Detenciones arbitrarias, práctica persistente y extendida entre cuerpos de
seguridad
El Estado no ha tomado acciones para hacer que los militares vuelvan a los
cuarteles, señalan
Fernando Camacho Servín | Periódico La Jornada | Domingo 1º de febrero de 2015, p. 3
El Estado mexicano no ha hecho lo suficiente para resolver la crisis generada por las decenas de miles de desapariciones forzadas que han ocurrido en el país desde 2006, pues no ha investigado ni juzgado a los responsables de dichos crímenes, lo cual ha generado un fenómeno de impunidad que ha hecho todavía más grave este problema.
Fernando Camacho Servín | Periódico La Jornada | Domingo 1º de febrero de 2015, p. 3
El Estado mexicano no ha hecho lo suficiente para resolver la crisis generada por las decenas de miles de desapariciones forzadas que han ocurrido en el país desde 2006, pues no ha investigado ni juzgado a los responsables de dichos crímenes, lo cual ha generado un fenómeno de impunidad que ha hecho todavía más grave este problema.
Tal es una de las principales conclusiones que diversos colectivos de
derechos humanos presentarán este 2 y 3 de febrero en el contexto del octavo
periodo de sesiones del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones
Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), organismo que analizará por primera
vez los avances del país para cumplir sus obligaciones internacionales en esta
materia.
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| Diversas organizaciones no gubernamentales señalan las debilidades del Estado mexicano ante el problema de las desapariciones forzadas. Foto: Marco Peláez |
En las audiencias, a realizarse en Ginebra, Suiza, Amnistía Internacional presentará un informe –disponible en la página web de la CED– en el cual advierte que en México la tipificación del delito de desaparición forzada no cumple con las normas internacionales, porque desconoce las múltiples formas en que un servidor público puede estar involucrado en los hechos.
De igual forma, señala que las detenciones arbitrarias –que suelen ser el inicio de una desaparición forzada– son una práctica persistente y muy extendida en México y forman parte habitual de la actuación policial y militar en la investigación de delitos graves. Sin embargo, las medidas tomadas hasta el momento para prevenirlas son insuficientes.
Por su parte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos indica en su respectivo informe que a pesar de las múltiples recomendaciones para que México limite la participación de los militares en labores de seguridad pública (uno de los elementos que detonó el fenómeno de las desapariciones forzadas desde 2006), el gobierno no ha tomado acciones para hacer que los soldados vuelvan a los cuarteles.
Asimismo, lamentó que pese a haber firmado y ratificado los principales instrumentos en materia de desaparición forzada, México sigue sin admitir la facultad del CED para recibir quejas individuales, como lo establece el artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
De su lado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan destacó en su informe los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, donde tres normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados y 43 más desaparecidos, y subrayó el papel diversos servidores públicos en dicho crimen, así como la
falta de capacidad del Estadopara esclarecer el delito y encontrar a las víctimas con vida.
Fuente: La Jornada
