
Justo cuando el propio Ejército está también bajo sospecha por la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán
del penal del Altiplano, cuya vigilancia perimetral estaba a cargo del
general brigadier David Enrique Velarde Sigüenza, comandante del Octavo
Regimiento Mecanizado –con sede a medio kilómetro de la cárcel–, y luego
del “vergonzoso desfile del Ejército mexicano por los Campos
Elíseos”, como lo definió el diario francés Le Monde, dos atrocidades involucran a oficiales y tropa del instituto armado.
El primero ocurrió el 7 de julio en Zacatecas, donde siete jóvenes fueron levantados
en el municipio de Calera por elementos del 97 Batallón de Infantería,
con sede en Fresnillo, y cuatro de ellos aparecieron muertos –¡con
balazos en la nuca!–, mientras que otros tres están en calidad de
desaparecidos, aunque este sábado fueron hallados tres cadáveres que
podrían ser ellos.
El segundo hecho ocurrió en Michoacán, el domingo 19,
cuando elementos del 86 Batallón de Infantería abrieron fuego contra
una manifestación que presenciaban menores de edad en el puente de la
comunidad de Ixtapilla, municipio de Aquila: Los niños Neymi Natali
Pineda Reyes, de 6 años de edad, y Herilberto Reyes García, de 12, así
como Melesio Cristiano, de 60 años, murieron por las heridas de balas.
En el caso de Zacatecas, la propia Sedena admitió que existen
“indicios” de la participación de elementos del Ejército en la detención
de los siete jóvenes y, de hecho, ya fueron detenidos el coronel Martín Pérez Reséndiz,
comandante del 97 Batallón de Infantería, y tres militares más,
identificados por pobladores como los autores de la desaparición y
presuntamente de las ejecuciones.
No por ser obvio debe omitirse: El coronel y los tres militares
tienen pleno derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo
que esclarezca si participaron o no en los hechos, exactamente la misma
garantía que le confería la Constitución a los siete jóvenes detenidos y
que, por las evidencias que existen, le fue conculcada por los
militares.
¿Fueron militares también los asesinos de los dos niños y del adulto
en Aquila, Michoacán, como aseguran los testigos? ¿Fueron las balas
disparadas por agentes de la Policía Federal o por la municipal las que
causaron las tres muertes? Eso es lo que debe quedar perfectamente claro
para evitar que, como ha venido ocurriendo, la imputación sea, en todo
caso, a soldados en lo individual, no al Ejército como institución.
No le sirve al Ejército, ni a nadie, que se asocie a éste, en una
generalización rajatabla, con el permiso para matar. Tampoco sirve al
Ejército la defensa acrítica del general Cienfuegos de sus tropas, sobre
todo cuando hay evidencias de los abusos: En vez de generar respeto,
concita desprecio y aun odio.
Hoy, día de su cumpleaños 49, Enrique Peña Nieto, comandante supremo
de las Fuerzas Armadas, aludió a las tropas en el contexto de las nuevas
atrocidades que involucran a militares:
“Por más que a veces algunos se empeñen por manchar el esfuerzo que
realizan las Fuerzas Armadas es de reconocer, como mexicanos, que
nuestro Ejército y nuestra Marina, integrada por mujeres y hombres que
han surgido del pueblo, trabajen todos los días con esmero, sacrificio,
dedicación en favor de los mexicanos”.
No podía haberse referido Peña a otros que no sean, precisamente, los
militares que en Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Guerrero,
Jalisco y en cualquier parte del país agreden, humillan y matan a
civiles…
Y no hay que olvidarlo: La responsabilidad del Ejército a las calles
es ahora de Peña Nieto, pero lo inició Felipe Calderón, un tipo llamado
fracaso…