Lilia Mónica López Benítez* / Opinión
Desde los trágicos
sucesos del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes fueron
brutalmente desaparecidos, un fantasma adormilado acecha las calles. Los
debates y las instituciones hablan de tortura y desaparición forzada.
Marchas, reuniones, paros, bloqueos, declaraciones, relevos.
México en tumulto debatiendo entre la agonía de la incertidumbre y la voluntad de transformación.
Uno de los capítulos más recientes alude al informe del relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura. Juan Méndez afirma que en México hay tortura generalizada. No es así, contesta Relaciones Exteriores.
No quiero centrarme en este debate, pero sí tomarlo como punto de partida para hablar de un tema conexo: impunidad. Palabra que retumba incesantemente. En México hay impunidad, lo escuchamos repetidamente.
Usamos esta palabra con desparpajo y la asumimos como algo negativo, mas inevitable.
La impunidad, las violaciones a los derechos humanos y la tortura no tienen logo partidista y no son un asunto de gobierno. Sí son, en cambio, un asunto de Estado.
La impunidad tiene dos caras. Por un lado, la llamada cifra negra de los delitos alude a que los no denunciados ascienden, de acuerdo con el Inegi, a casi 94 por ciento. La falta de denuncia se debe a la desconfianza en las instancias de procuración de justicia. Por el otro, tiene que ver con la forma en que se investigan los delitos y se pune a los responsables.
La obtención de confesiones es a menudo el fruto de malos tratos, y en otras, las más graves, de tortura. Métodos que son utilizados como herramientas para conseguir información de manera rápida y fácil.
Los principales autores, se dice, son los popularmente llamados judiciales, lo que no excluye a otros servidores públicos para tornarse cómplices de estos actos.
La tortura puede acontecer en la invisibilidad de los centros penitenciarios, así como dentro y fuera de los aparatos vinculados con seguridad y justicia.
Como ciudadanos combatimos la impunidad respetando el marco de legalidad; como académicos, la mejor apuesta es la transmisión del conocimiento y la reflexión crítica; como juzgadores, la tarea es garantizar y salvaguardar el estado de derecho.
¿Cómo lograrlo? A finales del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos, cuyo objetivo es
ofrecer herramientas e instrumentos de actuación a las autoridades judiciales del país para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y convencionales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y en específico las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos derivadas del grave flagelo de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El Poder Judicial debe evitar la impunidad de los actos de
tortura. Emitir sentencias con sustento en pruebas de dudosa licitud o
en confesiones obtenidas mediante coerción nos convierte en cómplices de
los actos violatorios de derechos humanos y de incumplir con nuestra
obligación de denunciarlos y/o investigarlos.
Presentar una denuncia para impulsar la investigación de la tortura o
malos tratos no implica traicionar al aparato de justicia; por el
contrario, significa romper con el esquema de impunidad.
En este sentido, en febrero pasado se publicaron diversas tesis de la
primera sala de la SCJN relacionadas con el amparo directo en revisión
90/2014, que abordan la obligatoriedad para las autoridades de
investigar casos de tortura cuando exista evidencia razonable y/o la
persona manifiesta haberla sufrido. Incluso se sostiene que la omisión
del juez de investigarla oficiosamente cuando la persona procesada la
alegue constituye una violación al procedimiento que trasciende al
resultado del fallo, pues puede culminar en una sentencia condenatoria
basada en pruebas obtenidas mediante actos de coacción.
La falta de investigación o el resultado de ésta puede dar lugar a
otorgar la libertad a una persona cuyo proceso está construido en la
ilegalidad, lo que no significa, como a menudo se percibe públicamente,
que sea sinónimo de favorecer la impunidad, sino de garantizar el debido
proceso y, de esta forma, el desarrollo tal vez lento, pero inexorable,
de una cultura de la legalidad, que nos convoca a todos de manera
imparcial: ciudadanía, autoridades en general y operadores del sistema
de justicia.
* Magistrada federal y académica universitaria
