En América Latina 34 millones de personas no tienen acceso al agua potable. El reto de los gobiernos es distribuir el líquido, pues la región cuenta con grandes manantiales, ríos caudalosos, selvas y bosques. A través del CAF se construye la infraestructura para llevar el agua donde se necesita. Pero no todos los países caminan en ese sentido.
Dar por terminada la transmisión de televisión analógica y entrar de lleno a la digital es una política que se está aplicando en todo el mundo y tiene ventajas; entre otras, libera espectro utilizable para diversos servicios de banda ancha y abre la arena para la competencia. Pero este panorama le eriza los cabellos a Televisa, consorcio que ha puesto en marcha una campaña para retrasar el “apagón analógico”. Quien tiene la última palabra, el gobierno, parece no saber qué camino tomar, luego de que su fecha límite para ejecutar el apagón está siendo torpedeada desde varios frentes.
El paso del huracán Patricia por México nos obliga a revisar el uso del multimillonario presupuesto que tiene el gobierno federal para enfrentar los desastres naturales. Lamentablemente para las víctimas, los recursos no siempre son manejados con transparencia, oportunidad y honestidad. Para atender este tipo de contingencias, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con dos fideicomisos: el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas.
Alrededor de un centenar de militares presos en penales castrenses fueron remitidos a otros de carácter civil para enfrentar acusaciones de delincuencia organizada, luego de que el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, ordenó separar “las manzanas podridas”. Y aunque la mayoría de ellos no han sido sentenciados, ahora comparten espacio con miembros de los cárteles a los que enfrentaron, lo cual contraviene lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2014. Los afectados tienen algo más en común: casi todos pertenecen a los grados más bajos del Ejército.