domingo, 6 de noviembre de 2011

Ejidatarios de Durango acusan de fraude a minera canadiense

Falseó acta de asamblea para que se le autorizara extraer oro, aseguran
Saúl Maldonado | Corresponsal Periódico La Jornada | Domingo 6 de noviembre de 2011, p. 28
Durango, Dgo., 5 de noviembre. Ejidatarios de Atotonilco, municipio de San Juan del Río, denunciaron que directivos de la empresa minera canadiense Castlegold Corp falsificaron el acta de la asamblea ejidal para que las autoridades agrarias les dieran permiso de extraer oro en la mina Real del Oro.
José Gándara Martínez, ejidatario de Atotonilco, comentó que en 2008 la asamblea ejidal acordó rentar por 500 mil pesos anuales 108 hectáreas a la compañía extranjera, que se usarían por 15 años como tiradero de residuos mineros.

En esas tierras funcionó la mina Real del Oro hasta hace poco más de dos décadas. Sin embargo, este año la minera empezó a usar dinamita para extracción de oro.

Los ejidatarios constataron que en la Procuraduría Agraria (PA) existe una carta de la asamblea ejidal en la que se otorgó permiso para explotación y extracción de mineral.

Los ejidatarios aseguran que la empresa falsificó el acta ejidal, por lo que solicitan intervención de la PA y la cancelación de los trabajos que se realizan en la mina. Es un fraude, señala Gándara Martínez.

Gándara Martínez reconoce que en el acta que existe en el Registro Agrario Nacional (RAN) aparecen alrededor de 40 firmas de las cuales más de 20 son falsas.

La falsificación de actas es delito, dice; pero algunas de esas firmas son reales por lo que se ha vuelto a citar a los ejidatarios a una asamblea en Atotonilco para verificar quiénes firmaron un acta diferente a la acordada.

En esa sesión se presentará el acta original de la asamblea de 2008, en la que se estipula que las 108 hectáreas se usarán como tiradero, documento que no coincide con la existente en el RAN.

Asegura que si hubieran sabido que la empresa pretendía extraer oro, entonces la renta por esas tierras hubiera sido de al menos un millón de pesos al año y habrían solicitado algunas obras en beneficio de la comunidad.

En la mina trabajan 500 personas, pero de ellas sólo 10 son del ejido Atotonilco, el resto ha sido contratado en otros municipios y estados.

José Noel Pérez Salais, delegado de la PA, confirmó el conflicto entre los ejidatarios y la minera. Dijo que están pendientes de la reunión que se verificará en el transcurso de la semana para definir cómo proceder contra la compañía canadiense si se confirma la falsificación de firmas.

Fuente: La Jornada