Editorial-La Jornada
En lo que debe interpretarse como una campaña coordinada e intensa en medios de comunicación, diversas agrupaciones empresariales, organizaciones civiles, ex funcionarios públicos e incluso algunos integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han criticado en días recientes, y por diversos medios –entrevistas, artículos de opinión, desplegados en medios impresos– la determinación gubernamental de suspender la aplicación de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) para 2014.
En general, los pronunciamientos coinciden en calificar de “irracional” la cancelación de Enlace. Señalan que con ello se pierde un referente confiable para la evaluación de los educandos, e incluso afirman que, con la decisión, se da gusto a las “presiones” y “chantajes” de la disidencia magisterial.
Debe recordarse que aunque la cancelación de Enlace fue una determinación anunciada a finales del año pasado, en el marco de la reforma educativa y del conflicto magisterial que ésta suscitó y que se mantiene irresuelto, desde mucho tiempo atrás la prueba había sido criticada por académicos, pedagogos, docentes, organizaciones de padres de familia y organismos internacionales por la improcedencia de evaluar mediante exámenes estandarizados y de opción múltiple realidades socioeconómicas diversas, particularmente en un entorno nacional reconocido como pluricultural por la propia Constitución. No es gratuito que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura haya saludado recientemente la suspensión de dicha prueba y dicho que la evaluación no tiene sentido si no se utiliza para mejorar el nivel de la enseñanza.
En efecto, aunque ha sido promovida por los pasados gobiernos y por membretes empresariales como generadora de correctivos para las graves distorsiones que padece el sistema de educación pública y como el instrumento de diagnóstico educativo más importante que existe en nuestro país, durante el tiempo que se mantuvo vigente la Enlace no contribuyó ni poco ni mucho a señalar los factores del rezago educativo, ni mucho menos a corregirlos, si se atiene a los resultados arrojados por la propia prueba. Según datos de la propia SEP, a lo largo del sexenio pasado más de 60 por ciento de los estudiantes de educación básica se situaron en los niveles “elemental” e “insuficiente”, porcentaje que se elevó hasta casi 80 por ciento en lo que respecta a los alumnos de secundaria.
Por si fuera poco, el hecho de que la prueba haya estado atada a la obtención de beneficios materiales por el magisterio distorsionó cualquier posibilidad de un diagnóstico real y útil y generó incentivos perversos para que la labor docente estuviera volcada a la memorización de los contenidos de la prueba por los educandos. Por lo demás, durante los casi ocho años en que fue aplicada fueron recurrentes los señalamientos sobre actos de corrupción a la sombra de esta evaluación, como la venta de exámenes y el uso de la misma como instrumento para premiar o castigar a profesores afines u opositores a la dirigencia del SNTE, respectivamente.
En este escenario, si hay algo reprochable en la decisión de suspender Enlace es que no haya ocurrido antes y que la suspensión anunciada para este año no incluya un cambio de enfoque en los mecanismos de evaluación educativa y magisterial. En realidad, el empecinamiento en aplicar una evaluación a todas luces fallida y desacreditada parece producto más de un capricho tecnocrático y empresarial desvinculado de la realidad, que no va a adquirir sustancia por más descalificaciones y argumentos falaces que lo sustenten.
La catástrofe legada en el ámbito educativo por los gobiernos del ciclo neoliberal debe ser remontada con medidas mucho más profundas que la aplicación de evaluaciones de utilidad cuestionable y dudosa, y que han de pasar, necesariamente, por la reformulación de la política económica, la redignificación de la enseñanza pública y su articulación efectiva con el desarrollo nacional, el combate frontal a la corrupción y la democratización sindical.
Fuente: La Jornada
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