El actual presidente de la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje, Diódoro Siller, fue denunciado ante la PGR y la Secretaría de
la Función Pública por supuestamente incurrir en ejercicio indebido del
servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos,
delitos contra la administración de la justicia y desvío de recursos
humanos y financieros. Las acusaciones fueron interpuestas por dos de
los 11 altos mandos suspendidos de su cargo por la actual
administración, a quienes se les abrieron procesos administrativos. Por
este caso, los denunciantes también han interpuesto quejas en la CNDH
Elva Mendoza - Contralinea
El 15 de enero pasado se presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y delitos contra la administración de la justicia, así como por el desvío de recursos humanos y financieros “que ha cometido Diódoro Siller Argüello”, presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).
El 15 de enero pasado se presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y delitos contra la administración de la justicia, así como por el desvío de recursos humanos y financieros “que ha cometido Diódoro Siller Argüello”, presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).
Antes de ello, el 6 de enero de 2015, se interpusieron quejas de
responsabilidad ante la Secretaría de la Función Pública contra el mismo
servidor público y contra sus colaboradores José Francisco Maciel
Amaya, Mara Adriana Mayo Río, Luis Guillermo Pineda Bernal, Pedro Urbano
Sánchez (de la Unidad de Quejas, Denuncias y Responsabilidades),
Magdalena Kabsch Vela y los que resulten responsables.
Los hechos que han originado las denuncias, tanto penal como
administrativa, se refieren a las suspensiones temporales supuestamente
injustificadas en contra de Federico Gabriel Acevedo Flores, quien se
desempeñaba como secretario auxiliar para el Apoyo y Control Procesal de
Juntas Especiales, y Adriana Llaca Sánchez, secretaria general de
Conciliación y Asuntos Individuales de la JFCA.
Otros funcionarios de alto nivel también han sido suspendidos,
denuncian los funcionarios: Carlos Mauricio Salazar Douglas, coordinador
general administrativo; Ricardo Quevedo Astudillo, secretario Auxiliar
de Peritajers y Diligencias; Lucía Barrera Gil, quien se desempeñaba
como presidente de la Junta Especial 8 Bis; Celia Calderón Esparza,
presidenta de la Junta Especial 18, con sede en Guadalajara, Jalisco;
María Patricia de Ibarrondo Miranda, presidenta de la Junta Especial 42,
ubicada en Torreón, Coahuila; Juan José Marques Valerio, presidente de
la Junta Especial 53, de Zacatecas; Alicia Sahagún Linares, presidenta
de la Junta Especial 57, ubicada en Colima; Alejandro Sirahuen González
y Vera, presidente de la Junta Especial 12 Bis; Catalina Zavala
Olivares, de la Junta Especial 54, con sede en Orizaba, Veracruz, y
Miguel Rutilio Zambrano Pérez, presidente de la Junta Especial 47,
ubicada en Cananea, Sonora.
Los denunciantes –Llaca Sánchez y Acevedo Flores– aseguran que en
la Junta Federal radican alrededor de 400 mil casos laborales colectivos
e individuales en espera de ser resueltos.
Tras su destitución, ambos interpusieron quejas ante la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, identificadas con los folios 126257 y
134129, y también amparos indirectos.
Los hechos
En la Unidad de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de la JFCA se
resuelven no sólo los procedimientos administrativos en contra de
Federico Gabriel Acevedo Flores y Adriana Llaca Sánchez, sino también de
Carlos Mauricio Salazar Douglas, Ricardo Quevedo Astudillo.
Los funcionarios habrían sido suspendidos temporalmente de sus
cargos debido a supuestas “quejas y denuncias promovidas por
trabajadores, patrones y funcionarios” de la propia Junta Federal,
informó el órgano de impartición de justicia laboral a través de un
escueto comunicado fechado el 14 de diciembre y dado a conocer en medios
de comunicación el 15 de diciembre de ese mismo año.
En uso de su derecho de réplica, Salazar Douglas, Federico Acevedo y
Adriana Llaca aseguran que el comunicado oficial emitido por la Junta
Federal es parcial, deforme y omiso.
Quienes se desempeñaban por nombramiento del secretario del
Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, como coordinador general de
Administración; secretario auxiliar para el Apoyo y Control Procesal de
Juntas Especiales; secretario auxiliar de Peritajes y Diligencias, y
secretaria general de Conciliación y Asuntos Individuales,
respectivamente, aclaran que el escrito fue emitido 15 días después de
que se les sacara por la fuerza de las oficinas.
A través de dos comunicados, los servidores públicos informan que
fue el viernes 28 de noviembre de 2014, aproximadamente a las 14:30
horas, cuando un grupo de alrededor de 20 personas –encabezadas por Luis
Guillermo Pineda Bernal, quien, dicen, fungía como presidente de la
Junta Especial 37 de Ciudad Victoria, Tamaulipas, misma que ahora
aparece como vacante en el portal de internet; José Francisco Maciel
Amaya, presidente de la Junta Especial 16; Mara Adriana Mayo Río,
presidenta de Junta Especial 3; María Magdalena Kabsch Vela, funcionario
conciliador en Asuntos Individuales de la Junta Especial 16– tomó y
selló sus oficinas, sin que a la fecha se les permita el paso.
Según narran, no se les notificó del procedimiento en su contra ni
de la suspensión, sino hasta horas después del desalojo, en algunos
casos días después o, incluso, no fueron notificados.
El caso de Salazar Douglas
Carlos Mauricio Salazar Douglas, quien se desempeñaba como
coordinador general de Administración desde el 1 de marzo de 2014, niega
que exista un procedimiento administrativo en su contra.
Nombrado por Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, Salazar Douglas presentó su renuncia el 1 de
diciembre de 2014 “por decisión personal y ante las diferencias en
criterios con Diódoro Siller Argüello por la arbitrariedad,
irresponsabilidad y falta de probidad con la que se conduce como
presidente de la Junta Federal”, refiere.
“Al día de hoy no tengo conocimiento sobre procedimiento
administrativo ni notificación alguna en mi contra y, en consecuencia,
suspensión decretada por ese motivo, además de que resultaría imposible
suspenderme al haber presentado mi renuncia previamente. De existir
algo, por supuesto estaría viciado de origen y sería irregular al no
habérseme notificado en tiempo y forma como lo establece la Ley Federal
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.”
La denuncia de Adriana Llaca
“Fui suspendida por no concordar y acceder a los intereses personales, oscuros y corruptos del titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje”, afirma Llaca Sánchez en el escrito.
El 1 de diciembre Adriana Llaca fue notificada de la suspensión
temporal por causas, dice, no justificadas como graves para imponer una
suspensión de funciones.
Llaca Sánchez enfrenta dos procedimientos administrativos bajo el
expediente QU/704/2014. En concordancia con el Acuerdo de Suspensión
Temporal –al que Contralínea tuvo acceso– 48 servidores de la
Junta habrían promovido la queja por presuntas irregularidades
administrativas “consistentes en tomar decisiones arbitrarias,
negligentes y caprichosas; realizar destituciones de presidentes de
Junta Especial y de personal jurídico del Tribunal Federal Laboral;
llevar a cabo cambios de adscripción e imposición de secretarios
auxiliares, presidentes de Junta Especial, funcionarios conciliadores,
secretarios de Acuerdos, actuarios, etcétera, neófitos en materia
laboral […]. Y, además era del conocimiento general del personal de la
Junta el historial que tenía la presunta responsable, respecto a su
conducta abusiva, de discriminación y prepotencia con la cual se conduce
con todo el personal; y que para lo anterior, ha utilizado amenazas,
miedo y terrorismo laboral, obedeciendo a intereses particulares y no de
esta Junta Federal”.
Adicionalmente enfrenta un procedimiento de destitución
(PAD/315/2014) ante el que ya recurrió al Juicio de Nulidad en el
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
La defensa de Quevedo Astudillo
Designado secretario auxiliar de Peritajes y Diligencias, Quevedo
Astudillo, el 1 de julio de 2014 fue suspendido temporalmente, acusado
de la supuesta sustitución de un perito en grafoscopía y
documentoscopía. El expediente QU/713/2014 apunta: “No existió nunca tal
sustitución y antes de verificar los datos que obran en el expediente
de mérito y ante la Junta Especial 11, Daniel Ornelas Salazar emitió la
suspensión pese a que no es un hecho grave”.
Impugnación de Federico Acevedo
Federico Gabriel Acevedo, designado como secretario auxiliar para
el Apoyo y Control Procesal a Juntas Especiales el 1 de julio de 2014,
se encuentra también bajo proceso con el expediente QU/714/2014.
Según se lee en el Acuerdo de Suspensión Temporal, el expediente
administrativo “se motiva por una queja promovida por David Orlando Piza
Avilés, apoderado de Servicios Profesionales Unilever, S de RL de CV, y
Unilever de México, S de RL de CV, contra Federico Gabriel Acevedo por
presuntas irregularidades administrativas, consistentes en que de manera
sorpresiva y sin fundamento legal alguno el expediente laboral 963/2011
ha estado desde hace aproximadamente 3 meses de manera inexplicable en
el área de la Secretaría General de Conciliación y Asuntos Individuales y
la Secretaría Auxiliar para el Apoyo y Control Procesal de Juntas
Especiales, sin que las personas encargadas de dicha área den una causa
justificada o legal, por lo que se tiene el temor de que dicho
expediente pueda ser manipulado o resuelto de manera irregular”.
Contralínea solicitó entrevista con el presidente de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Diódoro Siller Argüello, por
medio de Nancy Serratos y Miriam Rosado; al cierre de edición no se
obtuvo respuesta.
Fuente: Contralinea
Fuente: Contralinea
