de su país, la tasa de
desempleo y la inflación, entre otras variables. La tasa de fondos
federales se ha mantiene en una de banda variable de 0.0-0.25 por
ciento.
Si bien nada ha sucedido hasta el
momento, lo que sí es evidente es el aumento del costo financiero de la
deuda mexicana y de su saldo en lo que va del sexenio. Según datos de
Hacienda, en enero-mayo de 2012 dicho costo del sector público fue de 60
mil millones de pesos nominales (mmpn) y en el mismo lapso de 2015 de
83.7 mmpn. En el caso del gobierno federal pasó de 42.2 mmpn a 46.8
mmpn. Sólo en 2015 ha aumentado en 35 por ciento en términos reales, en
el primer caso, y en 5.5 por ciento, en el segundo.
Anualmente, el costo del gobierno federal
aumentó de 257 mmpn a 292 mmpn entre 2012 y 2014. El del sector público
de 305 mmpn a 246 mmpn. Se espera que en 2015 ascienda a 402 mmpn, 2.2
por ciento del producto interno bruto (PIB), y en 2016 a 477 mmpn, 2.4
por ciento del PIB.
El alza del costo financiero de la deuda
se debe al incremento del saldo, pues las tasas de interés internas y
externas se han mantenido bajas. Entre 2012 y mayo de 2015 el saldo de
la deuda pública del sector público, que incluye la interna y la
externa, se eleva de 5.5 billones de pesos nominales (bpn) a 7.8 bpn.
Medida en dólares corrientes, aumenta de 423 mil millones a 506 mil
millones. El saldo del gobierno federal se incrementa de 4.5 bpn a 6
bpn, de 342 mil millones de dólares a 393 mil millones de dólares.
Si la Reserva Federal incrementa los réditos el Banco de México hará lo mismo, lo que elevará el costo de la deuda pública.
Como buenos machos pagadores, preferirán recortar el gasto financiero para cumplir con sus compromisos.
De hecho, el presupuesto base cero
implica un ajuste en esa perspectiva, dada la caída de los recursos
fiscales petroleros y su desdén por no tocar los ingresos de las
empresas y los sectores de altos ingresos.
En 2016 el total de ramos se reducirá de 1
mil 97 a 851, en 246, o en 22.4 por ciento. Las entidades de control
directo de 66 a 40, 26 menos o 39.4 por ciento. Los ramos
administrativos de 752 a 565, 187 menos o 24.9 por ciento. El Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de cuatro a tres. Los ramos
generales de 121 a 96, 25 menos o 20.7 por ciento. Las empresas
productivas del Estado de 52 a 46, seis menos u 11.5 por ciento. Los
ramos autónomos de 71 a 70.
Con el ajuste se fusionarán 261 programas
presupuestarios en 99. Se cambiarán de sector siete. Se eliminarán 56 y
se crearán cuatro.
La Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales es la dependencia que más se mutila y reduce sus
programas de 48 a 16. La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de 33 a 13. La Secretaría de
Gobernación de 23 a siete. La Secretaría de Educación Pública de 23 a
ocho. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado de 29 a cinco.
Hans Christian Andersen: “No hay preguntas estúpidas”
¿Cuánto se ahorrará con la poda y cuáles serán los resultados?
Ante un Estado que ha sido severamente
castigado presupuestalmente, desde 1983, cuyas funciones han sido
desbordadas por las crecientes necesidades de la sociedad y el
desarrollo, que es ineficiente, que ha sido privatizado en un gran
número de áreas, que ha sido concesionado a la voracidad empresarial,
que carece de los trabajadores y del presupuesto necesarios, que es
víctima del desabasto, la corrupción y el pillaje, ¿la reducción de
ramos ayudará a superar esos y otros problemas?
Lo único que queda claro es que el ajuste
es tecnocrático, subordinado al recorte del gasto, y, como dice Tello,
recuerda a las mutilaciones del pasado que convirtieron al Estado en un
autista. Nadie se extrañe del próximo agravamiento de las cosas.
¿Cuánto será el ahorro y sus costos?
Nada dijo Videgaray al respecto. Lo que
se sabe es que este funcionario anunció en abril una baja en el gasto de
135 mil millones de pesos (mmp), 0.7 por ciento del PIB, en 2016. En
junio, Enrique Cabrero, director del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, dijo: “la Secretaría de Hacienda nos explicaba que será
necesario recortar 175 mmp, 0.9 por ciento del PIB”. Es decir, 40 mmp
más.
El los Pre-Criterios enviados al
Congreso en marzo de 2015, Hacienda anuncia un recorte del gasto
programable por 122 mmpn, 6.6 por ciento, en términos reales, lo que
bajaría su proporción del PIB de 20 por ciento en 2015 a 18 por ciento
en 2016.
¿Quién da más?
Nadie deberá sorprenderse que en las
áreas asesoradas por el BM, como son la salud, la educación y los
programas y proyectos de inversión, aumente la subrogación al
empresariado.
¿Ello explicaría, en parte, la feroz
campaña desatada en contra de los maestros de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE), cruzada encabezada por el
oligarca Claudio X González, que los califica de “terroristas”, promueve
su linchamiento, aniquilamiento y el encarcelamiento de sus líderes?
La postura de González y de los peñistas
rememora la vieja estrategia aplicada por los priísta-panistas en contra
de los movimientos sociales: cortar la cabeza de líderes y reprimir a
los opositores.
La privatización de la educación es un
negocio jugoso que vale la pena emplear cualquier método para apoderarse
de él, sin importar su calidad.
En julio se supo que el gobierno federal y
del Estado de México habían donado 1 mil 700 mdp a la “empresa social”
Enova y su Fundación Proacceso ECO, AC, cuyos socios son Moís Cherem,
Raúl Maldonado y Jorge Camil Starr, sin pedirles cuentas, bajo la
promesa de que contribuirían a la elevación de nivel educativo de
México. Así, crearon una red de escuelas privadas financiadas
públicamente cobrándoles los servicios a los usuarios. Gracias a esa
ingeniería, los dueños se volvieron millonarios (http://www.animalpolitico.com/2015/07/el-gobierno-federal-y-el-edomex-donan-mil-700-millones-de-pesos-a-una-fundacion-y-a-una-empresa-sin-pedirle-cuentas/).
Hace poco, Misael Uribe, de la Fundación
Mexicana para la Salud, señaló que la crisis en el sector de salud se
refleja en que el 10 por ciento de las recetas en el Instituto Mexicano
del Seguro Social no se surte; en el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado es el 25 por ciento, y en las
secretarías de salud de los estados, 23 por ciento. Al menos 10
medicamentos para combatir enfermedades crónico-degenerativas cuestan
más de 200 mil dólares anuales. “O te vas a la quiebra por comprar estos
productos o mueres, porque no puedes adquirirlos”. Se estima que más de
50 por ciento del ingreso de las familias que destinan al cuidado de la
salud es para la compra de medicinas, y ese porcentaje es aún más alto
en los hogares más pobres. “Estamos en el peor de los escenarios: somos
un país con poco ahorro, mucho desabasto, corrupción e incompetencia. Es
urgente una política de desarrollo de medicinas para todos” (www.jornada.unam.mx/2015/06/26/sociedad/036n1soc).
Cuando Videgaray habla de la apertura de
nuevos veneros para los empresariados, habla de una mayor privatización y
subrogación de los servicios sociales, según las recomendaciones del
BM.
¿Cuál será el destino de los 2.3 millones
de empleados públicos contabilizados por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía con el ajuste? ¿Preservarán sus empleos los
trabajadores de los programas fusionados, “resectorizados” o eliminados?
¿Se contratarán más para superar las ineficiencias, o se les
sobreexplotará más para que realicen las tareas de los que serán
arrojados a la calle?
O sucederá, como recién dijo un
periodista con relación al recorte del gasto público por 12 mil millones
de libras avisado por David Cameron, en el Reino Unido: “Anunciada
durante meses, la guillotina fiscal conservadora finalmente empezó a cortar cabezas”.
¿Qué pasará con la “presión ineludible” de las pensiones?
La respuesta es predecible: serán arrojadas a las fauces
de las administradoras privadas de pensiones. En el futuro, con un
empleo incierto, con ingresos deprimidos, vendidos como esclavos por los
dirigentes sindicales cooptados –como Carlos Romero Deschamps, Víctor
Fuentes o Juan Díaz, a cambio de mantener sus fortunas y evitar seguir
los pasos de Elba Esther Gordillo–, cada cual tendrá que
responsabilizarse de su vida una vez que concluyan su vida activa. Cosas
de la moderna “flexibilidad” laboral.
El problema en el gasto público no sólo
es su insuficiencia para las necesidades sociales y del desarrollo.
También lo es el de la eficiencia, la falta de transparencia en su
ejercicio, la corrupción, la impunidad, entre otros factores.
A paso de cangrejo
Según Alejandro Salas, director de
Transparencia Internacional para el Continente Americano, el Índice de
Percepción de la Corrupción, México ocupa en lugar 103 de 175 países
evaluados, con una puntuación reprobada: 35 puntos de 100. Es el peor
entre los 34 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos, y tiene una de las calificaciones más bajas de América
Latina: se ubica en 82 posiciones debajo de Chile y 34 de Brasil.
En el acceso a la información, típico de
una sociedad democrática, México simplemente recula, como lo evidencia
la prohibición al acceso a los documentos de seguridad nacional e
interna del Archivo General de la Nación. A los vuelos de las aeronaves
de la Comisión Nacional del Agua durante la administración de David
Korenfeld, que fue reservada por 3 años por la mayoría de los
comisionados del Instituto Nacional de Transparencia – Ximena Puente,
Rosendo Evgueni Monterrey, Francisco Javier Acuña y Patricia Kurczyn–,
bajo el argumento de que pondría en riesgo la seguridad nacional y la
vida de los funcionarios de la Comisión. Al colocar en la penumbra a
empresa públicas, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y su filial Pemex
Internacional, que manejan el dinero público como si fuera privado, y
que bajo su nueva figura de dudosa legalidad de “empresa productiva” no
rendirá cuentas a la sociedad. La empresa española OHL es paradigmática
de la corrupción pública-privada.
¿El rey va desnudo?
Decía el danés Christian Andersen: “Es preferible que el rey vaya desnudo, sin dinero, joyas, oro, plata y sedas”.
La austeridad es para los otros, no para
la elite política. Por ejemplo, cada diputado saliente recibirá un
último pago por 1.1 millón de pesos.
En su reciente viaje a Francia, Peña
Nieto fue acompañado por un séquito de 441 personas. Su viaje a Londres,
a principios de marzo, costó 7.2 mil millones de pesos.
“La divertida fiesta de graduación” de
Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, esposa de Peña, desplegada en 14
páginas de la revista ¡Hola!, donde toda la familia se vio
engalanada con pilchas que valen mucha plata, como dirían los
argentinos, dignas de príncipes y princesas, manifiestan que la
austeridad no llega a la familia real.
Manuela Carmena, exjueza española
indignada, que recién ganó la alcaldía de Madrid, apoyada por el
movimiento Podemos, y que prometió combatir la corrupción heredada por
la derecha neofranquista, anunció como una primera medida reducir su
salario en poco más de la mitad: de 100 mil a 45 mil euros anuales. Los
concejales que la acompañarán harán lo mismo: reducirán sus cobros de 62
mil a 36.3 mil.
EPN y Videgaray no dijeron nada como muestra de la austeridad republicana.
