Los primeros nueve meses de gobierno de Enrique Peña Nieto sólo generaron buenas expectativas, las cuales poco a poco se desvanecen en la realidad. La economía se derrumbó; la inseguridad persiste en las calles, aunque haya desaparecido de la mayoría de los medios de comunicación masiva, y el Pacto por México, la principal apuesta política del sexenio, se tambalea.
En el ámbito económico la expectativa de las reformas estructurales, tan cacareadas en México y el extranjero, generó el llamado Memo (Mexican Momentum) antes de tiempo y puede traducirse en un gran tropiezo para el actual gobierno, pues las resistencias internas al proceso legislativo y las contundentes cifras macroeconómicas prácticamente lo cancelaron.
Y aunque algunos analistas piensan que puede haber una segunda oportunidad, cuando finalmente logren pasar las reformas legislativas será mucho más difícil convencer a la comunidad empresarial internacional de que esa vez sí se concretarán y no será una segunda llamarada de petate.
Las noticias económicas y financieras de las últimas dos semanas hacen incluso dudar de que se pueda cumplir con la última meta de crecimiento del PIB de 1.
8%, casi la mitad de 3.
5% que había planteado la Secretaría de Hacienda en diciembre último.
Asimismo, son un nuevo obstáculo para la llamada reforma hacendaria, que inevitablemente contempla el incremento de tasas impositivas, por la vía de aumento de tasas y/o de concluir los regímenes fiscales especiales, lo cual por supuesto no es la mejor opción en momentos de recesión.
El primer balde de agua fría fue la caída de 0.
74% del PIB en el segundo trimestre del año, y el problema es que de las explicaciones de la misma únicamente una parece estar bajo el control del gobierno: la disminución de 6.
7% en términos reales de la inversión en obra del gobierno federal.
El resto: la crisis de los desarrolladores inmobiliarios, y la caída de las remesas de los mexicanos residentes en Estados Unidos a sus familias a niveles de 2009.
Eso vino acompañado de otras noticias, muy lógicas por el desarrollo general de la economía, pero igualmente negativas: el descenso constante de la producción industrial en los últimos cuatro trimestres, es decir, un año, producto de la debilidad del mercado interno y de la ausencia de demanda en el exterior; el decrecimiento del PIB de servicios; el descenso de la generación de empleos, 200 mil menos de los generados en el primer semestre del año pasado, agudizado porque en los últimos tres meses se registraron menos de 10 mil empleos mensuales; y la disminución en el ritmo de crecimiento de las exportaciones, que apenas lograron 1.
4% en los primeros siete meses de 2013, lo que aunado al incremento en las importaciones provocó el mayor déficit en la balanza comercial en un periodo similar en los últimos cinco años.
Por si fuera poco, en el segundo trimestre del año se produjo la salida de inversión extranjera de los mercados de acciones y de deuda de las empresas privadas en la Bolsa Mexicana de Valores por casi 5 mil millones de dólares, cifra única desde que se inició el registro correspondiente en el primer trimestre de 1995.
Prácticamente todos los indicadores macroeconómicos son negativos, y eso conduce a que los analistas de las corredurías internacionales y los grupos financieros nacionales e internacionales ya hablen de un estancamiento económico y hagan pronósticos de crecimiento del PIB por debajo de 1.
8% que fijó el gobierno; y que el Consejo Coordinador Empresarial solicite la implantación de un plan emergente para reactivar la economía.
El hecho es que México tiene hoy las peores expectativas oficiales de crecimiento entre las ocho principales economías emergentes (Brasil, Rusia, India, China, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y México), con lo cual muy difícilmente podrá atraer los capitales internacionales a los que tanto se aspira.
Los resultados negativos se extienden a otros ámbitos, y en el terreno del combate a la inseguridad, más allá de las cifras y declaraciones oficiales, la realidad también parece desmentirlas.
El periódico Reforma publicó el pasado 25 de agosto que en el 2013 surgieron “en más de medio centenar de municipios, casi en la mitad de los estados del país”, grupos de autodefensa, policías comunitarias, guardias o vigilantes, que asumen las labores de seguridad en sus comunidades ante la incapacidad de las autoridades de garantizárselas.
Y según difundió el portal de Proceso el martes 27 de agosto, Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), destacó en una conferencia que, de mantenerse la tendencia de 13 mil 775 homicidios dolosos entre diciembre de 2012 y julio de 2013, que reveló el semanario Zeta, Peña Nieto “culminaría su gestión con una contabilidad de 124 mil 975 muertes, lo que representa un incremento de 49.
3% respecto de la herencia de Calderón…”
Así que aunque el gobierno federal pretenda desentenderse de su responsabilidad, alegando que lo que está creciendo son los delitos del fuero común y no los federales, la inseguridad no únicamente persiste, sino que crece en el país.
Y ni siquiera la detención de Elba Esther Gordillo, que tanto revuelo causó y tantas expectativas generó, logró cambiar la percepción de los mexicanos de que el gobierno de Peña Nieto es muy corrupto y de que los delitos vinculados nunca o casi nunca se castigan.
Una encuesta realizada por el grupo Reforma y divulgada el lunes 26 de agosto señala que únicamente 37% de los mexicanos piensan que el presidente está haciendo un buen esfuerzo por combatir la corrupción, contra 49% que lo creían en 2004 respecto a Fox y 60% en 2012 respecto a Calderón; el 77% considera que el gobierno federal es muy corrupto, contra 67% de 2012 y 63% de 2002; el 47% opina que nunca o casi nunca se castigan los delitos de corrupción, y 49% piensa que si se redujera la corrupción en Pemex no se necesitaría reforma energética, contra 39% que estima que en cualquier caso sería necesaria.
Tras nueve meses de gobierno, Enrique Peña Nieto tiene un gran reto para incluir algo más que nuevas y/o reiteradas promesas en su mensaje a la nación con motivo de su Primer Informe de Gobierno, pues ni siquiera podrá presumir las llamadas reformas estructurales, ya que todas están a nivel de reformas constitucionales o, en el mejor de los casos inconclusas, como la educativa, porque los legisladores postergaron la discusión y votación de la Ley del Servicio Profesional Docente.
A la luz de los datos económicos, las cifras de inseguridad y las percepciones ciudadanas, parece difícil mantener el optimismo.
