23 septiembre 2013 | Staff Reforma / Aristegui Noticias
Distrito Federal– Al tiempo que era consejero ciudadano para vigilar a la PGR, el empresario Alejandro Puente Córdoba hacía negocio con la propia dependencia. Esto ocurrió durante la gestión de Marisela Morales al frente de la Procuraduría General de la República (PGR).
En enero de 2012, Puente asumió la titularidad del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR.
Y, en septiembre de ese mismo año, la dependencia le pagó 126 mil dólares por 30 horas de vuelo de un avión Sabreliner 65 matrícula XA-APC.
La aeronave es propiedad de Grupo Aeronáutico AFA, empresa de la que Puente posee 99 por ciento de las acciones.
Lo anterior está asentado en un acta constitutiva registrada en marzo de 2007 ante el notario público número 11, Carlos Alejandro Durán Loera.
Alejandro Puente Córdoba es también presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec).
De vigilante a proveedor
El año pasado, la entonces Procuradora Morales desmanteló la Dirección General de Servicios Aéreos de la PGR con el consecuente despido de más de 300 pilotos y mecánicos.
Ello llevó a la institución a rentar aeronaves privadas.
Luego de esto, el contrato PGR/AD/CN/SERV-192-2012 fue adjudicado en forma directa, sin licitación, a Ra Jet Aeroservicios.
Se pagó un millón 370 mil 6 dólares por la renta de nueve aviones y un helicóptero que estarían disponibles por 30 días a partir del 1 de septiembre de 2012.
Una de las aeronaves es el Sabreliner 65 de Alejandro Puente, la cual fue rentada a la PGR por Ra Jet Autoservicios.
Grupo Aeronáutico AFA, la empresa de Puente, logró su expansión gracias a los millonarios contratos que obtuvo del Gobierno de Humberto Moreira en Coahuila.
Según una factura fiscal emitida el 23 de octubre de 2012, la PGR pagó específicamente por el Sabreliner 65 una renta de 126 mil dólares.
El certificado de matrícula --expedido por la Dirección General de Aeronáutica Civil el 24 de febrero de 2011-- establece que el avión tiene el registro Rockwell NA-265-65 con número de serie 465-16 y certificado de aeronavegabilidad 20120074.
Tiene capacidad para dos tripulantes y ocho pasajeros. Su base está en el Aeropuerto Internacional de Toluca.
Alejandro Puente fue el último presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, organismo que desapareció en marzo por instrucciones del Procurador Jesús Murillo Karam.
Fuentes oficiales confirmaron que, durante la gestión de Marisela Morales, la PGR dio diversos contratos para servicios aéreos Grupo Aeronáutico AFA, la empresa de Puente.
Alejandro Puente usó a Canitec para lucrar con PGR
Durante la gestión de Marisela Morales, Puente negoció contratos desde la Canitec y la Procuraduría para rentar aeronaves pese a ser titular del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR.
24 septiembre 2013 | Redacción Aristegui Noticias
El empresario Alejandro Puente lucró desde su gestión en la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec) con la Procuraduría General de la República (PGR) cuando Marisela Morales era su titular.
Los correos electrónicos
Fuente: Reforma / Aristegui Noticias
En enero de 2012, Puente asumió la titularidad del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR y en septiembre de ese mismo año, la dependencia le pagó 126 mil dólares por 30 horas de vuelo de un avión Sabreliner 65 matrícula XA-APC, informó el diario Reforma.
La aeronave es propiedad de Grupo Aeronáutico AFA, empresa de la que Puente posee 99% de las acciones y que quedó asentado en un acta constitutiva registrada en marzo de 2007 ante el notario público número 11, Carlos Alejandro Durán Loera.
En 2012, Morales desmanteló la Dirección General de Servicios Aéreos de la PGR, lo que llevó a la dependencia a rentar aeronaves privadas como sucedió en el mes de septiembre cuando se pagó un millón 370 mil 6 dólares por la renta de nueve aviones y un helicóptero.
La investigación del diario Reforma revela que Grupo Aeronáutico AFA, (la empresa de Puente), logró su expansión gracias a los millonarios contratos que obtuvo del Gobierno de Humberto Moreira en Coahuila.
Alejandro Puente fue el último presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, organismo que desapareció en marzo por instrucciones del Procurador Jesús Murillo Karam.
En seguimiento al tema, el diario dio a conocer una serie de correos electrónicos donde se revela que funcionarios de la PGR de la administración pasada, empresarios de la aviación y Jorge Sánchez Lazo, director general de la Canitec, estaban en contubernio para ajustar contratos.
En los e-mails, Jorge Sánchez Lazo envía como archivo adjunto el borrador de un contrato a Jorge Padilla Audiffred, dueño de la empresa de aerotaxis Asesoría en Aeronáutica, para que lo revise y le escriba sus comentarios.
El propósito era adecuar los términos de un contrato en el que se pretendía que la PGR rentara un helicóptero McDonell Douglas Explorer serie 900-0010 con matrícula XA-FAA, propiedad de la empresa de Puente, aunque en este caso aparecería como arrendador la compañía de Padilla Audiffred.
En el cruce de e-mails, aparecen algunos de Susana Georgina León González, hasta el año pasado directora General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales de la PGR.
Como reacción, las bancadas del PAN y PRD en la Cámara de Diputados exigieron que se investigue a la ex Procuradora Marisela Morales y al empresario Alejandro Puente Córdoba por la presunción que hay de que incurrieron en un conflicto de intereses.
El diputado perredista Fernando Zárate comentó que “la PGR no puede ni debe ser tolerante. De oficio debiera procederse en términos de la legislación penal. El caso de Alejandro Puente es uno de los ejemplos más claros de como la política es el camino más buscado por los corruptos para hacerse de dinero mal habido y convertirse en millonario de la noche a la mañana”.
Por su parte, los legisladores panistas Esther Quintana y Fernando Rodríguez Doval reclamaron una “investigación a fondo” para deslindar responsabilidades.
El 16 de diciembre siguiente, Padilla recibió un e-mail de una funcionaria de la PGR que lo buscaba para una cita en la sede de la institución, el día 19 del mismo mes.
Este correo se titula “Reunión” y se lo envió Susana Georgina León González, entonces directora General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales de la PGR, desde su dirección susana.leon@pgr.gob.mx.
“La duración de la reunión será de una hora. Y tendrá por objeto revisar las condiciones del servicio que la sociedad que usted representa, es decir, Asesoría en Aeronáutica, S.C., prestará a esta institución”, dice este e-mail cuya copia la funcionaria envió a su asistente María Luisa Castillo Ramírez.
El 21 de diciembre Sánchez Lazo, desde su email de la Canitec, envió a Padilla un correo titulado “PGR Propuesta técnica y económica.doc”, con el borrador del contrato del helicóptero McDonell Douglas.
Los términos del arrendamiento, según este documento, serían por 50 mil dólares mensuales, con un mínimo de 30 horas de vuelo, un precio unitario por hora de vuelo de 3 mil 500 dólares y una opción de compra de 2 millones 70 mil dólares al finalizar el contrato, además del IVA.
