A cuatro meses de la
desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas, el clamor de las
madres y los padres continúa respaldado por amplios sectores sociales
del país y fuera del mismo. Mientras, la parte estatal despliega una
estrategia ofensiva, en especial para impedir a toda costa que se
coloque la mirada en la necesidad de investigar la responsabilidad del
Ejército. El detonante fue el intento de los familiares de los
estudiantes desaparecidos junto a organizaciones sociales de ingresar al
cuartel militar en Iguala, Guerrero,