Editorial-La Jornada
La inercia y la
insensibilidad oficiales llevaron a una escalada de la inconformidad que
un importante sector del magisterio ha venido expresando desde hace
años por el abandono gubernamental y que ha tenido como catalizador, en
meses recientes, el conjunto de reformas legales emprendidas a
iniciativa del gobierno federal en materia educativa. Ante la persistencia de las bancadas oficialistas en el Legislativo
por gestionar en forma rutinaria tales reformas, a espaldas de un clamor
que habría debido ser incluido y atendido desde hace mucho, los
maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) optaron por acudir a la capital de la República, acampar en el
Zócalo, rodear el Palacio Legislativo de San Lázaro y la sede del Senado
de la República y, en horas recientes, hacerse presentes en las
inmediaciones del aeropuerto capitalino.
Las presiones sobre el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel
Mancera, no se hicieron esperar. Desde el Legislativo mismo, el priísta
Emilio Gamboa Patrón y el panista Jorge Luis Preciado exigieron al
gobernante del Distrito Federal que recurriera al desalojo de los
mentores inconformes. Tales actitudes se han manifestado, también, en
las cúpulas empresariales. El telón de fondo de semejantes posturas se
conforma, desde diversos medios informativos y desde la iniciativa
privada, con la insistencia en presentar el conflicto en curso como
resultado de una postura irreductible del profesorado inconforme que
repercute, incluso, en problemas de vialidad. Se busca, así, esconder el
hecho de que el descontento magisterial es una consecuencia social de
las políticas económicas en curso y de la creciente fractura entre el
país real y sus representaciones políticas formales; se pretende
confundir, en suma, el síntoma con la enfermedad.
Por fortuna para todos, el Gobierno del Distrito Federal, lejos de ceder a presiones y provocaciones y de enfrentar el problema con el recurso de la fuerza policial, buscó encauzarlo por la vía del diálogo con integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado. A la postre, después de haber eludido el problema, el gobierno federal accedió también a entablar negociaciones –por medio de los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Educación Pública, Emilio Chuayfett– con representantes de la CNTE.
Es de lamentar, por último, que para hacerse escuchar por las autoridades los maestros inconformes hayan debido llegar a la intensidad y radicalidad de las movilizaciones de estos días y cabe hacer votos porque en los canales de diálogo recién abiertos pueda gestionarse y resolverse un conflicto que habría podido ser evitado si el Ejecutivo y el Legislativo hubieran escuchado las razones de los profesores de la CNTE y hubieran consensuado con ellos las reformas legales en cuestión.