MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto está empeñado
en reducir la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a un
asunto meramente delictivo. A medio año de la tragedia, la titular de la
Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, dejó en claro
que a eso se han reducido y así seguirán las investigaciones.
El balance que presentó la procuradora justo seis meses después de la
detención de los jóvenes por parte de policías municipales y su
posterior desaparición atribuida a delincuentes, demuestra el empeño
gubernamental de desasociar lo político y lo criminal.
En línea de lo hecho por su antecesor, Jesús Murillo Karam, Arely
Gómez dijo que hay 104 detenidos; 48 policías municipales de Iguala, 16
de Cocula y 40 integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Todos, incluido el expresidente municipal de Iguala, José Luis
Abarca, como meros operadores, pero sin que se sepa hasta ahora que se
está investigando la estructura política, económica y social que ha
acompañado a ese grupo de la delincuencia organizada.
La procuradora mencionó también que hay 25 averiguaciones previas por
los delitos de homicidio, secuestro y delincuencia organizada. Pero no
hay ninguna por desaparición forzada. Para justificarse, la PGR le cargó
la responsabilidad al Poder Judicial.
Señaló la PGR en un boletín fechado el 26 de marzo: “En relación a
las consignaciones por el delito de desaparición forzada esta
Procuraduría se encuentra pendiente de la resolución que emita el
Tribunal de alzada, siendo que los agravios expuestos por esta
representación social están siendo valorados por la autoridad
jurisdiccional”.
En México, nadie más que el ministerio público tiene el monopolio de
las averiguaciones previas y por ende esa instancia es la que consigna
ante la justicia a los responsables de los delitos. El juez valora las
actuaciones y la tipificación delictiva, pero sólo después de que el
ministerio público le presente un expediente en el que sustente sus
acusaciones. La PGR engaña y manipula.
El periódico La Jornada publicó el domingo 22 de marzo los argumentos
de la PGR para no considerar la tragedia como un delito de lesa
humanidad; es decir, un crimen contra la humanidad.
Según la información consignada, resultado de una solicitud de acceso
a la información, la procuraduría aseguró que en el caso de Ayotzinapa
“no se advierte que se pudiera tratar de ataques generalizados o
sistemáticos contra una población civil, sino que fueron hechos que si
bien son muy delicados, sensibles y relevantes, constituyen
acontecimientos aislados”.
De nueva cuenta, es muy clara la distorsión de la PGR. Un delito de
lesa humanidad no se tipifica sólo por su frecuencia. La Corte Penal
Internacional lo define como las conductas o cualquier acto inhumano
–como la desaparición forzada–, que cause grave sufrimientos o atente
contra la salud mental o física de quien lo sufre, siempre que dichas
conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático
contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
La PGR pretende negar que la noche trágica de Iguala se ha convertido
en emblema de la descomposición del Estado mexicano; una entidad ya no
penetrada por la delincuencia, sino parte de ella, dispuesta a eliminar a
quienes considera sus enemigos.
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la
desaparición forzada como un delito que se prolonga hasta que la víctima
aparezca, viva o muerta.
Sin ser el directamente responsable, Enrique Peña Nieto y su gabinete
están conscientes de que como jefe del Estado mexicano es él quien
tiene que responder ante la tragedia porque agentes estatales –así
fueran policías municipales y un alcalde– participaron en la
desaparición de los normalistas.
Reconocer que se cometió un crimen contra la humanidad, implica
reconocer la jurisdicción internacional en caso de que en México no haya
justicia. Y los responsables ya no serían sólo los autores materiales e
intelectuales de la desaparición, sino aquellos que nieguen la
justicia, empezando por Peña Nieto y sus procuradores.
La preocupación es real porque esos delitos son imprescriptibles; es
decir, perseguirían a Peña Nieto aún después de que salga de Los Pinos
