Comunidades en defensa del agua/III
Uno de los mayores problemas que enfrentan las comunidades y grupos étnicos en el territorio nacional tiene que ver con el despojo de sus recursos hídricos; lo mismo en Veracruz que en Sonora y en otras regiones, arbitrarios proyectos, tanto privados como oficiales, amenazan con arrebatarles esta riqueza natural, vital en sus ancestrales formas de subsistencia y básica en la preservación de la biodiversidad.
Es este renglón, otro de los puntos que ha merecido especial observancia por parte del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo México, en su Audiencia Temática sobre la Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos, entre cuyos casos destaca la lucha que mantienen desde el sexenio pasado los 30 mil habitantes de siete municipios veracruzanos, ubicados en la Sierra de Zongolica y que se encuentran en riesgo ante la insistencia de voraces empresarios por reactivar el proyecto hidroeléctrico “El Naranjal”, que busca alterar el curso de los Ríos Blanco y Metlac, y que ya costó la vida de Noé Vázquez Ortíz, miembro del Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, que fuera asesinado el pasado 2 de agosto, por sicarios que persisten en intimidar a los pobladores para abandonar su movimiento.
Desde el 2011 y contando el aval de la Comisión Federal de Electricidad, para construir una hidroeléctrica con una capacidad de generación de 360 MW, la firma Agroetanol de Veracruz, S.A de C.V, propiedad de Guillermo González Guajardo —hijo de uno de los empresarios consentidos del salinismo, Claudio X. González Laporte—, presentó un estudio de impacto ambiental para iniciar las obras. Como desde un principio lo han denunciado indígenas y campesinos afectados, la empresa echó a andar toda una serie de argucias para inducirlos, mediante engaños y amenazas, a vender sus tierras.
El pasado 5 de junio en que se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, dio por cancelado el proyecto al anunciar un decreto mediante el cual se determina como área natural protegida a las zonas Metlac-Río Blanco y Amatlán-Cuichapa; empero, todavía no se concreta en los hechos.
El otro asunto es la lucha de resistencia del pueblo yaqui al que sin haberle consultado su parecer en 2010, y en abierta infracción constitucional, el gobierno federal, representado por el expresidente Felipe Calderón, y el gobierno de Sonora, con Guillermo Padrés Elías a la cabeza, le impusieron la construcción del Acueducto Independencia que busca desviar el cauce del Río Yaqui para surtir de agua a la ciudad de Hermosillo.
El gobernador Padrés no sólo ha desacatado un ordenamiento de la Corte que favorece al pueblo yaqui, al igual que Calderón, pasó por alto el decreto presidencial emitido en 1937 por el general Lázaro Cárdenas, que estableció su derecho al usufructo de su territorio y de su agua. El grupo étnico ha demostrado que el impositivo proyecto no es para dotar de agua a los habitantes de Hermosillo, sino para alentar los parques industriales donde tiene puestos sus intereses personales el mandatario estatal.
Además, ha denunciado ante instancias internacionales que existió desde un principio una violación a lo contemplado en el artículo 2 de la Constitución.
Fijando en su párrafo IX la obligación a “consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen”. Nada de lo cual se cumplió.
Fuente: Revista Siempre!
