La Jornada - Editorial
Según el diputado
Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD), presidente de la Comisión de Recursos
Hidráulicos de la Cámara de Diputados, en el dictamen de la reforma a la
ley de aguas promovida por el Ejecutivo federal, apoyada por el PRI y
el PAN, se introdujo de última hora una modificación que pretende dejar
en manos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la definición del
porcentaje de participación privada en los proyectos de infraestructura,
explotación, distribución, facturación y cobro de agua potable al
usuario final, de acuerdo con un reglamento interno al que los
legisladores no tienen acceso.
Se pretende, en suma, eliminar el sentido social que prima en la
legislación nacional vigente en materia de recursos hídricos para
convertir su extracción, tratamiento y distribución en un negocio y
dejar que sean las lógicas de mercado las que regulen tales actividades.
Si incluso con las leyes en su forma actual existe inequidad
manifiesta en el acceso de las personas al agua, la reforma en curso
agudizaría, en caso de aprobarse, tal desigualdad y sería, en los
hechos, nugatoria del precepto constitucional en el que se establece que
toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible(Artículo 4°).
Por añadidura, la adulteración legal que se pretende imponer
dejaría en la indefensión a estados, municipios y comunidades en el
manejo de los recursos hídricos para favorecer a consorcios privados
nacionales y extranjeros, no sólo los dedicados al manejo de aguas, sino
también a empresas petroleras –la extracción de hidrocarburos con la
técnica conocida como fracking tiene, entre otros muchos
inconvenientes, usar y contaminar cantidades ingentes de agua– y a
industrias que hacen un empleo intensivo del líquido.
En términos generales, resulta desolador constatar que el grupo en el
poder sigue sin comprender los graves desajustes que han provocado las
reformas estructurales recientes –los cuales figuran entre las causas de
la crisis política, económica e institucional en la que se encuentra
sumido el país– y pretende llevar las lógicas de la privatización a
prácticamente todas las áreas del quehacer nacional.
Si se busca superar tales crisis, tendría que empezarse por revertir
las reformas privatizadoras ya aprobadas y por abandonar las que están
en curso de aprobación. Si no se actúa en tal sentido se seguirá
exacerbando los conflictos sociales, la ingobernabilidad que ya se
manifiesta en diversas zonas del país y el desajuste nacional en el que
se encuentra México.