El surgimiento de guardias comunitarias de autodefensa en varios puntos del territorio nacional es un fenómeno que no debe descalificarse de antemano o criminalizarse, pues se originó desde hace muchos años debido a la falta de capacidad de las autoridades para brindarle seguridad a los ciudadanos, afirmó el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), José Rosario Marroquín.
Su existencia pone en videncia el fracaso de la política de seguridad del gobierno calderonista y la carencia de otro plan que resuelva el problema de la violencia en el gobierno de Enrique Peña Nieto, dijo.
En tanto, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, se pronunció por que el gobierno federal y los estados establezcan un mecanismo de coordinación para regular a las policías comunitarias.
En conferencia de prensa, en la sede nacional del partido del sol azteca, Zambrano consideró que los grupos de autodefensa podrían uniformarse, “dejar las capuchas a un lado”, coordinarse con otros cuerpos policiacos, así como cumplir con protocolos establecidos por la Secretaría de Gobernación y los Ejecutivos estatales.
Por separado, Marroquín comentó que el supuesto carácter ilegal de los grupos de autodefensa no tiene sustento verdadero, pues las comunidades indígenas están facultadas por el artículo 2 de la Constitución y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para organizarse de acuerdo con sus propias tradiciones, incluyendo el aspecto de la seguridad. Incluso, dijo, ha habido experiencias positivas, como la de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Sobre las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, de que la línea entre las policías comunitarias y los grupos paramilitares es “muy tenue”, el director del Prodh consideró que el riesgo de que se inmiscuyan intereses externos en materia de seguridad, no sólo está presente en las guardias de autodefensa. También puede ocurrir en las instituciones del Estado.
“La línea divisoria entre autoridades y la delincuencia organizada también es muy tenue. En vez de descalificar estas experiencias, el gobierno federal debería ser capaz de cumplir con su tarea fundamental de brindar seguridad”, puntualizó el ombudsman nacional.
Sobre el tema, Zambrano dijo que la presencia de estos grupos “es un reclamo de emergencia al Estado mexicano para que se haga presente”, ante el incremento de la inseguridad y de los grupos delictivos, y “no se trata de levantamientos armados contra el Estado mexicano”.
Fuente: La Jornada
Fuente: La Jornada
