Jenaro Villamil - Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- En 2015, tras la aprobación de la batería
de leyes sobre la reforma energética, en el Congreso se atoró la llamada
Ley Korenfeld que pretendía una modernización de la Ley de Aguas. En
2016 y en 2018, el último intento se dio en la Cámara de Diputados, a
través de la llamada Ley Pichardo, impulsada por el hijo del
exgobernador del Estado de México.
La cultura del negocio privado de los bienes públicos, tan aprendida
con Carlos Hank González por la cleptocracia mexiquense, no pudo
consumarse mediante una ley.
De manera subrepticia, en plena campaña presidencial, el presidente
Enrique Peña Nieto decidió que, si no se podía por la vía de una nueva
ley, el gran negocio del agua tenía que hacerse mediante decreto
presidencial. Y así fue que el pasado miércoles 6, en el Diario Oficial
de la Federación, Peña Nieto firmó un decreto que autoriza el
“reordenamiento” de 295 de un total de 757 cuencas hídricas del país,
que representan el 55% de las aguas superficiales.