Grupo Reforma
Mientras en Estados Unidos dos mexicanos están detenidos por presunto soborno a un ex alto funcionario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en México, éste sigue libre, aunque oficialmente renunció a su cargo.
Néstor Moreno Díaz, ex director de Operación de CFE, habría recibido un yate de 1.8 millones de dólares, un Ferrari de 297 mil dólares, más de 170 mil dólares a una tarjeta y otros pagos por 600 mil dólares, a cambio de otorgar contratos para plantas de emergencia a la empresa Azusa, de California.
Los detenidos, a quienes se les sigue juicio en Los Ángeles por conspiración y corrupción en el extranjero, son los esposos Enrique Faustino Aguilar Noriega y Ángela Gómez, con residencia en Cuernavaca, quienes de acuerdo con el Departamento de Justicia, fueron intermediarios de los pagos realizados. El pasado 15 de septiembre, CFE informó en un escueto comunicado, que Moreno Díaz, quien tenía a su cargo la operación de todo el sistema eléctrico, había presentado su renuncia el día anterior, aunque contaba con licencia desde el 16 de agosto precisamente para atender las investigaciones.
Tanto Moreno Díaz como su antecesor, Arturo Hernández, son identificados en el Acta de la Corte del Distrito de California, de octubre del año pasado, por sus cargos y las fechas en que los detenidos trataron con ellos.
Los contratos con Azusa eran de plantas eléctricas de emergencia que se utilizan para prestar el servicio en casos de afectación eléctrica por contingencias naturales, como huracanes, y que se asignan sin licitación.
Pero, por si eso fuera poco, también se supo ayer que está en curso otro caso de corrupción que involucra a por los menos cuatro funcionarios de la CFE.
El Departamento de Justicia informó que la filial de la empresa ABB LTD y otra llamada Sugar Land, con sede en Texas, son culpables de conspiración, y se les impuso una multa de 39.3 millones de dólares por actos de corrupción en México y en Iraq, donde gastaron 2.7 millones de dólares para obtener contratos con valor de 100 millones de dólares en ambos países.
La investigación establece que en noviembre de 2009, Enrique Basurto y John O´Shea fueron procesados por pagos a cuatro funcionarios no identificados de CFE, para la instalación del sistema informático en el despacho de electricidad en el Centro Nacional de Control de Energía.
En su alegato, Basurto admitió que conspiró con otros para hacer pagos ilegales a funcionarios de la CFE y ayudó a lavar el dinero de soborno. Consultada al respecto, la CFE declinó dar detalle de los contratos involucrados en ambas investigaciones, pero dijo que se entregó toda la documentación a la PGR y a la Secretaría de la Función Pública.
“Estamos impedidos por ley porque es parte sustancial de la investigación”, aseguró Estéfano Conde, vocero de la paraestatal.
Se solicitó a la PGR información del estado que guarda la averiguación previa abierta contra el ex funcionario, sin embargo, hasta el cierre de esta edición la dependencia no había emitido ninguna respuesta.
