Trasnacionales participan en los actos de corrupción, documentan.
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) iniciará nuevos litigios para combatir el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), emitido el 11 de octubre pasado. Con base en diversos análisis de este sindicato y de legisladores, los dirigentes expondrán al Congreso de la Unión las presuntas irregularidades administrativas y legales del decreto presidencial referido, el cual no fue antecedido por un dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), como lo estipula le ley, para garantizar que las normativas expedidas por el Ejecutivo no sean perjudiciales para la administración pública y los terceros interesados.
El SME agotará esta vía porque considera que el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es inapelable, pero sólo para lo que se refiere a la constitucionalidad del decreto de extinción, no así para los efectos legales y administrativos.
El SME argumentará, además, que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha entregado contratos por adjudicación directa a unas 500 empresas nacionales y extranjeras con documentos
plagados de irregularidades, especialmente porque no se definen las funciones ni la prestación de bienes y servicios con base en los cuales se firman tales documentos, algunos de ellos millonarios.
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