Fernando Camacho Servín | Periódico La Jornada | Domingo 2 de febrero de 2014, p. 14
A un año de ocurrida la explosión en la torre B2 de Petróleos Mexicanos (Pemex), la dirección de la paraestatal se ha negado a indemnizar a las familias de tres trabajadores, argumentando que no tenían una relación laboral con ella, pues se encontraban bajo el régimen de subcontratación, denunció Osvaldo Vite, hijo del fallecido Gregorio Vite Valderrama.
En entrevista con La Jornada, subrayó que los deudos de otras víctimas sí ejercieron el derecho a una compensación monetaria y manifestó que los resultados de las investigaciones sólo fueron diseñadas para “distraer a los medios”.
“Todavía me siento indignado, con el coraje de que ni siquiera se han tomado las ‘decisiones firmes’ de que habló el presidente (Enrique Peña Nieto). El director de Pemex, (Emilio) Lozoya Austin, se ha llenado la boca para decir que ya nos indemnizaron y es pura mentira”, subrayó.
El joven lamentó que la empresa paraestatal siga argumentando que no tiene ninguna obligación de pagar a la familia de tres trabajadores por el solo hecho de que estaban contratados de forma terciarizada, ya que a otros empleados en las mismas condiciones sí los compensaron, y además la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado la obliga a hacerlo.
Gregorio Vite, quien murió a los 58 años, trabajó durante más de dos décadas en el mantenimiento de los pilotes de control de la torre B de Pemex, subcontratado por la empresa Copicosa, explicó Osvaldo.
Tras el fallecimiento de su padre, añadió, la familia ha recibido únicamente una pensión de 400 pesos a la semana por dicha compañía, debido a que Vite estaba registrado con un salario muy bajo, incluso menor a los 5 mil 200 pesos que ganaba mensualmente.
Con respecto a la investigación realizada por la Procuraduría General de la República sobre las causas de la explosión del 31 de enero de 2013, el joven puso de relieve que muchas familias nunca quedaron conformes, porque se han dado cuenta que las indagatorias “son una basura, una mentira. Tal vez sólo quisieron distraer a los medios”.
Aunque los deudos han dado curso a su petición por la vía administrativa y no mediante una demanda civil para obtener la indemnización –que se calcula entre 10 y 12 millones de pesos–, no descartan llevar el asunto ante las cortes internacionales en caso de que se agoten todos los recursos de la justicia local.
Fuente: La Jornada
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