Jorge Durand | La Jornada-Opinión
El día 8 de diciembre, el sacerdote Alejandro Solalinde, del albergue Hermanos en el Camino, con sede en Oaxaca, fue notificado de que tenía una demanda judicial por una querella interpuesta por el migrante guatemalteco Francisco Silvestre. El motivo de la denuncia era que el susodicho no había sido recibido en el albergue y que no le dieron atención hospitalaria por estar enfermo de los ojos. Se informa que el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) de Puebla canalizó la denuncia, de acuerdo con la nueva Ley de Migración, por abandono de personas.
Dicha norma, de la cual todavía no existe un reglamento, ha sido aplicada de la manera más abstrusa y retorcida posible por aquellos que, se supone, deben encargarse de aplicarla y respetarla. La nueva ley dispone que ningún migrante debe ser considerado delincuente. Pero, paradójicamente, los funcionarios del INM de Puebla “canalizaron” una denuncia contra un sacerdote que de manera altruista se dedica a atender a los indocumentados en su camino.
Ahora resulta que los albergues y casas de migrantes tienen la obligación de atender a todos los que llegan a sus puertas, y si no lo hacen pueden ser denunciados y demandados por abandono de personas. Pero habría que recordar que es el Estado el que debería proporcionar estos servicios. El mundo patas para arriba en el aciago 2011, que acaba de terminar.
En muchas casas de migrantes no es posible atender a todo el mundo. Un día llegan 80 y al otro 200. No hay modo de prever, ni de tener vituallas, espacio, medicinas y comida disponibles con ese ritmo de ingresos tan aleatorio. Por otra parte, muchas de las casas han sido infiltradas por secuestradores, y necesariamente hay que tomar medidas de seguridad.
Sin duda, al gobierno de Calderón, a la Secretaría de Gobernación y al INM les molesta la desfachatez y claridad con que Alejandro Solalinde denuncia los abusos y atropellos contra los migrantes, no sólo por Los Zetas y demás secuestradores y extorsionadores, sino por los gobiernos locales y toda una gama de policías y funcionarios.
Como quiera, la nueva ley dedica todo un capítulo a la “profesionalización y certificación del personal del instituto” (INM), y habría que preguntarse si estos fervorosos defensores de los migrantes y de la nueva ley han sido medianamente calificados.
Todo parece indicar que se trata de un asunto deliberado para desacreditar al cura Solalinde. Y la tardía aclaración oficial del INM (del 21 de diciembre) de que ellos “únicamente apoyaron la querella interpuesta por el migrante” denota la turbia intención de lavarse las manos. Obviamente, la querella no prosperó, pero la calumnia sí. Y ya sabemos que siempre “algo queda”.
Pero si la querella –apoyada por el IMM– era absurda e inentendible, lo que sucedió el 30 de diciembre es aún más raro y preocupante. Solalinde fue apresado durante cuatro horas, con los dos policías que lo resguardaban, en la comunidad mixe de Nuevo Santiago Tutla, Oaxaca. Pasaban de visita por la comunidad porque uno de los policías es originario del lugar. Pero fue sometido por hombres que responden a las órdenes del cacique local, compadre de Ulises Riuz, ex gobernador de Oaxaca. Luego de permanecer cuatro horas en la cárcel, fue interrogado en una especie de asamblea o juicio popular por la comunidad. Se repicaron las campanas de la iglesia y se congregó a toda la población. Finalmente fue rescatado por la Policía Federal.
Las denuncias de Solalinde obviamente preocupan a algunos funcionarios del INM por haber sido ventaneados. Por décadas se han señalado serias irregularidades, mejor dicho corrupción en el instituto. Pero durante 2011 el tema ha sido abordado ampliamente en todos los medios. La trata y el tráfico de personas es uno de los grandes negocios del siglo XXI, y los traficantes necesariamente tienen que buscar una relación con los funcionarios de migración, y están expuestos al soborno y el chantaje.
De ahí la necesidad de la capacitación permanente, de las medidas de control interno y la supervisión. Pero al mismo tiempo es indispensable la denuncia y la permanente vigilancia de la sociedad. El personal de Migración está expuesto al trato directo con personas, con seres humanos, pero también con delincuentes y traficantes. De ahí que sea una señal muy preocupante la intolerancia y la falta de sentido común de algunos funcionarios. Sería bueno saber qué medidas ha tomado el INM con el funcionario de marras.
Puede ser que la denuncia canalizada por el INM haya sido una puntada o iniciativa de mal gusto y poco sentido común y muy poca perspicacia política, pero lo que sucedió en la comunidad mixe va mucho más allá. Después de lo ocurrido en Canoa, hace ya décadas, y en Acteal, hace 15 años, uno no puede dejar de pensar en la posibilidad de la manipulación y la utilización de fuerzas oscuras para quitar del camino a gente que piensa diferente. A gente que por sus denuncias se considera como enemigo de los diferentes órdenes de gobierno, léase Federación (Gobernación), estados y presidencias municipales.
No es la primera vez que el sacerdote Solalinde ha sido amenazado. Su vida corre peligro; por eso tiene protección permanente de la policía estatal. Pero las amenazas y las agresiones no son hechos aislados y desconectados. La calumnia, la difamación, la arbitrariedad y la impunidad crean ambientes propicios para el ajuste de cuentas.
Fuente: La Jornada
Fuente: La Jornada
