Hace seis años, el gobierno federal prometió que la Refinería Bicentenario sería el mayor proyecto de infraestructura de la última década, y le invirtió 9 mil 612 millones de pesos. Pero hace tres meses la canceló. Facturas de la millonaria inversión, obtenidas para esta investigación periodística, evidencian la necesidad de una auditoría: en el terreno –ubicado en Tula, Hidalgo– no se colocó más que una barda, hubo millonarias adjudicaciones directas, modificaciones en los montos pactados y contratación de empresas con historiales de corrupción.
15 marzo 2015 | Ana Lilia Pérez | Proceso