por Roberto Meléndez S.
“Ya se trabaja y solicitado informes en los 18 juzgados de Distrito de la ciudad de México y en la misma materia en los estados de México, Hidalgo y Morelos, en los que, de acuerdo a los trabajadores, se solicitaron las órdenes de aprehensión"
Tras la captura y consignación del prosecretario de Divisiones del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas, Miguel Márquez Ríos, grupos especiales de la Policía Federal Ministerial, con base en órdenes de aprehensión libradas por juzgados federales en materia penal, localizan a más de mil miembros del organismo encabezado por Martín Esparza, acusados por la Procuraduría General de la República de sabotaje, robo, privación ilegal de la libertad, contra el consumo y la riqueza nacionales y daño a instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad.
A su vez y como respuesta a las acciones que se emprenderá la Procuraduría General de la República, cientos de trabajadores sindicalizados presentaron ante autoridades del Poder Judicial de la Federación demandas de amparo para no ser detenidos, incomunicados o presentados ante fiscales federales. Sobre el particular, jueces de amparo penal han solicitado informes sobre los hechos a juzgados federales en materia de procesos penales federales.
“Ya se trabaja y solicitado informes en los 18 juzgados de Distrito de la ciudad de México y en la misma materia en los estados de México, Hidalgo y Morelos, en los que, de acuerdo a los trabajadores, se solicitaron las órdenes de aprehensión en su contra”, refirieron funcionarios del Poder Judicial Federal, quienes se concretaron a manifestar que a la fecha las indagatorias consignada difícilmente llegan a la decena.
Se estima que en lo que va del año y con base en denuncias formuladas por la Comisión Federal de Electricidad, integró y consignó a juzgados federales penales, aproximadamente 400 averiguaciones previas en las que se relaciona a militantes del órgano sindical encabezado por Martín Esparza.
La consignación de las averiguaciones previas, asentaron Ministerios Públicos Federales, obedece única y exclusivamente a cuestiones jurídicas y no a consignas por parte de autoridades federales o de los estados en los que los sindicalizados han incurrido en conductas presumiblemente constitutivas de delito.
“Las denuncias se basan en hechos concretos y se hacen señalamientos concretos. Obedecen a cuestiones estrictamente jurídicas, no a cuestiones políticas, venganzas o revanchismos. Si en los casos existen responsables deberán responder ante las autoridades por sus conductas”, acotaron Representantes Sociales de la Federación, los que agregaron que independientemente de las indagatorias en trámite, existen alrededor de medio centenar de actas circunstanciadas y que las mismas, por la presunta comisión de diversos ilícitos, podrían convertirse en averiguaciones previas.
Se reiteró que la Comisión Federal de Electricidad, una de las quejosas, ha solicitado a la Procuraduría General de la República proceda legalmente contra ex trabajadores de la desaparecida “Luz y Fuerza del Centro” que se han negado a entregar y ocultan bienes que mantenían bajo custodia, como lo acredita el operativo realizado en un estacionamiento de las Humbolt, donde se recuperaron 43 vehículos, la mayoría de ellos camionetas de recién modelo, con un valor de varios millones de pesos, que los ex empleados sindicalizados se negaban a entregar.
